La Defensoría del Pueblo emitió una nueva Alerta Temprana (AT) para el Tolima, en esta ocasión el llamado de prevención se centra en Armero – Guayabal, Ambalema, Honda, Mariquita y Lérida. Lugares que geográficamente hacen parte del corredor que conecta el centro del país con el oriente de Caldas y Antioquia, al igual que, con el Magdalena Medio.

Al parecer, esta conexión que sería estratégica para acciones delictivas relacionadas con el narcotráfico, es una pieza clave de control territorial. Sobre esta situación, habló recientemente el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien aseguró que las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) “están contratando a grupos de delincuencia organizada para controlar las actividades ilícitas del norte del Tolima y así recobrar el corredor estratégico”.

Agregó, que a través de la Alerta Temprana Estructural 02 de 2023 se identifica actividades ilegales “que hacen estos grupos delincuenciales tercerizados como la venta de estupefacientes y los préstamos ‘gota a gota’ que terminan siendo un tipo de control social”, precisó.

En el documento de la Alerta, se precisa que en Ambalema el riesgo está en 13 barrios y ocho veredas; en Armero – Guayabal se cuentan 23 barrios, los corregimientos San Felipe, San Pedro y Méndez, y también 17 veredas.

Para el caso de Honda se tienen 55 barrios y las veredas Bremen-Santa Helena, Guasimal, Mesuno, El Triunfo, Perico, KM 42, Llano Villegas y Caimital; mientras que en Mariquita se cuentan 41 barrios y las veredas Alto Rico, Cariaño y Carrizales.

En Lérida se llama la atención sobre 40 barrios y 12 veredas, algunas de ellas son El Censo, San José, Las Rosas y Coloya.

Además, se indica que entre los grupos vulnerables están los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, (NNAJ), igualmente, personas que tienen un rol de comerciantes, funcionarios públicos, miembros de Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y estudiantes.

Y se precisa que “la Alerta Temprana está focalizada en cinco municipios que hacen parte de la subregión norte, donde se ha logrado identificar un elevado riesgo de violaciones a los derechos humanos y DIH (Derecho Internacional Humanitario) para la población civil a saber: Ambalema, Armero – Guayabal, Honda, Mariquita y Lérida”.

Dicho riesgo proviene del accionar de diferentes grupos de delincuencia común organizada que trabajan mediante la tercerización para estructuras “posdesmovilizadas del paramilitarismo, que se encuentran en la pugna por el control del narcotráfico en esta zona, ya que permite la conexión con el Magdalena Medio donde también ejercen control e injerencia”.

A dicho concepto, el Defensor del Pueblo agregó que los escenarios de riesgo están ligados a los antecedentes de violencia y conflicto armado “así como también a las dinámicas de criminalidad urbana dada a la posición geográfica de la región. Por esta razón reiteramos el llamado a las autoridades para que atiendan las recomendaciones que hacemos en nuestras alertas tempranas y para que recuerden que tienen un propósito fundamentalmente preventivo”.

De esta forma, se busca generar un llamado para que una vez identificados los riesgos, las autoridades correspondientes adopten medidas de prevención, protección y atención. 

 

‘Gota a gota’ se puede ir la vida 

En medio de este complejo panorama, salió a flote una práctica que en los últimos años ha tomado fuerza en los diferentes municipios de la región y es la de los ‘gota a gota’, que consiste en el préstamo de dinero con intereses exorbitantes y que deben ser pagados diariamente. 

A esta modalidad recurren con frecuencia personas que no pueden acceder al sector bancario, no tienen una vida crediticia o que no cuentan con estabilidad laboral, y lo hacen porque no pueden cubrir las necesidades y gastos propios del hogar o porque tienen el anhelo de emprender alguna actividad que les permita un sostenimiento económico diario.

En lo detectado por la Defensoría se encontró que cuando las personas incumplen con dicho pago, se exponen a represalias que pueden incluir desplazamientos, homicidios o desaparición forzada.

Este hecho es visto como una forma de control social, porque el incumplimiento a lo pactado por parte del ciudadano, le genera una zozobra y angustia tal que termina aceptando los requerimientos de los grupos ilegales “e incluso trasladar el riesgo a las personas más jóvenes del núcleo familiar dado que son susceptibles del uso, utilización, reclutamiento y constreñimiento en caso de ser mayores de edad”.

