Derecho a gozar de un medio ambiente sano, esa es la clave del Acuerdo de Escazú, un tratado firmado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. El primer gran acuerdo medioambiental para América Latina y el Caribe.

Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (Masp) de la Universidad de los Andes, le explicó a Colprensa que este es un tratado internacional de alcance regional, que busca garantizar los derechos humanos y de medio ambiente: el acceso a la información, la participación y la justicia medioambiental, que permitan implementar adecuadamente las políticas ambientales.

Escazú promueve la participación de la ciudadanía en asuntos y cuestiones que afectan el medio ambiente, establece condiciones claras para acceder a información relacionada con el sector ambiental y busca garantizar que las personas puedan acceder a la justicia medioambiental cuando sus derechos sean vulnerados.

Madrigal explicó que este acuerdo es clave en Colombia y en América Latina, donde las normas medioambientales son poco eficientes. Además, en el país los conflictos ambientales se resuelven por la vía judicial, lo que demuestra que hay una debilidad y una deficiencia en los mecanismos de participación y diálogo y en el acceso a la información que permitan prevenir y manejar los conflictos relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

En resumen, “el Acuerdo es un sistema de estándares o de indicadores jurídicos que contribuyen a la implementación efectiva, diferencial e incluyente de la normatividad ambiental y fortalecen en ese sentido el derecho a un ambiente sano”, afirmó el director de la Clínica de Medio Ambiente.

Según Lina Muñoz, directora de Especialización y Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario e investigadora del Acuerdo de Escazú, a través de estos tres derechos: participación, acceso a la información y justicia, el tratado lo que permite es tener una mejor gestión ambiental y materializar la idea del desarrollo sostenible.

Pero lo más importante, es que Escazú es el primer tratado que cuenta con estándares e indicadores para proteger a los líderes sociales defensores del medio ambiente, un punto clave para un país como Colombia, el lugar más peligroso del mundo para ejercer la defensa del ambiente. Sólo en 2019, 64 líderes sociales fueron asesinados por defenderlo, encabezando el trágico reporte de la ONG Global Witness.

El artículo 9 del acuerdo establece que se debe garantizar un entorno propicio para la defensa del ambiente, evitando amenazas o inseguridades por esta labor. Pero, además, estipula el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos de quienes defienden el medio ambiente y establece la necesidad de tener medidas claras para investigar y sancionar los ataques a estos defensores.

Para Muñoz, Colombia no ha hecho aún ese ejercicio minucioso de revisar lo que caracteriza la defensa ambiental. Por eso, el acuerdo es una oportunidad para “definir quién es un defensor y una defensora ambiental, caracterizar sus condiciones y también poder determinar cuáles son esas medidas apropiadas, efectivas y oportunas para el gran universo de la defensa de los asuntos ambientales”, afirmó.

Colombia ya dio pasos importantes con el tratado. El acuerdo de Escazú ya ha sido firmado por 22 de los 33 países de la región, lo que deja ver un primer compromiso por parte de los países. Además, ya ha sido ratificado por 10 países, el último de ellos fue Argentina este 24 de septiembre. Ahora se necesita sólo 1 país más para que el acuerdo entre en vigor y sea aplicable.

En Colombia, el presidente Iván Duque ya dio el primer paso, que fue presentar al Congreso el proyecto con un mensaje de urgencia el pasado mes de julio. El mandatario entregó el proyecto al legislativo y allí tendrá que pasar por tres debates al contar con el sentido de urgencia.

El proyecto ya está en manos del Congreso. Ya se han dado además 2 audiencias públicas para discutir con todas las partes las virtudes y dificultades del Acuerdo. Ya se designaron también los ponentes y se espera que en las próximas dos semanas se programe el primer debate, y antes de que se acabe la legislatura, los siguientes dos debates necesarios para que pase posteriormente a sanción presidencial y a revisión de la Corte Constitucional.

Sin embargo, y aunque el mismo presidente Duque respaldó el acuerdo esta semana en su discurso ante la ONU, el trámite está empantanado debido a la oposición de varios gremios y sectores económicos.

