Para esto, el Ministerio de Justicia avanza en la realización de foros en ciudades como Manizales, Ibagué, Barranquilla, Pasto, Buga y Bogotá, a fin de escuchar las propuestas de los servidores judiciales y definir sus dudas frente a la polémica reforma y contra la cual ya cursa una iniciativa de referendo derogatorio, promovida por un sector de la propia Rama Judicial y que no es compartido por el Gobierno.

“No comparto las razones por las que se convoca, pues la reforma no afecta en ninguna medida la autonomía de la Rama o la carrera judicial.

“Sin embargo, es un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución y como tal debe respetarse y protegerse el uso que de él hagan los ciudadanos”, dijo el ministro de Justicia, Yesid Reyes, a Colprensa.

El Gobierno nacional estima necesario presentar el proyecto a tiempo a fin de que en junio de 2016 cumpla el trámite en el Congreso y que luego pase a la Corte Constitucional para su control previo, y empiece así en efecto a funcionar el Consejo de Gobierno Judicial (CGJ) y la Comisión de Disciplina Judicial, que reemplazan a la Sala Administrativa y a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, acabando finalmente con dicha institución.

El debate que se viene no es menor, si se tiene en cuenta que ya los tiempos empezaron a correr y por los temas que se debatirán que son, por ejemplo, la Comisión de Carrera Judicial, si el Gobierno tendrá silla en el Consejo de Gobierno, la forma cómo se disciplinarán a los funcionarios de la Rama que no son jueces (como notarios y secretarios) y temas clave sobre cómo se darán los nombramientos de los gerentes regionales de la Rama.

No obstante, fuentes consultadas en las altas Cortes le dijeron a Colprensa que no han sido invitados a dichos foros y que desconocen cómo se está dando este debate.

Colprensa conoció cómo va el proceso de reestructuración de la Rama, así como los pormenores de los debates internos de dicha Ley Estatutaria, elementos todos que van de la mano con un proceso de elección de las vacantes de 12 magistrados en todas las altas Cortes que, además, se suman a las que dejarán otros seis magistrados que están por salir de sus cargos por vencimiento de periodo o cumplimiento de la edad de retiro.

Según se ha señalado, la transparencia de dicho proceso será vital para el futuro de la Rama Judicial, sumado a la designación y elección de quienes ocuparán las nuevas instituciones creadas, a fin de evitar oscuros episodios de corrupción que derivaron en el desgaste público frente a la Judicatura y las Cortes en general.

El Consejo de Gobierno, que se encargará de definir las políticas de la Rama, de postular listas para magistrados, de reglamentar la carrera judicial, de aprobar proyectos de presupuesto, entre otros, está conformada por nueve personas: tres presidentes de las Altas Cortes, un representante de jueces y magistrados, elegidos por ellos, y un representante de los empleados de la Rama. Estas personas serán las encargadas de elegir a tres técnicos, que deberán tener perfiles distintos.

Los tiempos son así

A finales de agosto se espera que se elijan a los representantes. Luego, en dos meses, se deben elegir a los tres técnicos, entre quienes se esperan economistas, politólogos y administradores y, en otros dos meses más, ese Consejo de Gobierno debe elegir en pleno al nuevo gerente de la Rama. La idea y el reto es que en enero de 2016 esta cúpula debe estar lista.

La otra institución, la Comisión de Disciplina Judicial, estará conformada por siete personas. Cuatro de ellas se elegirán de ternas enviadas por el CGJ y las otras tres, de ternas enviadas por el Presidente. En ese sentido, el Gobierno nacional insiste en que se le da más poder a la Rama que al Ejecutivo.

Ahora bien, la Sala Administrativa seguirá trabajando tal y como está hasta que se integre el CGJ y sea elegido el Gerente. Cuando esto suceda, el CGJ y la gerencia se repartirán las funciones que tenía la Sala a fin de que pueda operar hasta que salga la Ley estatutaria.

Igualmente, las Salas Seccionales seguirán vigentes hasta que se defina qué pasara por ellas y lo mismo sucederá con la Sala Disciplinaria que no cesará en funciones hasta que se lleve a cabo la elección de los integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina, para lo cual hay un año de plazo.