Lo que se ha podido indagar a través de monitoreos es que la mayoría de los ‘prestamistas’ que recorren los municipios del norte del departamento,  provendrían de La Dorada (Caldas), lo que llevaría a pensar que la delincuencia común que se evidencia está en gran medida influenciada por el oriente de Caldas.

 

Lo que cuenta la historia 

En la época del conflicto, al final de la década de los 90’s se registró la incursión de las AUC en el Tolima. La historia narra que a raíz del posicionamiento de las entonces Farc, algunos grupos que no tenían el apoyo de las Convivir buscaron a Carlos Castaño, quien por esa época comandaba las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, dicho acercamiento dio origen en 1999 al Bloque Tolima, liderado por alias ‘Víctor’.

Dos años después, este Bloque se extendió por 25 municipios de la región por orden de Carlos Castaño y uno de los objetivos era “controlar los principales corredores viales que permitían la obtención de recursos”, se describe en el informe.

Dicho ‘posicionamiento’ empezó por las poblaciones del sur y occidente del departamento, luego llegaron al centro, es decir, a Ibagué, Rovira, Valle de San Juan, San Luis, entre otros.

Finalmente, se tomaron el norte llegando a Líbano, Lérida, Villahermosa, Herveo, Palocabildo, Falan, Casabianca, Fresno, Mariquita y Honda.

Según datos documentales las dinámicas de estos grupos se enfocaron en el reclutamiento y entrenamiento, mientras que las fuentes de financiación incluían extorsiones, control de rutas y la producción de amapola.

Asimismo, el Centro Nacional de Memoria Histórica describe que en 1999 un grupo de las

Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio “incursionó desde La Dorada, Caldas, hacía los municipios del norte del Tolima tales como Armero – Guayabal, Mariquita, Honda,

Palocabildo, Fresno, Casabianca, Falan, Herveo, Lérida, Villahermosa y Líbano”, de ello nació el Frente Omar Isaza (FOI).

Después de años de cruel violencia de las AUC y la entonces Farc, en octubre de 2005 en Ambalema, se registró un proceso de desmovilización de los integrantes del Bloque Tolima, el cual fue cuestionado porque no coincidió el número de personas (207) con el de armas de fuego (36) entregados.

Luego, con el paso del tiempo surgieron “pequeños grupos de posdesmovilizados que se autodenominaron como: Bloque Pijao, Autodefensas Nueva Generación Futuro Verde, Los Conquistadores del Tolima, Águilas Negras y Autodefensas Gaitanistas. (…) tenían como objetivo reactivar la operación ilegal en algunos territorios, lo que trajo una nueva ola de violencia y vulneraciones a los derechos humanos de la población civil”.

Lo que ocurrió a lo largo de 20 años generó un ‘vínculo’ entre el norte del Tolima y el oriente de Caldas, que a su vez tiene conexión con el oriente antioqueño, situación que hoy seguiría vigente “y consolida una arteria importante para los grupos posdesmovilizados AUC, narcotraficantes, grupos de crimen organizado transnacional y grupos de menor escala tercerizados”.

 

Delincuencia ‘tercerizada’

De otra parte, la información recolectada permitiría concluir que algunas de las organizaciones que estarían coaptando a las bandas delincuenciales son las AMM y AGC, que no tienen presencia directa en el territorio, pero manejan las operaciones desde Antioquia. Entre los casos referenciados se menciona a alias ‘Guadaña’ a quien se le atribuyen varios de los homicidios ocurridos en el norte del Tolima.

Además, la Alerta menciona que una de las formas de operar que tienen las bandas delincuenciales es la venta de estupefacientes a domicilio, para ello utilizan adolescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad. Igualmente, se ha podido determinar que el centro de operaciones es Mariquita y desde allí se hace el despliegue hacia Honda, Lérida, Ambalema y Armero – Guayabal.

Y entre los nombres de bandas identificadas están ‘Los Contra’ que ya han emitido panfletos y establecido ‘normas’ para controlar el territorio y en el caso de Ambalema se tiene a ‘Los Penagos’, ‘Los Pitufos’ y ‘Los Argüelles’, que serían independiente a ‘Guadaña’.

