El Instituto Nacional de Medicina Legal reveló las más recientes cifras sobre desaparecidos en el país, que señalan que en 2015 en Colombia se presentaron siete mil 310 casos de este tipo, de los que 143 se constituyen como forzadas.

Ese número de casos se suma a los 110 mil 833 casos documentados en el Registro Nacional de Desaparecidos (RND), desde 1938 hasta 2015, de los que 23 mil 441 casos (21,15 %) están clasificados como desaparición presuntamente forzada y otros 87 mil 392 (78,85 %) como “sin información”.

Los datos recolectados en el informe Forensis 2015 indican que el año pasado las personas que fueron registradas como desaparecidas forzadas corresponden en un 82,5 % a personas del sexo masculino, y el 17,5 % restante lo conforman casos de mujeres.

El informe advierte que en el año pasado de estas personas reportadas como desaparecidas forzadas continúan en esa situación 72,73%, es decir 104 casos, mientras que las autoridades localizaron con vida a 20,98% de ellas (30 casos) y 6,29% de los hombres y mujeres fue hallado muerto (nueve casos).

¿Qué hace la entidad en estos casos?

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, explicó que la entidad ha venido adelantando desde el año pasado el ‘Plan cementerio’, con el fin de identificar plenamente los restos de los más de 110 mil desaparecidos que hay registrados en el país.

La entidad ha venido desarrollando un trabajo técnico y científico para analizar fenómenos violentos como la desaparición forzada, la violencia sexual y el desplazamiento en el marco del conflicto armado.

“Los cuerpos de las víctimas son la memoria del conflicto, la información documental que tenemos de ellos, su ubicación y exhumación es la base para la verdad, la reparación y la no repetición. En ese sentido, la paz pasa por Medicina Legal. La verdad que se requiere para que termine el conflicto y cese la violencia entre las comunidades es una verdad científica”, explicó Valdés.

Y es que precisamente uno de los puntos acordados por las delegaciones de Gobierno y las Farc resalta que se debe iniciar un proceso conjunto con varias entidades oficiales y víctimas del conflicto para establecer cuatro mesas de trabajo que iniciarán la identificación y entrega de desaparecidos en el marco del conflicto armado, labor en la que Medicina Legal ha cobrado protagonismo.

“Han sido intervenidos siete cementerios de todo el país, acordados por la mesa de conversaciones de La Habana, donde permanecen enterrados los cuerpos y restos de personas, catalogadas como N.N., a quienes se están aplicando las más modernas técnicas de exhumación, procesamiento y obtención de marcadores de ADN para ser identificados y, posteriormente, ser entregados a sus familias”, explicó el funcionario.

El Instituto de Medicina Legal trabaja en la identificación de 16 mil personas que permanecen en fosas comunes en las zonas donde se desarrolló el conflicto armado.

La entidad ha dispuesto un equipo conformado por personal de Medicina, Odontología, Antropología, Radiología y técnicos en Laboratorio Forense.

“Una cosa importante es que los restos exhumados que no sean reclamados por los familiares permanecerán en el Instituto de Medicina Legal hasta cuando sean recogidos en el futuro, el propósito es que ningún cadáver debe regresar a la tierra ni a los cementerios”, aseguró Valdés.

Por regiones

De acuerdo con el informe, en 2015 se produjo por lo menos una desaparición presuntamente forzada en 24 departamentos del territorio nacional.

Según lo documentado por Medicina Legal los departamentos en que mayor número de desapariciones ocurrieron son Antioquia (29 casos), Valle del Cauca (21 casos) y Chocó (ocho casos), además de Bogotá (17 casos).

El mayor número de casos reportados de mujeres desaparecidas fueron documentados en Bogotá (ocho casos) y Antioquia (cuatro casos).

Igualmente, la entidad también adelantó este registro por municipios, lo que dio como resultado que el mayor número de casos de desaparición forzada ocurrió en Medellín (11 casos), Buenaventura (11 casos), Santiago de Cali (seis casos) y el Litoral de San Juan en Chocó (seis casos).

Frente a los casos denominados como “sin información” la entidad registra que los departamentos con el mayor número son: Bogotá (tres mil 516 casos), Antioquia (678 casos), Valle del Cauca (561 casos), Risaralda (422 casos) y Cundinamarca (326 casos).

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, los municipios con mayor número de casos “sin información” son Medellín (499 casos), Santiago de Cali (450 casos), Pereira (286) y Santa Marta (187).

¿Qué personas tienden a desaparecer?

De acuerdo con el informe publicado por Medicina Legal, 39,86 % de los casos de desaparición forzada corresponde a personas con edades entre 20 y 34 años. Mientras tanto, en los casos “sin información” se observa que las personas más afectadas por este fenómeno pertenecen a los grupos de edad entre 15 y 17 años, al que corresponde el 21,57 %.

En el estudio también se documenta el nivel de escolaridad de las personas desaparecidas, lo que deja como resultado que el mayor porcentaje corresponde a personas que solo finalizaron el nivel de educación preescolar (36,29 %), seguido de los casos de personas con formación completa en educación básica secundaria (28,23 %) y básica primaria (25 %).

De acuerdo con las estadísticas, las principales víctimas de desaparición forzada han sido personas adultas, con 50,53 % de los casos de esta clasificación, seguido de los jóvenes con 35,41 % y, en tercer lugar, los adolescentes con 9,89 % casos registrados.

Finalmente, como resultado del estudio se advierte que las cifras totales y específicas sobre desaparecidos no han podido ser documentadas, dado el contexto armado en el que está inmerso el país.

“En cuanto a la situación histórica de las desapariciones presuntamente forzadas, es importante señalar que aunque los procesos investigativos asociados a la desaparición forzada de personas continúan en diferentes despachos en la justicia ordinaria, Transicional y Penal Militar en el país, no todos los casos judicializados han sido incluidos en el Registro Nacional de Desaparecidos, lo que impide obtener cifras consolidadas en orden interinstitucional”, señala el informe en sus conclusiones.