El Comité de Ética del cabildo analizará jurídicamente el posible conflicto de intereses que afrontaría el concejal Camilo Delgado para elegir y votar en el proceso de elección del contralor debido a los posibles hallazgos de carácter administrativo, disciplinario y penal que estableció la Contraloría en esta corporación en 2016, cuando estuvo presidida por Delgado, quien hoy funge como segundo Vicepresidente de la Mesa Directiva.

Por solicitud del cabildante liberal, se espera que el Comité de Ética se reúna y pronuncie máximo el próximo 20 de junio respecto a si hay o no méritos para declararse impedido en el proceso de selección, que es liderado por el presidente del Concejo, William Rosas.

Delgado Herrera, quien en la etapa de recepción de las hojas de vida también debe valorar la documentación de los aspirantes, ya había mencionado que guardaba dudas sobre el asunto y, por eso, solicitó a la Contraloría una certificación en la que pide aclarar la situación.

Para el concejal Humberto Quintero, la Mesa Directiva del Concejo aún está a tiempo de contratar alguna universidad de la región para que asuman la verificación de documentos de los concursantes y aplique las pruebas académicas y laborales contempladas en el proceso.

“Lo más conveniente es que una universidad adelante el resto del proceso, que incluso se podría ampliar para que aspirantes nuevos se presenten y los que ya lo hicieron y no fueron admitidos por no presentar algún documento, vuelvan a participar”, comentó Quintero.

Según dijo, de esta manera existen mayores garantías de imparcialidad y a los concejales les correspondería atender la presentación del plan de trabajo y entrevista de los aspirantes, cuyos resultados son equivalentes al 10 por ciento de la convocatoria.

Los posibles hallazgos

Como resultado de una auditoría especializada al Concejo en 2016, cuando el Presidente era Camilo Delgado, la Contraloría estableció 10 hallazgos de carácter administrativos, disciplinarios y uno de tipo penal.

El hallazgo que más implicaciones tiene dentro del proceso de auditoría es el penal, que se debe a la falsificación de un diploma, aparentemente emitido por el Sena a María José Patiño, quien se desempeñó como asistente de archivo.

El contralor (e) Julio César Vázquez confirmó que el proceso por estos posibles hallazgos avanzan en la oficina de Responsabilidad Fiscal.