Para la Defensoría, lo que está sucediendo en los municipios podría ser un proceso de fortalecimiento que conduciría al “rearme y re-movilización” de estructuras posdesmovilizadas de paramilitarismo y que se ha venido evidenciando en otras partes del país.

Otro de los hechos recordados fue el video que circuló a través de redes sociales el 14 de noviembre de 2022, en este un grupo de personas que se identificaron como la Oficina del Norte del Tolima que estaría bajo el mando de alias ‘Cofla’ emitió un mensaje dirigido a Honda, Mariquita, Puerto Bogotá y La Dorada, en el que anunciaron un “Plan metra” para quienes trabajaran para ‘Guadaña’, ‘Cabeza de hacha’, ‘Ovidio’, ‘Chuqui’, ‘Lucumí’, ‘Chucuro’, entre otros.

Tras conocerse el video, el alcalde de La Dorada salió al paso explicando que las personas señaladas tenían antecedentes delictivos y que no estaban en la zona como ‘Cofla’ quien permanece en la cárcel de Cómbita, Boyacá, ni tampoco ‘Guadaña’ e intentó generar tranquilidad.

Pero hora más tarde se emitió un nuevo comunicado por parte del Bloque Magdalena Medio, en el que indicaron que ‘Guadaña’ estaba en Antioquia y salía a los municipios mencionados, es decir, Mariquita, Honda, Puerto Bogotá y La Dorada para recoger el dinero producto de las extorsiones.

 

Menores de edad los más vulnerables

En medio de toda esta situación, están quedando los NNAJ quienes son utilizados por las bandas para actividades ilegales. Debido a la falta de denuncias no se tiene estadísticas que logren demostrar la real dimensión del hecho. La Defensoría del Pueblo señala que en algunas ocasiones  el  uso de los menores mensajeros, campaneros y actividades similares, en el marco de la distribución de estupefacientes, es visto por las familias como normal.

Dichas actividades, al parecer se han filtrado al interior y a los alrededores de las instituciones educativas, lo que ha desencadenado un aumento del consumo de sustancias psicoactivas entre adolescentes y jóvenes, al igual que, homicidios en este grupo de población como una forma de ‘ajuste de cuentas’.

Lo que se conoce es que el primer paso es involucrar a los menores en el consumo, luego los incluyen en la cadena de distribución aprovechando la pobreza, falta de oportunidades laborales para los padres o cuidadores y bajos niveles de escolarización.

Al hacer un análisis más profundo del contexto social de estas poblaciones se encuentra como puntos en común la pobreza, necesidades básicas insatisfechas, bajo nivel educativo, a lo que se suma deserción escolar tanto en el nivel de primaria como de bachillerato, falta de cobertura en salud, especialmente, en la zona rural.

 

Antecedentes de un pasado que no se quiere repetir 

En la AT se explica que en el norte hay influencia de grupos paramilitares y posdesmovilizados, que a través de tercerización de bandas delincuenciales muestran conductas vulneratorias como homicidios a través de sicariatos, lesiones personales y amenazas, todo ello con el fin de controlar la conexión terrestre y fluvial en los municipios que se caracterizan por ser ribereños al río Magdalena.

Para este caso, los grupos ilegales que generan riesgo a las comunidades son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la delincuencia organizada.

Asimismo, existen posibles infracciones al DIH como atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil a través de desaparición forzada, homicidio selectivo, masacre y violencia sexual.

También, se identifica la utilización de métodos para generar “terror” en la población civil como los panfletos, amenazas indiscriminadas, selectivas y restricciones a la movilidad, desplazamiento forzado tanto de forma colectiva como individual y el reclutamiento, uso y utilización de NNAJ.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo recordó que en 2003 se emitió el Informe de Riesgo Nº 15 para Falan, Palocabildo, Líbano, Armero – Guayabal y Lérida, por la incursión de las AUC del Magdalena Medio, “las cuales cometieron homicidios selectivos, desplazamientos, extorsiones, secuestros y amenazas”.

Luego en 2015 se generó la alerta Nº 014 para Ambalema debido a la circulación de un panfleto mediante el cual se amenazó a 21 personas, en ese entonces se tenía como antecedente otro panfleto de 2012 en el que también relacionaba un listado de personas de las cuales habían sido asesinadas cinco, siete fueron víctimas de atentado a través de sicariato y otras siete fueron desplazadas.

