En el documento se argumenta que estas decisiones se toman con la finalidad de “mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios. Igualmente, las acciones específicas acordadas entre las partes tienen el propósito de generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades, con énfasis en los más vulnerables, entre ellos, los liderazgos sociales y ambientales, pueblos étnicos, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y los menores de edad; así como evitar incidentes que pongan en riesgo el cumplimiento del cese al fuego, incluyendo el desarrollo de misiones médicas, de salud pública y humanitarias y la atención de enfermos y heridos de la población civil y de los integrantes de las Fuerzas Militares y Policía y del ELN”.

Según se expresa en el documento, esta suspensión de operaciones inicia desde las 12:00 am de este 6 de julio y se realiza previo al cese al fuego bilateral y temporal entre el gobierno y esta organización armada que iniciará el 3 de agosto hasta el 29 de enero de 2024, con posibilidades de prórroga.

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Según se argumenta en el decreto, esta decisión “está condicionada al cumplimiento de acuerdos y protocolos aprobados para tal efecto por la Mesa de Diálogos de Paz y podrá ser prorrogado previa valoración de la Mesa de Diálogos de Paz de los informes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y conforme con lo acordado por las partes”.

Este documento firmado por el gobierno Petro se hace oficial este lunes luego que se conociera el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad, en momentos en que se movilizaban en un vehículo hacia el municipio de Arauca, Arauca.

A este se suma el asesinato de tres policías en Norte de Santander. Dos hechos perpetrados por esta misma organización criminal.

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