Por estos días en la mayoría de concejos y asambleas se viene cumpliendo la elección de quienes serán los jefes de los organismos de control locales y regionales: contralores y personeros, quienes vigilarán la gestión fiscal y administrativa de los nuevos alcaldes y gobernadores.

Esta elección cambió de manera drástica: antes elegidos de terna integrada por dos aspirantes del Tribunal Superior de Distrito Judicial y uno por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. Pero la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes, aprobada a mediados del año pasado, introdujo la figura de ‘meritocracia’, es decir, mediante concurso público.

Pese a ello, una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, que dirige el analista político León Valencia, estableció que “los organismos de control están bajo el mando de los clanes regionales y en el bolsillo de mandatarios locales y regionales”.

La Fundación destaca -citando un informe de la Fiscalía General- que no solo “al menos 350 alcaldes y gobernadores” de los recién posesionados tienen cuentas pendientes con la justicia, sino que “hasta el momento la Procuraduría ha abierto 135 investigaciones relacionadas con los procesos de elección de contralores, quienes serán los máximos responsables del control fiscal de las administraciones departamentales y municipales en el país”.

Más aún, la fundación Paz y Reconciliación sostiene que la elección de los máximos jueces del control fiscal y administrativo “ha estado marcada por el interés de políticos”, que buscan favorecer sus intereses personales “y de esta manera bloquear y limitar las posibles investigaciones sobre la gestión de las administraciones departamentales y municipales”.

Algunos ejemplos

La investigación señala que en varios departamentos de la costa Atlántica los clanes políticos “se las ingeniaron para burlar y corromper” la elección aplicando la figura de “yo te elijo, tú me cuidas”.

Esto, según el informe, debido a que “la elección se mantiene en los concejos y las asambleas, factor que permite la injerencia de los políticos” tradicionales de cada región.

Entre los casos que han alertado a las autoridades se pueden destacar cinco: la elección de Emilio Otero, en Córdoba; César Cerchiario, en Cesar; Ricardo Salinas, en Magdalena; Miguel Arrázola Sáenz, en Sucre, y Edilberto Pava Ceballos, en Tolima.

El caso de Emilio Otero

Emilio Otero, por ejemplo, fue elegido contralor de Córdoba por unanimidad (13 votos) por la Asamblea. Según el informe, Otero fue durante 10 años secretario del Congreso, tiempo durante el cual “acumuló 10 denuncias penales y disciplinarias documentadas”, aunque dice que “ninguna avanzó, pese a la rigurosidad de las pruebas”, y agrega que él actualmente es reconocido hombre de confianza de la red política de Bernardo ‘El Ñoño’ Elías.

“El escándalo inició desde que la Asamblea decidió contratar el proceso de evaluación con la CUN, entidad que suscribió contratos por 56 mil millones de pesos a manos de la administración de Alejandro Lyons, aliado de Musa Besaile, y de Bernardo Elías, de quien además es cuñado”, dice la investigación de Paz y Reconciliación.

Esto ocurrió, agrega la investigación, a pesar de que en diciembre la oficina de Transparencia de la Presidencia advirtió sobre los intereses que tenían dirigentes políticos de contratar con esta entidad universitaria y verse favorecidos, como sucedió.

El caso en Cesar

Paz y Reconciliación indica que en este departamento fue elegido como contralor César Cerchiario, en medio de un escándalo por posible conflicto de intereses, debido a que fue gerente de la campaña de Francisco Ovalle, actual gobernador, y hace parte de la casa Gnecco, que apoyó con recursos de la administración de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, de la que fue secretario General.

Y agrega que, en Valledupar, el Concejo eligió para la Contraloría a Álvaro Luis Castilla, “uno de los aportantes a la campaña de Augusto Ramírez Uhía, actual alcalde, sobre quien pesa investigaciones por favorecimiento a terceros en el despojo de las propiedades Sabana 1 y Sabana 2, y en 2011 firmó ante notaría pública un documento que lo comprometía a invertir recursos públicos para favorecer a los invasores”.

No obstante, el documento dice que la elección de Castilla fue anulada cuando se comprobó que fue uno de los financiadores de la campaña del alcalde Ramírez.

El Contralor de Magdalena

Ricardo Salinas fue elegido con el apoyo de la familia Cotes, la misma del exgobernador Luis Miguel Cotes, sobrino de la actual gobernadora, Rosa Cotes, “una de las gobernadoras más cuestionadas en las elecciones pasadas”, según la ONG.

El abogado del Gobernador de Sucre

Según Paz y Reconciliación, en Sucre el contralor resultó ser Miguel Arrázola Sáenz, exbogado de confianza del actual gobernador, Édgar Martínez, en un proceso civil de octubre pasado.

En la campaña del Gobernador Barreto

 Con el voto de 11 de los 15 diputados en Tolima, Edilberto Pava Ceballos fue elegido contralor departamental, a pesar de que la investigación arroja que fue miembro de la campaña del actual gobernador Óscar Barreto, de quien dice Paz y Reconciliación “enfrenta más de ocho procesos penales”.

El informe de la fundación Paz y Reconciliación concluye que “el esfuerzo de la reforma de Equilibrio de Poderes ha sido anulado, y los clanes políticos regionales se han quedado no solo con los puestos de elección popular sino también con los organismos de control. Hecha la ley, hecha la trampa”. 

El caso del Bogotá

De otra parte, aunque no forma parte de la investigación de Paz y Reconciliación, existe un vacío jurídico que podría complicar la elección de los nuevos Contralor y Personero de Bogotá.

Todo se debe a que la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes estableció que el Congreso debe aprobar una ley reglamentando la manera en que el Cabildo Distrital debe efectuar el concurso público de méritos para elegir a esos dos funcionarios, norma que hasta el momento no existe.

En ese caso, el alcalde Enrique Peñalosa tendría que designar a estos funcionarios en calidad de encargados mientras se resuelve el enredo jurídico.

Tradicionalmente, esas elecciones comienzan a perfilarse el 1 de febrero, cuando comienzan las secciones del Concejo de Bogotá.

El contralor de Bogotá, Diego Ardila, termina su periodo el 14 de febrero, mientras que el personero distrital, Ricardo Cañón, el 29 del mismo mes.