Y en 2016 se emitió el Informe de Riesgo Nº 016 en el que se referenciaba a Lérida, en dicho municipio había ocurrido cuatro homicidios en la modalidad de sicariato “los cuales coincidieron con la emisión de un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Tolima (AGT)” quienes lanzaron amenazas en contra de personas señaladas de cometer hurtos, abigeato y comercialización de sustancias ilegales, acciones que eran similares a las cometidas en su momento por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) y el Bloque Tolima.

 

‘Decapitaciones’

En 2022 se registraron en el norte del Tolima dos casos de decapitaciones. El primero fue el 30 de marzo en el corregimiento de San Felipe en Armero – Guayabal. La víctima fue identificada como Álvaro González Ortegón que tenía el alias de ‘Uribe’ y había sido condenado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, se le atribuyó ser el líder de la banda denominada ‘Los botánicos’ que era conocida por diferentes hechos victimizantes en 2018 en Mariquita por una disputa territorial. El segundo hecho tuvo como víctima a un menor de 16 años, se registró el 16 de abril en Lérida. Este asesinato se relacionó con actividades relacionadas con el microtráfico.

Luego, en septiembre,  las autoridades encontraron una fosa en la vereda Malabar de Mariquita en la que habían dos cuerpos de un hombre de 25 años y un menor de 17 al parecer originarios de Venezuela. Según información oficial, los jóvenes fueron víctimas de un mal llamado ‘ajuste de cuentas’.

 

Recomendaciones de la Defensoría

En la Alerta Temprana se dejó una serie de recomendaciones para los gobiernos departamental y nacional, con el fin de que implementen medidas de forma rápida y oportuna.  

Al Ministerio del Interior se le indica convocar a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida para Alertas Tempranas, Ciprat, para coordinar acciones encaminadas a prevenir riesgos de violación de derechos humanos, también, se sugiere adelantar un Plan de Acción con estrategias “coordinadas, focalizadas y excepcionales para atender la situación de riesgo en los territorios advertidos”.

Igualmente, a la Procuraduría General de la Nación, a la Provincial y a las personerías de los cinco municipios, se les hace un llamado para que trabajen de manera articulada e individual con el fin de que hagan seguimiento y verifiquen cada uno de los compromisos adquiridos por las instituciones.

Mientras que a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad Especial de Investigación y a la Sijín, se les recomienda crear un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo para priorizar la investigación de hechos victimizantes especialmente los relacionados con trata de personas, reclutamiento ilicito y uso de NNA.

A la Unidad Nacional de Protección agilizar el proceso de valoración del riesgo de personas y colectivos, “especialmente aquellos que enfrentan un riesgo bajo la lógica de enfoque diferencial (...)”. Incluso al Congreso de la República le sugiere crear una Comisión Accidental para hacer seguimiento al reclutamiento, uso y utilización de menores de edad en hechos delictivos que terminan beneficiando a los grupos ilegales.

Y a la Gobernación del Tolima se le recomienda crear un plan de educación financiera para lograr que se disminuya el uso de los préstamos ‘gota a gota’, así como acciones para desestimar a la ciudadanía adquirir este tipo de ‘créditos’, asimismo, a los ministerios de Hacienda y Comercio crear ofertas financieras que permitan acceso a créditos que permitan crear mecanismos de sostenimiento económico.

 

Armero - Guayabal en la ‘lupa’

De otro lado, José Yesid Fernández, concejal de Armero – Guayabal, indicó que el informe emitido por la Defensoría era una solicitud que se venía haciendo desde hace tiempo teniendo en cuenta los múltiples casos de violencia que se registraron tanto en el casco urbano como en veredas y corregimientos.

“Últimamente se han incrementado los casos de robo a diferentes locales comerciales, el tema relacionado con sicariatos, encontrar en diferentes zonas del municipio cuerpos, la cabeza de una persona, son cosas macabras y que preocupan, efectivamente obedecen a algo particular pero que preocupa”. 

Agregó, que el pie de fuerza en su población es bajo y es superado por las diferentes problemáticas de seguridad.

La intranquilidad no solo es en el casco urbano, pues habitantes del centro poblado San Felipe solicitaron ayuda para reunirse con el comandante de la Policía del Departamento, con el propósito de hablar lo que está ocurriendo en territorio y que no es solo cuestión de percepción.

