A los procesos disciplinarios conocidos en abril, la Procuraduría General de la Nación sumó 15 nuevas investigaciones por presuntas irregularidades en los contratos y las actuaciones adelantadas por la Gobernación, varias alcaldías del departamento y concejales durante la pandemia del Covid-19.

De esta manera, con un total de 23 investigaciones abiertas a los gobiernos regional y municipales, Tolima se convierte en el segundo departamento del país con más procesos adelantados por hechos relacionados con la contratación durante la emergencia sanitaria, siendo únicamente superado por Cundinamarca.

De las nuevas investigaciones, dos tienen que ver con procesos ejecutados por la Gobernación: uno por presuntos sobrecostos e irregularidades en el contrato suscrito por $244 millones con Certipostal S.A.S. para el transporte y entrega de kits nutricionales, y el otro por la supuesta omisión al no tomar medidas contra el Covid-19 y no suspender la atención de ventanilla al público.

Por otro lado, la Alcaldía de Ibagué aparece con tres investigaciones. En primer lugar, la Procuraduría abrió una nueva indagación preliminar por el contrato que celebró por $88.6 millones con Tecnology & Solutiones S.A.S. con el objeto de habilitar un call center para atender emergencia por coronavirus.

El Ministerio Público también busca establecer si el gobierno de Andrés Fabián Hurtado presionó a funcionarios y contratistas a través de WhatsApp para que aportaran dinero a la campaña de donación denominada ‘Ibagué por la vida’, iniciativa con la que se buscaba recaudar ayudas para las familias afectadas en la crisis.

Finalmente, está siendo investigado el hecho de que el secretario de Movilidad, César Fabián Yáñez, hubiera participado en una actividad de la Alcaldía pocos días después de haber llegado de Alemania, donde estuvo participando en la Semana del Transporte y Cambio Climático en Berlín. Al parecer, no se activó a tiempo la ruta de aislamiento del funcionario.

Entre tanto, por presunta celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales, la Procuraduría tiene en la mira un contrato que por $119.7 millones suscribió la Alcaldía de Chaparral con el ciudadano Fabio Ernesto Zambrano.

Adicional a esto, por evidencia de presunta violación de la ley de contratación estatal, es objeto de investigación un contrato de $69.3 millones firmado por la Alcaldía de Dolores con el almacén Leche y Miel para la compra de mercados. Asimismo, la Procuraduría indaga presuntas anomalías en los procesos adelantados por las alcaldías de Guamo y Honda para la compra de mercados y entrega de ayudas humanitarias, respectivamente.

En la lista también figuran la Alcaldía de Fresno, investigada por presuntamente no prorrogar contratos durante la emergencia; la administración de Líbano, por no suministrar a tiempo comparenderas a la Policía; el gobierno de Mariquita, por irregularidades en contingencias por la emergencia, y el Municipio de Palocabildo por posibles inconsistencias en un contrato de $72 millones suscrito con la Fundación PM2

De otro lado, por la presunta violación del aislamiento preventivo obligatorio, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra un concejal de Natagaima y otro de Purificación.

En suma, son 15 investigaciones que se adicionan a una de la Gobernación por los contratos de compra de kits nutricionales, dos de la Alcaldía de Ibagué por la adquisición y entrega de mercados; una más contra el alcalde Andrés Hurtado, la Directora de Cortolima y un concejal, por la violación de la cuarentena; otra contra el cabildante César Franco porque habría servido de intermediario para direccionar las ayudas a personas conocidas, así como otros procesos contra las alcaldías de Cunday (1) y San Antonio (2).

Dato

El procurador general Nación, Fernando Carrillo, aseguró el próximo martes anunciará nuevas decisiones disciplinarias por los hechos de corrupción que han rodeado las contrataciones de la emergencia. En el país, son 237 casos por irregularidades.