En el debate adelantado el pasado 3 de septiembre en el Senado, Claudia Calero, presidenta de Asocaña, afirmó por ejemplo que los loables fines que propone el acuerdo ya se implementan en el país hace más de dos décadas. Además, aseguró que Colombia es pionero en materia de participación medioambiental y que ya cuenta con los instrumentos legales y constitucionales para la misma.

Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), también criticó en la audiencia que el acuerdo permitirá la participación de cualquier grupo en los procesos de toma de decisiones ambientales en los que incluso podrían influir intereses particulares.

Otros líderes gremiales también afirmaron que el acuerdo lleva al país a una pérdida de su soberanía en términos ambientales o que no tiene claridad sobre las consultas previas y los procesos que necesitarán de una licencia ambiental.

¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones o qué hay detrás de ese rechazo? En primer lugar, según Madrigal, no es cierto que el acuerdo le va a permitir a cualquiera interponer acciones o acceder a información privilegiada. Lo que hace el tratado es “detallar una serie de formalidades y una serie de procedimientos para poder acceder a la información, pero que se basan en estándares internacionales y en la normatividad interna”, explicó.

Además, aseguró que el derecho a participar en decisiones ambientales ya es algo estipulado en la Constitución. “Esto lo que viene es a especificar y a detallar cómo podemos lograr esa participación, no es que la amplíe o cree cuestiones insostenibles de acceso a la información o participación”, afirmó.

Lo que hará el acuerdo será estipular la claridad y el alcance del derecho a la participación y a la información ambiental, no entorpecer todos los procesos de la industria. “Este acuerdo lo que brinda son estándares para delimitarlo, establece cuándo deben participar, cómo deben participar, en esencia lo que te brinda son reglas claras”, enfatizó.

Madrigal también explicó que no es cierto que el país va a perder su soberanía o que nos va a llevar a litigios internacionales como el ocurrido con Nicaragua, pues el acuerdo contempla como principio la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y procedimientos de solución de controversias similares a otros acuerdos ya firmados por el país, como el Convenio de Minamata.

Para Muñoz, “los gremios se oponen a la ratificación por una errada interpretación de las disposiciones del acuerdo. Esa errada interpretación también se debe a una desinformación sobre el contexto y sobre todo el proceso de ratificación y de la génesis del mismo”, afirmó.

“Estas preocupaciones que están exponiendo para oponerse al acuerdo están infundadas y son mitos que desde el punto de vista jurídico se pueden analizar y desvirtuar de manera muy sencilla”, para ella, puede haber un trasfondo político e incluso ideológico tras la negativa a ratificar el acuerdo.

Pero para Madrigal, el punto central de estas discusiones es la errada concepción de que la conservación de la naturaleza frena el desarrollo económico. “El punto central de ese paradigma es ¿a qué tipo de desarrollo se hace referencia? ¿Será el que ha imperado en la región con altos índices de inequidad y corrupción?”, alertó.

Según él, el debate tendría que ser entonces qué tipo de desarrollo estamos promoviendo, si es uno que pasa por encima de los derechos fundamentales de las personas y del medio ambiente. Además, el mismo acuerdo es promovido por la Cepal y se rige por las recomendaciones de la Ocde y la banca multilateral.

Sumado a esto, para el director de la Clínica del Medio Ambiente, tampoco se podría decir que las normas para garantizar estos derechos ya existen y se implementan de manera apropiada, pues esto sería desconocer que Colombia es uno de los países con mayor conflictividad y con la mayor tasa de asesinato de personas que defienden el ambiente.

Además de estas razones, desde el punto de vista de Muñoz, el acuerdo incluso brinda seguridad jurídica para futuras inversiones en Colombia al demostrar que el país se compromete con la buena gobernanza, la transparencia y la participación. Y afirma que también es una oportunidad para fortalecer las normas, instituciones y sistemas de información relacionados con la democracia ambiental.

La decisión estará en manos del Congreso, que tendrá que ayudar a definir el futuro de las normas medioambientales para el país.

Dato

El acuerdo entró en vigor el próximo 26 de septiembre, siempre y cuando sea ratificado por al menos 11 de los 22 Estados que originalmente lo suscribieron. De momento ha sido ratificado por nueve países, mientras Chile lo rechazó.

Dato

El Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, confió que el Congreso acompañe por unanimidad la iniciativa que radicó con mensaje de urgencia para la ratificación del Acuerdo.