El miércoles 30 de agosto, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Alcaldía de Ibagué terminar por mutuo acuerdo el convenio interadministrativo que suscribió el ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) con la empresa Infotic S.A., esto luego de varios cuestionamientos que señaló desconocen el principio de transparencia.

Es que para la entidad, el negocio celebrado entre las partes "no está orientado a satisfacer intereses generales de la comunidad, sino a obtener ganancias o utilidades en el mercado bajo un esquema de libre competencia como cualquier particular". 

Esto porque Infotic recibiría a cambio de los servicios que ofrece, no solo la exclusividad en la actividad, sino un porcentaje de la tarifa que se le cobra al usuario por la duración del convenio, que como se conoce está pactado a 16 años.

Asimismo, la Procuraduría refirió que tal como se había dado a conocer en varias denuncias a la opinión pública, el desarrollo del contrato estaría en manos de un tercero, un aliado estratégico de Infotic, la empresa VYR S.A.S., que "no tiene la idoneidad ni la capacidad para desarrollar dicha labor".

La entidad además cuestionó que el ente gestor desestimará sin motivación, la propuesta presentada por los operadores de transporte el mismo día que celebraba el convenio con Infotic, el pasado 28 de junio, un día antes de que entrara en vigencia la ley de garantías electorales. 

"Se desconocieron los principios de transparencia y selección objetiva en la actuación que dio origen al convenio interadministrativo celebrado con Infotic S.A., dado que los operadores de transporte no tuvieron una real garantía de contradicción, pues la decisión de otorgar el sistema de recaudo a esta firma se dio antes de adoptar una decisión de fondo sobre su propuesta, presentada con fundamento en la facultad dada en el art. 117 de la Ley 1955 de 2019", refirió.

En medio del pronunciamiento, la entidad señaló que su decisión busca proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la libre competencia económica, el acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente. 

Importantes vías de la ciudad estuvieron bloqueadas ante la solicitud del gremio ‘naranja’ de que se liquidara el convenio con Infotic. / Foto: Archivo - EL NUEVO DÍA.

Las solicitudes

Tras lo expuesto por el ente de control, el mismo además anunció una serie de peticiones que le hizo al gobierno de Andrés Hurtado sobre el tema.

- A la junta directiva de Setp Ibagué S.A expedir la correspondiente autorización al gerente de la entidad para materializar la terminación del contrato de mutuo acuerdo.

- Al Setp Ibagué S.A revocar la resolución “por medio de la cual se justifica una contratación directa en el sistema estratégico de transporte público de Ibagué SAS”.

- A la gerencia del Setp Ibagué S.A revocar el acto administrativo que rechazó la propuesta de los operadores de transporte tras señalar que no reúne los requisitos técnicos, legales y financieros. 

- Evaluar y expedir una decisión de fondo de la propuesta presentada por los operadores de transporte.

- En caso de que esta no cumpla los requisitos deberá garantizarse el derecho de contradicción de las partes interesadas. 

- Si los operadores de transporte no cumplen los requisitos establecidos en la ley, Setp Ibagué S.A.S. deberá acudir a la modalidad de contratación de licitación pública.

"Celebramos el pronunciamiento"

Una vez se conoció la petición de la Procuraduría, la Asamblea Nacional de Transporte se pronunció, su presidente ejecutivo, Alejandro Quiroga celebró lo expuesto por la entidad para que se dé por terminado el convenio suscrito, "esto no solo reafirma lo que nuestras bases transportadoras en Ibagué venían resaltando y denunciando, sino la posición de la Asamblea de que este contrato se debía dar por terminado. Celebramos desde las huestes del transporte que se proteja la industria del transporte y especialmente el Setp de Ibagué", expuso.

En ese sentido, resaltó que le harán acompañamiento al acuerdo firmado con la Alcaldía el 9 de agosto y a las reuniones que se pactaron para cumplir con varios de los ítems acordados con el alcalde Andrés Hurtado y con el acompañamiento del Ministerio de Transporte. 