Tras conocerse la AT en Armero – Guayabal esperan que finalmente se ponga ‘la lupa’ en las problemáticas y se materialicen las acciones de prevención propuestas que no se quede en un ‘saludo a la bandera’, es decir que se diga “acá están pasando cosas y ya, sino que se pongan la ‘10’ estén aquí, hagan presencia no un mes o dos, sino que se pueda realizar un seguimiento que ayude a combatir esos flagelos que hoy por hoy están afectando a los NNA en el municipio”.

 

Voces desde Fresno 

Desde el norte del Tolima la Veeduría Ciudadana para Fresno y la Red de Defensores de Derechos Humanos del Tolima opinaron que la Alerta Temprana es un avance, ya que desde hace tiempo se viene llamando la atención de las diferentes autoridades sobre lo que sucede en el corredor que conecta con el oriente de Caldas, oriente de Antioquia, Puerto Boyacá y parte del Magdalena Medio donde seguiría operando el frente Ramón Isaza y alias ‘Terror’ que sería uno de los hijos. 

Recordó que fue tal la preocupación de varios fresnenses que en diciembre de 2022 elevaron el tema de seguridad ante la Comisión Regional de Moralización del Tolima.

Actualmente, varios de los hechos se le atribuyen al microtráfico y a la disputa que hay entre bandas del territorio y el establecimiento de fronteras invisibles.

Indicó que aunque Fresno no fue incluido en la Alerta, no es ajeno a constantes hechos de inseguridad como robos en fincas, atraco a mano armada, hurto a celulares, entre otras.

Asimismo, llamó la atención en que siguen faltando garantías para la protección de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, igualmente, mencionó que los estudios que hace la Unidad Nacional de Protección para brindar seguridad en ocasiones genera desconcierto, pues una vez el resultado fue que tenía más riesgo un concejal de Bogotá que un líder o defensor de un territorio.

“Lo que hemos visto de respuesta de la autoridad aparte de los consejos de seguridad y remitir a la Unidad Nacional de Protección, es que no hay realmente soluciones efectivas y compromisos reales”.

Por ello, tras conocerse el informe de prevención por parte de la Defensoría, los veedores aspiran a que el Ministerio de Defensa y el Gobierno nacional fijen sus ojos en el norte del Tolima.

En cuanto a la práctica conocida como ‘gota a gota’ indicó que también se evidencia en Fresno por lo que dijo que “es la oportunidad de hacer un llamado a la Superintendencia Financiera y el Gobierno nacional, están captando ilegalmente dinero del público (…) No hay una oferta de la institucionalidad pública para ayudar a estas familias, por ejemplo, familias que viven de un puesto de dulces y necesitan recursos para surtir”.

 

Reclutamiento y uso de menores

A nivel departamental, se han emitido diferentes alertas desde el Centro de Estudios Regionales, Cere, de la Universidad del Tolima sobre situaciones y riesgos que se registran especialmente en la zona sur, sin embargo, también tiene el radar los diferentes fenómenos del norte. 

Andrés Tafur, director de Cere, indicó que es preocupante lo que está ocurriendo en estos municipios y coincidió en que existen fuertes antecedente del paramilitarismo con el Frente Omar Isaza y que ahora reaparece por medio de ‘herederos’ y estructuras organizadas que se sostienen en la distribución de sustancias ilícitas y las rentas que generan.

Asimismo, señaló que no es normal el aumento de homicidios a través de la modalidad de sicariato que sería una práctica común en los llamados ‘ajustes de cuenta’ que se relacionan con las denominadas ‘oficinas de cobro’ que se manejan en el mundo delictivo para tercerizar diferentes delitos.

Desde el Cere se expuso que municipios del norte y centro del departamento están muy permeados con esta dinámica que va ligada al narcotráfico.

Justamente, el viernes se reportaron dos sicariatos uno en la vía Fresno – Manizales y otro en Mariquita, en ambos casos las víctimas eran hombres.

De otro lado, al igual que la Defensoría del Pueblo, el Centro de Estudios Regionales viene llamando la atención por el riesgo en que están los NNA tanto en el norte como el sur del Tolima.

Para el caso Planadas, Chaparral o Rioblanco, grupos surgidos de las disidencias de las Farc como las estructuras Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia son la principal amenaza para los menores.