Así ya lo reseñó la propia Corte Constitucional luego de que en días pasados se generara el primer llamado de alerta por el proceso de reestructuración. En un auto, la Corte indicó que todavía no podía ejercer las nuevas facultades que le impuso la reforma de Equilibrio de Poderes y que los denominados conflictos de competencia entre dos despachos o dos jurisdicciones (Ordinaria vs. Indígena, por ejemplo) todavía están en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura.

La situación que se presentó por 93 conflictos de competencias que la Judicatura se abstuvo de recibir, se resolvió en un caso que toca al exparamilitar Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, pues se debe definir si es el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá o el Juzgado Primero Penal de Descongestión el que resuelva el tema de las penas impuestas al exparamilitar, quién está a punto a quedar en libertad.

El debate de la estatutaria

Entre los puntos en debate están las funciones del Consejo de Gobierno, que no será una institución permanente, sino que sus integrantes compartirán sus funciones con sus cargos de Presidente de Corte o Juez de la República.

La idea que al menos proyecta el Gobierno es darle mayor peso al Gerente de la Rama para que algunos temas técnicos, como la compra de computadores, por ejemplo, no dependan de agendas de Salas tal y como sucede actualmente.

Ese gerente tendrá como funciones la administración de la Rama, ejecutar decisiones del CGJ, realizar concursos, elaborar proyectos de presupuesto y hacer apoyo logístico. Hasta el momento, falta por definir si el Ministerio de Justicia tendrá voz o voto en el CGJ pues quedó la puerta abierta en la reforma.

Según explicó el ministro Reyes, también se debatirán “los temas en los cuales los Ministros, el Fiscal, académicos y litigantes podrán participar en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial, las funciones de la Comisión de Carrera Judicial y las reglas básicas para la evaluación de funcionarios”.

El tema de la carrera resulta esencial pues fue uno de los más cuestionados por algunos servidores de la Rama y, en ese sentido, se aclaró que se seguirán usando listas de elegibles así sea para cargos de provisionalidad y se dejaron vivos los concursos de méritos activos.

“En los foros que hemos realizado también se ha identificado la necesidad de que a través de la Ley Estatutaria se hagan más exigentes los requisitos para ser juez y se fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas y de interacción de los ciudadanos con el sistema de justicia”, agregó Reyes, pues actualmente solo necesitan dos años de experiencia para ser juez municipal.

Un tema controversial es la permanencia de las salas administrativas seccionales, en donde hay dos posturas que han surgido en los foros regionales. La primera dice que es una burocracia inútil y muy bien remunerada, y otra que es fundamental para hacer control de las actuaciones de los despachos y para pedir cuentas. El tema de fondo es como regionalizar la justicia.

Se conoció que una de las propuestas que está ‘sonando’ es crear gerencias por grandes regiones a fin que cada una tome decisiones de política pública de acuerdo con sus necesidades y con participación de, por ejemplo, los magistrados de Tribunal y empleados de la región. No obstante, el tema sigue en debate.

Otro tema vital es la forma cómo se hará la elección de los 32 gerentes regionales, por parte del Gerente nacional, teniendo en cuenta que la carrera judicial sigue intacta y que las críticas en el debate de Equilibrio de Poderes, en este punto, apuntaban a que este Gerente tendría “demasiado poder”.

En donde esto podría suceder es con los cargos de libre nombramiento y remoción y en los cargos provisionales, si no hay una pronta conformación de listas de elegibles tras el concurso de méritos actuales que finalmente está en marcha, luego de que fuera suspendido provisionalmente.

El debate incluirá, igualmente, a la Comisión Nacional de Disciplina que ya no conocerá tutelas y que se encargará exclusivamente de disciplinar a jueces y magistrados -unos cinco mil, sin descongestión-, y a empleados de la Rama que son aproximadamente 20 mil personas. Así las cosas, el debate ronda sobre si habrá jerarquías al interior de las Comisiones.

También falta por regular quién disciplinará a los abogados, porque se dijo en Equilibrio de Poderes que esto lo haría un Colegio de Abogados y actualmente en el país hay algunos pero son de carácter privado. En ese sentido, este tema no iría en la Ley Estatutaria que se va a presentar en octubre, según estableció Colprensa.

