En su momento fueron noticia el Plebiscito, el Referendo, la revocatoria del Mandato y el Cabildo Abierto. Sin embargo, 30 años después de firmado el pacto de la carta política lo que antes fue revolucionario hoy ha perdido su valor.

Un ejemplo claro de esto fueron los cuatro referendos que buscaban ser convocados finalizando el 2020 y que fueron anunciados en la misma semana. En su momento llamó la atención que los referendos fueron convocados por todas las fuerzas políticas existentes.

Luego de un periodo en casa por cárcel el expresidente y senador Álvaro Uribe anunció que presentaría un referendo, no solo para acabar con la Justicia Especial para la Paz, que en su concepto trae impunidad al país, sino para reducir el tamaño de Congreso, reducir el salario de los congresistas y crear en la Constitución la figura del Ingreso Solidario.

Esa misma semana el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, anunció un contra referendo al de Uribe con cinco puntos específicos: la creación de una renta básica para los sectores más desfavorecidos, la extensión del subsidio a la nómina de las microempresas y definición de un marco tributario progresivo que favorezca a la micro y pequeña empresa, la creación de un programa público excepcional de empleo para quienes hayan perdido su trabajo y no se beneficien con la renta básica, el fortalecimiento de la Universidad Pública y alivios a los deudores del Icetex y la prohibición de las sesiones virtuales del Congreso y reducción del salario de los congresistas.

Esta fiebre de referendos que golpeó al país en noviembre de 2020 también afectó al senador Roy Barreras, quien decidió presentar una iniciativa para poder remover de la Presidencia de la República a Iván Duque o a cualquier mandatario que se siente en el ‘Solio de Bolívar’.

Por último, el representante de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, presentó una propuesta para buscar mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables del país. Según el representante hay un referendo para mejorar las condiciones de la educación, que busca la educación gratuita, pública y de calidad, y otro para los campesinos del país.

Sin embargo, todas las iniciativas antes mencionadas aún no han sido radicadas ante la Registraduría ni ante el Consejo Nacional Electoral pues hay una directiva, expedida en pandemia por parte del ente electoral, que no permite la recolección de firmas hasta que el Ministerio de Salud apruebe los protocolos para realizar dicho procedimiento.

De hecho, los tribunales ya conocieron el caso y dieron sus veredictos. Los tribunales de Bogotá, Cali y Medellín han negado las pretensiones que vía tutela buscan que la Registraduría comience los procesos de recolección de firmas. En dichas acciones judiciales el Ministerio de Salud ha emitido concepto en el que indica que “en caso de que se considere inevitable realizar la recolección de las firmas, deberá solicitarse la autorización respectiva en cada Municipio de interés, teniendo en cuenta el comportamiento epidemiológico del Covid-19 en cada entidad territorial, con respecto a los protocolos de Bioseguridad que se deberán aplicar en caso de implementar la recolección de firmas en los Municipios de interés que sean autorizados por sus autoridades locales”.

Es decir, que en caso de que un comité promotor quiera iniciar la revocatoria de un alcalde, deberá pedirle al mismo alcalde la autorización para iniciar el proceso.

Comités e iniciativas

Solo en revocatorias del mandato hay 58 comités inscritos y en materia de referendos son más de 4 los que se anunciaron. Sin embargo es difícil que prosperen estas iniciativas. Según la Misión de Observación Electoral entre 1991 y el 2018 se han promovido 568 iniciativas de participación ciudadana, siendo la revocatoria del mandato con el 52,5% y la consulta popular con el 21,5% las que más han tenido acogida entre la ciudadanía.

Sin embargo, del total de iniciativas únicamente 191 (el 34%) han llegado a las urnas, “es decir superaron etapas como el proceso de recolección de firmas, la constitucionalidad de las preguntas, la revisión por parte de la Corte Constitucional, la discusión al interior de las corporaciones públicas (concejos, asambleas y Congreso de la República), la no realización por ausencia de presupuesto, y el uso indiscriminado de acciones administrativas y judiciales”, dice el documento de la MOE.

Hay que destacar que de esas 191 iniciativas que llegaron a las urnas muy pocas han cumplido el objetivo para el que son convocadas. En toda la historia de los mecanismos de participación no ha habido un solo referendo aprobado; y en materia de revocatoria del mandato, solo una logró remover al mandatario de turno. En Tasco, Boyacá, Nelson Javier García se convirtió en el primer y único alcalde que ha salido luego de un llamado a las urnas para revocarlo. 

Un proceso complicado

Según el constitucionalista Juan Manuel Charry, “los procedimientos de participación ciudadana quedaron reglamentados con exceso de requisitos y en la práctica es muy difícil llevarlos a cabo hasta su culminación exitosa, el legislador digamos que limitó exageradamente la democracia participativa”.

El experto, además, indica que “en la práctica son muy pocos los procedimientos que logran salir adelante, y esto no es de ahora es de tiempo atrás cuando se aprobó la ley 134 de 1994 que reglamenta estos procedimientos. Por otro lado, todos los procedimientos de participación ciudadana tienen un componente político aquí, tal vez, lo que hay que destacar es que los representantes de la democracia representativa, los políticos profesionales, se están sirviendo del anuncio de los procedimientos para generar hechos políticos”.

Por último, indica que “esto no se puede calificar de malo, eso está en las normas, para eso son los mecanismos electorales. Pero difícilmente cualquiera de esos procedimientos tendrá éxito porque tienen muchos requisitos que hacen que en la práctica sea muy difícil sacarlos adelante”.