Recientemente, se adelantó un conversatorio con NNAJ de estas poblaciones, sus relatos confirmaron una vez más lo que está ocurriendo en esas zonas alejadas en las que pareciera que la institucionalidad los tiene en el olvido.

Entre las conclusiones de quienes asistieron, está que la escuela actualmente no es vista como una oportunidad, sino por el contrario como un lugar al que no se puede asistir por la falta de servicios como el transporte escolar. Dichas disidencias están “muy cerca a los niños y niñas, les están diciendo permanentemente: ‘para qué estudian, véngase para acá, acá hay plata, quédense en esta estructura’”.

Pero la percepción sobre el estudio, al parecer se replica en los adolescentes que viven en el campo, “si un joven tiene que levantarse todos los días lo del desayuno, en lo último que está pensando es en qué va hacer en cinco años cuando sea profesional.

“Son muchas más atractivas las propuestas de los grupos de crimen organizado, que las que le está haciendo el Estado hoy a estos jóvenes, esa es la situación de extrema gravedad”.

Los informes que abordan el tema, tanto del Cere, como las AT de la Defensoría coinciden en que los menores más expuestos, son aquellos que están rodeados por la pobreza y falta de oportunidades, “ese es el caldo de cultivo para que esas estructuras hagan esas ‘propuestas económicas’”.

Para Tafur hacen falta políticas públicas acordes a las realidades de cada municipio y que se tenga en cuenta las recomendaciones de entidades como la Defensoría del Pueblo, que además de prevenir el riesgo muestra el camino que se puede seguir para combatir problemáticas tan complejas como la pobreza y la falta de cobertura en temas de educación o salud.

“Tenemos en los planes de desarrollo, ausencia de esos problemas, porque todo el tiempo lo están negando y las soluciones son capacitaciones o llevar oferta institucional por un día, pero eso no evita el reclutamiento, no previene el uso y la utilización de los menores”, precisó.

 

Análisis de las autoridades  

El viernes en Mariquita se adelantó un consejo de seguridad departamental y regional en el que se evaluaron los diferentes factores de riesgo en la zona norte y se abordó la AT 002 de la Defensoría. Javier Triana, secretario del Interior del Tolima, indicó que “aquí lo que tenemos que hacer, es unir esfuerzos todas las instituciones para prevenir que se materialicen esos riesgos básicamente con acciones contra la vida, es decir que se presente homicidios, estafas o la utilización y uso de NNA, sobre todo para temas de microtráfico”.

Agregó, que los riesgos surgen entorno a la posición geográfica y el corredor que estuvo altamente influenciado por las antiguas Autodefensas ubicadas en el Magdalena centro y “por una especie de lucha de territorios pueden llegar al norte del departamento, que es lo que hemos identificado”, mencionó el funcionario.

Y reiteró que las estructuras de autodefensas no se encuentran ubicados en el norte del Tolima, lo que se percibe es influencia por medio del tráfico de estupefacientes y surge preocupación por la posibilidad que se aumente el consumo entre menores de edad y jóvenes.

Mencionó que tras hacer una articulación con todos los organismos de seguridad se logró que por cerca de 17 días no hubiera homicidios.

Añadió que el propósito de las autoridades es seguir fortaleciendo la lucha contra el microtráfico y los delitos que vienen conexo a ellos como son los homicidios, hurtos y la extorsión. “Se le hizo recomendaciones a las alcaldes básicamente en cuanto a labores de prevención y oferta institucional”.

Otras de las medidas es la instalación de cámaras de seguridad, adelantar temas de prevención y seguir promoviendo la estrategia de matrícula cero para acceder a instituciones de educación superior como la Universidad del Tolima, el Itfip, el Conservatorio del Tolima y Coereducación.

“Estos temas sociales los estamos fortaleciendo precisamente para darle un proyecto de vida a los jóvenes con oportunidades, todo dentro del marco legal”, precisó Triana.

De otro lado, el coronel Néstor Raúl Cepeda, comandante de la Policía del Tolima, indicó recientemente sobre la AT que la institución siempre ha tenido un plan de acción frente al ataque frontal contra las estructuras y controlar todas las dinámicas que se presentan en el departamento.

