El informe, que fue socializado en Londres (Inglaterra), por la Corporación contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), asegura que en esos cuatro años hubo al menos 48.915 víctimas de violencia sexual menores de 18 años distribuidos en: 41.313 niñas y 7.602 niños, en hechos que se presentaron en 1.070 municipios de los 1.130 del país.

De acuerdo con el reporte, en el año 2012, específicamente, por los menos 13.320 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de este delito, donde el agresor fue un actor armado.

La investigación señala que los departamentos donde más casos ocurrieron son Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Santander. Además, se suma a Bogotá, pues en estos sitios se registra el 56 por ciento de las víctimas totales es decir 1.327 niños y 5.379 niñas.

En el caso de la Amazonia, que es una región con bastante presencia de cultivos ilícitos, actores armados, Fuerza Pública y contratistas foráneos, se han evidenciado prácticas recurrentes de violencia sexual, que a pesar de haber sido denunciadas por la sociedad civil y la comunidad internacional, no están registradas.

En 2012, los mayores sitios con registro de víctimas son Bogotá, Medellín, Cali, Tumaco, Pasto, Pereira y Barrancabermeja. De igual forma, el informe señala que los datos se concentran alrededor de las cordilleras y en la costa pacífica del sur occidente del país, específicamente en Buenaventura y Tumaco.

Costa Atlántica

En el caso de la costa Atlántica se evidencia que el registro grueso se concentra en Montería, Sincelejo y Cartagena, posiblemente por las dinámicas del conflicto armado en los centros urbanos, que responden a otros escenarios y a otras potencialidades estratégicas.

En el caso de Córdoba, Sucre y Bolívar, durante 2012 se presentaron 743 victimas, es decir el 5.6 por ciento del total.

Las zonas de mayor percepción de incidencia de violencia sexual son Montes de María y La Mojana, y aparecen dos municipios de Antioquia (Arboletes y Nechí), que no fueron señalados como externos a los departamentos o a la región.

Allí se identificaron por lo menos cuatro formas de violencia sexual recurrente: la primera es el “enamoramiento”, seguida de la esclavitud sexual en la que los grupos armados se llevan a las niñas para ser “compañeras” sexuales temporales de los comandantes de estos grupos; en tercer lugar están los actores armados que entran a las casas de las personas y se alojan allí con o sin el consentimiento de las familias, y éstas a su vez tienen que alimentarlos, mantenerlos y protegerlos de otros armados; en ese escenario, pueden abusar sexualmente de las mujeres y niñas en la casa, o muchas veces las familias prefieren desplazarse para evitar estas situaciones.

La cuarta y última está asociada con la administración de las redes de trata de niñas y niños con fines de explotación sexual por parte de los actores armados.

En el caso de Cartagena, se involucra el turismo y las condiciones de miseria y extrema vulnerabilidad de la población en situación de desplazamiento.

En Córdoba y Sucre, en cambio, está directamente relacionado con la esclavitud sexual; en la minería del sur de Córdoba y la zona del bajo Cauca antioqueño, principalmente, también sucede con las cárceles, donde llevan a las niñas y algunos niños y los obligan a prácticas de explotación sexual.

En Sucre se identificó que la violencia sexual contra los jóvenes es utilizada como mecanismo de control a partir del castigo, la humillación y el chantaje. Alimentado por los mitos que asocian el abuso sexual de los actores armados hacia niños y adolescentes varones, con la homosexualidad de la víctima.

En Córdoba los municipios con mayor incidencia de conflicto armado y violencia sexual, de acuerdo a la información cualitativa son Planeta Rica, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Ayapel, Alto Sinú, Montería, San Antero, León Medio, San José de Uré, Valencia y Versalles. También la zona costanera como Lorica, Moñitos, Canaletes, Los Córdobas y Arboletes.

En Sucre y Bolívar la zona de Montes de María (Los Palmitos, San Onofre, Ovejas, Colosó, Chalan, Sincelejo mismo, El Carmen de Bolívar, María la Baja, San Juan Nepomuceno) y además Sampues, Majaguan, San Benito, La Mojana, Corozal, Zambrano, y Cartagena.

Costa Pacífica

En el caso del Pacífico, Buenaventura y Tumaco son los municipios que más altos valores de violencia sexual en escenarios de conflicto armado tienen.

En Nariño se asocia la violencia sexual contra niños y niñas en escenarios de conflicto al reclutamiento forzado, y en escenarios concretos de guerrillas.

Los municipios más complicados en Nariño son Taminango, Santacruz de Guachavez, Bocas de Satinga, Mosquera, Francisco Pizarro, Policarpa, Leiva, Rosario, Tumaco, Ricaurte, el Charco, Samaniego, Barbacoas, Roberto Payan, Magüi Payan, Cumbitara, Altaquer, Olaya, Santa Barbara de Iscuandé, Ipiales y la Tola.

Amazonía y Orinoquía

En Amazonia, los municipios donde la situación llama la atención son Puerto Caicedo, La Hormiga, Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Orito, San Miguel y Sibundoy.

En Putumayo se registraron 167 casos en 2012, casi el doble que en 2011.

En la Orinoquía, como en el oriente del país, Putumayo y parte de Nariño, a pesar de la distancia geográfica, la violencia sexual está directamente relacionada con el reclutamiento forzado.

En Arauca es más común el reclutamiento de niñas. Las organizaciones e instituciones perciben que cuando se reclutan a niñas, las agreden sexualmente y cuando se llevan a los niños y se enteran, por ejemplo, de que estos son homosexuales, los torturan. Esto no solamente sucede con los grupos armados ilegales, sino también con las fuerzas del Estado.

Entre 2008 y 2012, en estos tres departamentos se reportaron por lo menos 6.962 víctimas de violencia sexual por alguno de los actores armados presentes en los territorios.

Región Andina

En el caso de la región Andina, se analiza la diversidad de la zona, con dinámicas económicas, políticas y sociales diferentes. Sin embargo, se evidencia una separación entra las capitales y los municipios aledaños, a pesar de las políticas regionales de metropolización, se llama la atención en el caso de Medellín donde se reporta el 11 por ciento de todos los casos a nivel nacional en 2012, es decir 1.495 victimas, de los cuales por lo menos 4 lo son por actores armados.

En términos regionales, se identificaron zonas (especialmente en el corredor entre el Urabá Antioqueño, parte del Magdalena medio y el Catatumbo), en las que al control del territorio por parte de los actores armados, se les suma la explotación de recursos naturales. Esto ha permitido la creación de escenarios de explotación sexual de niñas y niños. La trata de personas, desde Córdoba hacia el bajo Cauca Antioqueño es frecuente. Las niñas que pueden ser recuperadas regresan en pésimas condiciones de salud. 

Entre las principales conclusiones del informe se destaca que “todos los grupos ilegales han participado en diferentes momentos de agresiones sexuales contra la población civil contra las niñas, pero también contra los niños y adolescentes varones, pese a la invisibilidad del fenómeno”.

Igualmente, señala que este tipo de violencia varía de acuerdo al actor armado presente en cada territorio, por lo que las políticas de prevención y atención deben adecuarse con las necesidades específicas de cada región.