A su turno Jorge Iván Cuervo está de acuerdo en que los requisitos para hacer efectivos estos mecanismos son demasiado exigentes. “Tanto así que si vemos que el número de firmas, el número de votos y todo el procedimiento se hace muy complicado. Por otro lado, estos mecanismos son de los ciudadanos para reclamar porque los gobernantes no cumplen con su mandato, ese es el sentido, pero uno ve que la mayoría de procesos de revocatoria son convocados por quienes perdieron la elección, pierden el sentido ciudadano y se transforman es en un instrumento político”.

Según el analista, “hay que preguntarse si en la revocatoria de alcaldes y gobernadores es una buena idea porque en principio la Constitución lo trae pero esto termina siendo un desgaste para las administraciones municipales. Hay un tema y es que si se intenta revocar al primer año ¿qué tanto del programa de gobierno se ha ejecutado en un año?, y si se hace a los dos años ¿qué tanto sentido tiene la norma cuando al alcalde le queda solo la mitad del periodo? Habría que revisar la medida por elementos como: aplicación, instrumentalización política y la idea de revocar los mandatos de gobernadores y alcaldes”.

Cuervo indica que “de pronto habría que buscar otros mecanismos de control político. La señal aquí es que eso no ha funcionado y si algo no funciona hay que cambiarlo. Pero hay que decir que quienes critican la norma aduciendo que el proceso es muy caro tienen un muy mal argumento. El servicio de la democracia tiene sus costos. Cuesta más elegir alcaldes, diputados y gobernadores que una revocatoria, a mí me parece que el ejercicio de la democracia tiene costos y estos tienen que ser asumidos por la sociedad. El mejor argumento aquí es que los mecanismos de participación popular tienen una implementación muy difícil”.

Dificultades jurídicas

Por otro lado, Marlon Pavón, subcoordinador de Justicia Electoral e Incidencia Política de la MOE, indica que “los mecanismos de participación han tenido distintos momentos en los que han ido consolidando su efectividad. En los últimos 3 años la ciudadanía ha sido más activa y se ha interesado en los mecanismos de discusión a nivel local, todo el asunto de las consultas medioambientales. Sin embargo, este ímpetu es frenado por un fallo de la Corte Constitucional en materia minero-energética”.

Y agrega que “con relación a las revocatorias del mandato el tema es distinto. Aquí de lo que estamos hablando es de la continuidad o no de un alcalde o un gobernador, es en estas revocatorias donde se generan un sinnúmero de dificultades para que el comité promotor pueda seguir adelante con la iniciativa y en otros casos se evidencia que estas iniciativas tienen tintes políticos”.

“En este caso específico -continúa-, el proceso puede quedar en el camino porque inicia el proceso pero se buscaba la instrumentalización de este mecanismo para generar presiones, posicionamiento mediático con relación a las discusiones electorales. En otros casos se enfrentan a otras dificultades como presiones por parte de funcionarios públicos, campañas de desprestigio, violencia, estos comités no continúan con el proceso de revocatoria”.

Pavón sostiene que “hay lugares en donde se llega, después de muchas dificultades, al proceso de votación y hay dinámicas de hostigamiento por parte de diferentes actores para impedir la votación. La MOE ha documentado muchos casos, en diversos municipios, en los que el día de las elecciones las administraciones municipales crean actividades lúdicas en las afueras del municipio para dispersar la atención de los votantes. O es en ese día en que se hace reparcheo de vías”.

Por último, el analista sostiene que “si se evalúan estos dos mecanismos de participación ciudadana encontramos: momentos claves en los que hubo una apropiación por parte de la ciudadanía. Pero se han enfrentado a otros obstáculos y vulnerabilidades; unas propiciadas por la institucionalidad, a través de decisiones judiciales que frenan ese ímpetu; y otras que son factores externos que atacan y crean vulnerabilidades en los mecanismos de participación ciudadana como: desconfianza, intimidaciones, presiones, etc”.

Para el docente de la maestría de Comunicación Política de la Universidad Externado, Carlos Arias, “muchos de los mecanismos de participación política en Colombia nacieron muertos. Si uno habla específicamente de la revocatoria, esta se basa sobre el plan de gobierno y la ejecución de la misma puede tener muchas variables que lo lleguen a impedir, ya sea que la aprobación del Concejo no llega, o, por ejemplo, en el caso de la pandemia, las coyunturas y las circunstancias hacen que la ejecución se tenga que desviar por fuerza mayor”.

Según indica, “no es que el mecanismo no sirva o no sea necesario. Por supuesto que es necesario, pero nació mal diseñado porque no se puede hacer una revocatoria al mandato sobre el análisis de indicadores de plan de gobierno cuando este no tiene indicadores de resultados en el corto y mediano plazo. Hasta que no sea modificada la implementación de la revocatoria del mandato va a seguir siendo un saludo a la bandera o un ejercicio de revanchismo político”.

Si bien en estos tiempos de pandemia la discusión se ha concentrado en por qué la Registraduría no ha dado el aval para la recolección de firmas con protocolos, o por qué no ha diseñado una alternativa como la firma virtual; la discusión sobre el uso e implementación de los mecanismos de participación ciudadana no es nueva.

Pero, si bien han presentado problemas desde su creación, no debería perderse el propósito con el que los mecanismos de participación fueron creados por la Constitución, que la ciudadanía se pueda pronunciar sobre los asuntos que la afecten y lo más importante ejercer un control político sobre sus gobernantes.