Señaló que en el caso de los cinco municipios sobre los que se emite el informe, “hay que mencionar que son grupos delincuenciales, la alerta no habla explícitamente del Clan del Golfo son grupos delincuenciales que fueron actores criminales en ocasiones pasadas y que pretenden coger fuerza sobre estas cadenas criminales de estupefacientes”.

Agregó, que el tema no es desconocido porque se viene atacando, muestra de ello serían las 600 capturas entre 2022 y 2023 y “más de 26 actores delincuenciales organizados que los atacamos el año pasado y los seguimos atacando este año”.

 

AT 016 - 19

Emitida el 05/abril/2019

Ataco 

Chaparral 

Rioblanco

Planadas 

Riesgo identificado en zona rural

Población vulnerable: Indígena, población civil 

Grupos ilegales de donde proviene el riesgo: 

Disidencias Farc

Actor armado no identificado

Interés: Cordillera central, corredor de movilidad, tránsito y transporte de personas. 

 

AT 043 - 19 

Emitida 29/10/2019

Espinal 

Flandes 

Ricaurte (Cund)

Girardot (Cund)

Riesgo identificado en zona rural y urbana 

Población vulnerable: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Grupos ilegales de donde proviene el riesgo: 

Grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC: AGC; La Oficina del Valle de Aburrá; Águilas Negras – Bloque Capital. Estructuras Armadas Organizadas.

Interés: El control del corredor estratégico a través de las vías y carreteras que atraviesan estos municipios y la ruta fluvial del río Magdalena que cruza el país de sur a norte. 

 

AT 047 - 19 

Emitida: 22 /11/ 2019

Santa Isabel 

Murillo 

Población vulnerable: Líderes sociales, organizaciones ambientales, campesinos, viajeros, funcionarios del Parque Nacional Natural Los Nevados. 

Grupos ilegales de donde proviene el riesgo: Fracciones de disidentes de las Farc, ELN o posible operación conjunta. 

Interés: retomar el control de corredores que históricamente han conectado el oriente y occidente del país por el Tolima, Caldas y Risaralda. 

 

AT 005 - 22

Emitida: 24/02/2022

Informe de alerta en el que se incluyeron municipios de Cundinamarca y la zona rural de  Icononzo, Tolima.

Población vulnerable: NNAJ, líderes sociales y comunales.

Condición social: Personas socialmente estigmatizadas, personas en proceso de reincorporación, funcionarios públicos, campesinos, excombatientes, gestores de paz, miembros de JAC, comerciantes, entre otros. 

Grupos ilegales de donde proviene el riesgo: Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Disidencias Farc - EP, ELN.

 

AT 016 - 22

Emitida: 30/06/2022

Planadas 

Ataco 

Chaparral 

Rioblanco

Población vulnerable: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, indígenas, campesinas.

Condición social: Líderes sociales, presidentes de JAC, defensores de derechos humanos, personas en proceso de reincorporación.

Grupos ilegales de donde proviene el riesgo: Disidencias de las Farc autodenominadas Comando Coordinador de Occidente, a través del Frente Ismael Ruiz, Columna Dagoberto Ramos y Segunda Marquetalia.

 

AT 002 - 2023 

Emitida: febrero 2023

Ambalema

Armero - Guayabal

Honda

Mariquita 

Lérida 

Población vulnerable: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Condición social: Comerciantes, funcionarios públicos, JAC, líderes sociales y defensores de DDHH y estudiantes. 

Grupos ilegales de donde proviene el riesgo: Grupos posdesmovilizados del paramilitarismo: AGC y grupos de delincuencia organizada 

Interés: El corredor que conecta el centro del país con el oriente de Caldas y Antioquia, al igual que, con el Magdalena Medio.

 

Dato

- La AT 002 emitida por la Defensoría del Pueblo es la primera en los últimos años que hace referencia a los diferentes hechos ocurridos en la zona norte. 

- La Defensoría del Pueblo advirtió que hay un riesgo para los adolescentes y jóvenes de los cinco municipios y que están en un rango de edad entre los 14 y 25 años.

- Se ha identificado que hay llamadas amenazantes y extorsivas que surgen en los centros carcelarios de Honda, La Dorada y Guaduas.

- Los NNAJ son ‘elegidos’ por las bandas delincuenciales porque al ser menores de edad no tienen sanciones penales como si las tiene un mayor de edad. En el caso de los niños la detención en centros de atención especializado puede ir entre uno y cinco años.

 

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