ADMINISTRATIVA Y LA DESCONGESTIÓN

Un asunto que ha generado polémica tiene que ver con el funcionamiento de Sala Administrativa en la transición hacia las nuevas instituciones para que no ‘haya una parálisis’ en los temas de inversión. En ese punto, se evidenció una discrepancia sobre cómo realmente se ejecutan los recursos de funcionamiento e inversión pues mientras el Gobierno indica que es bajo, con un promedio de los últimos 14 años del 50 por ciento, la Judicatura habla de porcentajes del 90 por ciento para 2013, por ejemplo.

En este sentido, se cuestionó el porcentaje de 2014, que según cifras oficiales es del 71 por ciento, en tanto que parte de este gasto se dio por los recursos que se dispusieron para prorrogar las medidas de descongestión, lo que significaría que estaban disponibles sin ser ya comprometidos desde antes para obras o servicios.

En todo caso, fuentes consultadas estimaron que debido a la reforma, se ha afectado el tema de la proyección de la inversión pues en realidad no se sabe con certeza cuándo se eliminarán las Salas actuales.

Por otro lado, en materia de los cargos de descongestión y de la creación de parte de esa planta como permanente (más de cuatro mil cargos), el presidente de la Sala Administrativa magistrado José Agustín Suárez, reveló que esta discusión ya está fijada para la próxima sesión. De ser aprobada, debe pasar a la Comisión Interinstitucional por lo que se espera que en unas semanas estén listos los cargos permanentes.

Entre tanto, se han aprobado acuerdos de descongestión que, explicó Suárez, han tenido que ser bimensuales porque en la vigencia fiscal de este año el presupuesto de la Rama se ha entregado por doceavas partes y bajo concepto previo de Hacienda Pública.

“Culminado enero y teniendo el concepto previo levantado para un mes de descongestión, en febrero viene el mismo ejercicio desgastante y se levanta el concepto previo por dos meses más, febrero y marzo. Eso impone entonces dictar acuerdos de descongestión por meses y, en semana santa, se obtiene que se levante por un mes. Terminado mayo ya logramos que se levante el concepto previo para el segundo semestre”, dijo Suárez. En ese sentido, Suárez señaló que en el segundo semestre se atenderá el asunto de los cargos permanentes, “porque no se puede mantener un cargo en descongestión y otro de manera permanente”.

GASTOS ACTUALES

De acuerdo con un cuadro, actualmente la planta de personal de la Sala Administrativa es de 206 cargos para un costo de $23.838 millones 910 mil pesos. A esto se suman 199 cargos en 24 seccionales de las Salas Administrativas para un valor de $26.230 millones 344 mil pesos. La Dirección Ejecutiva actual tiene 264 cargos para 30 mil millones de pesos y las direcciones seccionales tienen mil 282 para 61 mil millones. Estos cargos quedarían fijos y no serían eliminados.

LOS MAGISTRADOS QUE HACEN FALTA 

* CORTE SUPREMA: están las vacantes de Elsy de Pilar Cuello, María del Rosario González, Jesús Val de Rutén y Ruth Marina Díaz. En próximos meses saldrán Carlos Ernesto Molina y Gustavo López Algarra.

* CONSEJO DE ESTADO: están vacantes las plazas de Enrique Gil Botero, Mauricio Torres Cuervo, Mauricio Fajardo, Alfonso Vargas Rincón, Gustavo Gómez, Marco Antonio Velilla, Augusto Hernández Becerra y Susana Buitrago. En diciembre queda la vacante de William Zambrano y en 2016 por cumplimiento de edad de retiro las de Olga Mélida Valle y Carmen Teresa Ortíz.

* CORTE CONSTITUCIONAL: Sale en octubre el magistrado Mauricio González Cuervo.

* JUDICATURA: Están las vacantes de los magistrados Pedro Munar y Francisco Ricaurte, que deberían ser llenados por la Corte Suprema de Justicia. Igualmente está la vacante del magistrado Néstor Osuna, quien renunció y que debería ser llenada por el Congreso por terna del Presidente de la República. Deberán crearse los nueve cargos del Consejo de Gobierno Judicial y los siete de la Comisión de Disciplina.