Las órdenes de vacunación ganan adeptos en Estados Unidos: Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo; los gigantes tecnológicos Facebook y Google; Netflix, Walt Disney, Ford y United Airlines, entre otros, están obligando a todo o parte de su personal a vacunarse o correr el riesgo de ser despedidos.

El primero en hacer efectivos los despidos fue el canal de noticias CNN, que dejó cesantes a tres de sus empleados, la semana pasada, por no haberse vacunado contra la Covid-19.

La medida ha trascendido al ámbito oficial. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que obligará a todos los trabajadores de su Gobierno a demostrar que están vacunados si no quieren someterse a test regularmente.

Esta nueva disposición llega en momentos en que el país norteamericano, el primero en número absoluto de contagios (36 millones) y muertos (617.000) a nivel global de la pandemia de la SARS-CoV-2, está lidiando con el alarmante avance de la variante Delta: Un promedio de 100.000 infecciones diarias. 

Sumado a ello, más de 90 millones de personas elegibles para vacunarse en EE.UU., que ya superó la mitad de su población inmunizada (58,5 %) no han recibido ninguna dosis. Especialmente habitantes de zonas conservadoras escépticos frente a la vacuna.

Tanto así, que más de 81.000 dosis vencieron en el estado Iowa a falta de personas por inmunizar. Lo que resulta una paradoja, cuando muchos países, especialmente pobres, sufren por conseguir vacunas. 

Estados Unidos “está fallando” en el combate a la pandemia de la Covid-19, lo reconocen las autoridades, y por ello, las empresas privadas están poniendo, ahora, el acento en la vacunación.

Presión sobre “los  no vacunados”

En ese sentido, Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, recuerda que en EE.UU. el proceso de vacunación ha avanzado a un ritmo acelerado el contexto de un sistema laboral con fuerte acento en la productividad que ha dificultado la implementación de políticas de confinamiento para controlar la Covid-19.

Explica, a renglón seguido, que la presión sobre la vacunación a partir de medidas laborales, está ligada a la ineficacia de los incentivos implementados y la demanda de corrección frente a una “pandemia de los no vacunados”.

Algunos estados han ofreciendo sin mucho éxito incentivos desde comida, becas universitarias, vacaciones gratis, tarjetas de regalo y hasta dinero, como Nueva York, para las personas que se vacunen. 

De hecho, Jaramillo señala que en algunos países de Europa se estudia la viabilidad de implementar la vacunación obligatoria en algunos sectores (cuidadores, personal de salud, profesores, etc.). Incluso países como Francia implantaron el pase sanitario para permitir el ingreso a sitios públicos.

Para Diego Calderón, coordinador de Investigaciones, Docencia y Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad La Gran Colombia,  tiene sentido que EE.UU. siendo un país cuyos valores jurídicos se estructuran sobre la idea de la responsabilidad con libertad, en algunos escenarios los empleadores exijan la vacunación contra la Covid-19.  

Aunque reconoce que en Norteamérica la regulación es muy escasa en materia laboral y especialmente en derechos y garantías laborales. Razón por la cual las empresas y los empleadores tienen vía libre para adoptar este tipo de medidas.

Primar interés general

Si bien es cierto que en EE.UU. la libertad individual tiene una preponderancia muy marcada, que incluso se evidenció en la pandemia, Mónica Alejandra León Gil, investigadora y directora del Observatorio Constitucional de Normas Procesales de la Universidad Externado de Colombia, opina que imponer la vacuna a los trabajadores es muy simple: El interés particular debe ceder ante el interés general.

A su juicio, cuando se habla de pandemia y vacunaciones, hay que tener presente que no solo se involucran las libertades individuales, sino los derechos de toda una colectividad.

“En este punto sí creo que es clara la lectura de las empresas y que todos deberíamos darle, el interés general no debe estar sometido al arbitrio o a la voluntad de unos pocos que deciden no aplicarse una vacuna”, opina León Gil.

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