Alcaldía hace análisis

En diálogo con esta redacción y sin ahondar mucho en lo expresado por el ente de control, el gerente del ente gestor, César Yáñez indicó que se hace un análisis de las decisiones que se deben adoptar, "se está haciendo el análisis jurídico y lo que eso implicaría técnica, financiera y jurídicamente en el desarrollo del cronograma del Conpes y sus obligaciones. Y se está estudiando lo establecido en la ley 2294 (Plan Nacional de Desarrollo) y sus implicaciones. Ya que esto puede poner en riesgo a futuro los recursos que desembolsa el Gobierno nacional", expuso el funcionario.

Los caminos que existen

Camilo Ossa, abogado, expersonero de Ibagué y quien ha seguido los movimientos que ha hecho la Alcaldía de Ibagué en el marco de la implementación del Setp, destacó la posición que adoptó la Procuraduría e indicó que con todos los cuestionamientos que hizo el ente de control se da a entender que existe "una aparente evasión de la ley 80 de 1993 (que da las pautas en las contratación estatal)", si bien dijo que pudo haberse dado un poco antes el pronunciamiento, celebró el hecho de que se haga cuando aún está suspendido el convenio, dándole una oportunidad a la Administración municipal para que enderece el camino. 

Además porque no solo se puso de presente las presuntas falencias frente a la calidad del convenio y su contratista, sino porque se verificó la validación que le hizo a las propuestas que allegó el gremio transportador. 

Camilo Ossa, abogado

En ese sentido, Ossa indicó que el convenio debe terminarse como lo pidió la entidad y señaló que existen dos escenarios; uno que se haga de forma conciliatoria entre las partes y otro a través de una acción popular.

"A través de una conciliación extrajudicial puede la misma Alcaldía puede convocar a Infotic y de mutuo acuerdo dar por terminado este convenio, creo yo que esa sería la mejor alternativa, a la cual debería incluso acceder el mismo Infotic, dado que ellos también incurren en ciertos errores que son graves y es que por ejemplo, en su momento pues no manifestaron pública y abiertamente que se encontraban en esa situación económica o empresarial", reseñó.

La otra alternativa es "la de acudir a un juez para demandar el convenio, bien puede ser a través de una acción popular en busca de salvaguardar un interés colectivo como es la moralidad administrativa, o en su defecto, como ellos son parte del contrato, revisando las obligaciones y el posible cumplimiento o incumplimiento del clausulado del convenio y demandar en un proceso de nulidad contractual", señaló Ossa.

El abogado indicó que es necesario que las entidades de control además revisen si con la firma del convenio se llegaron a vulnerar normas de contenido disciplinario o de tipo penal, pues advirtió que una eventual terminación del convenio con la empresa de Manizales no hace que desaparezca una falta, "invitamos a los demás órganos de control, a la misma Procuraduría en su función de vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos y a la Fiscalía, que si ellos encuentran que se vulneró alguna norma de contenido disciplinario o penal, pues que arranquen las investigaciones correspondientes. Ibagué necesita salvaguardar los recursos públicos, que se mantenga un respeto a la ley y poder enderezar el Setp porque sí se necesita". 

Frente a un impacto en el cronograma que está previsto en el documento Conpes 4017 que le da vida al Setp, el expersonero indicó que "si bien aparecía desde ya la suscripción de este convenio para comenzar a buscar e implementar la tecnología que hay que llevar a cabo, materialmente no influye, porque todavía hace falta el cumplimiento de muchos pasos adicionales, por ejemplo; la semaforización, recuperar la malla vial, paraderos, temas que son necesarios antes de que entre en ejecución y operación el sistema. Materialmente aún no, pero formalmente es posible que sí se altere el cronograma", explicó el profesional.

No obstante, reseñó que ante una terminación definitiva del convenio, la Alcaldía puede de forma inmediata reiniciar el proceso, "y hacerlo como lo señala la ley, invitar a los transportadores, si están todos unidos y cumplen con los requisitos señalados en la ley, celebrar un nuevo contrato y sino acudir a la licitación pública. Esos son los mecanismo que se pueden empezar a adelantar si se hacen con prontitud, se puede comenzar a equiparar el programa", puntualizó. 

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