COLPRENSA

Esta semana, el Senado de la República aprobó en el segundo de ocho debates el proyecto de reforma política y con él la posibilidad de que en las próximas elecciones de corporaciones públicas se implemente de manera obligatoria el mecanismo de listas cerradas, una de las propuestas que más tiene respaldo por parte de los partidos y de la opinión pública.

Sin embargo, en el articulado persisten algunos puntos que aún no logran la aceptación total de los distintos sectores.

Según lo votado, las listas cerradas podrán ser elegidas al interior de los partidos a través de diferentes mecanismos de selección. De esta manera, las colectividades podrán seleccionar de manera autónoma los integrantes de dichas listas a través de consultas populares, encuestas internas o acuerdos al interior del movimiento.

En la aprobación de esta iniciativa también se incluyó que la selección se realice un único día para todas las colectividades participantes en las elecciones, para así evitar que miembros de ciertos partidos salten a otros movimientos si no son incluidos en la lista.

Los pro y los contra

El hecho de que saliera adelante esta propuesta fue celebrado por distintos sectores, en especial por quienes impulsan la reforma, como el Gobierno, en cabeza de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el senador ponente del partido de la U, Roy Barreras. Sin embargo, algunos de los puntos que también lograron ser aprobados siguen generando polémica.

“Hemos aprobado la reforma política anticlientelismo y anticorrupción. Tiene varios ejes para evitar la financiación mafiosa y corrupta. También incluye paridad de género, financiación estatal y democracia interna en los partidos”, dijo el senador Roy Barreas, mientras que la ministra del Interior afirmó que fue un paso importante lograr sacar adelante este importante punto.

Para la experta en política de la Universidad Javeriana, Claudia Dangond, tener elecciones a cargos de corporaciones públicas con listas cerradas es uno de los puntos más positivos de la reforma porque fortalece los partidos políticos.

“Creo que ayuda a que de verdad movimientos y agrupaciones políticas que ofrecen alternativas de modelos de Estado, de economía, de sociedad, se agrupen alrededor de unos programas ideológicos y principios que se diferencien unos de otros, cosa que no sucede cuando se tienen listas abiertas, en las que se busca más un trabajo clientelar, pero no un programa ideológico”, asegura la experta.

Sin embargo, agrega Dangond que es posible que este punto tenga algunas objeciones en la Cámara de Representantes, donde deberá ser discutida en los próximos días, porque, obviando los partidos tradicionales, la mayoría de las colectividades no están organizadas de manera ideológica, sino de los llamados ‘caudillos’ regionales.

El profesor de la Universidad Externado Carlos Andrés Arias Orjuela, pese a que sostiene que la reforma política no está pensada para el sistema político colombiano actual en ninguno de sus puntos, dice que en el escenario ideal las listas cerradas significarían un fortalecimiento de los partidos, pero que en las actuales condiciones, donde la política del país se maneja a través de maquinarias, se fortalecería el llamado ‘bolígrafo’ en manos de los directores de los partidos desde Bogotá, como en épocas anteriores.

“La lista cerrada no les permite surgir a nuevos movimientos y liderazgos de la región porque tendrían que esperar a que el bolígrafo del director del partido los señale para poder ser los representantes ante los ciudadanos. No estoy diciendo que la lista cerrada como tal sea nefasta. Las democracias organizadas y mucho más avanzadas que las nuestras así funcionan”, agrega.

Otros puntos

Otro de los puntos que logró aprobarse en el Senado es el que permite que el gasto del 20% del Presupuesto General de la Nación sea decidido por el Congreso. De acuerdo con algunos opositores, el hecho les devuelve la ‘mermelada’ a los congresistas.

Una de las defensoras de este punto fue la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien sostuvo que con esta iniciativa se garantiza el manejo transparente del presupuesto, se eliminan los auxilios parlamentarios y la mermelada. Defendió que se le devuelve al Congreso una de las funciones principales, que es poder tomar decisiones en la manera como el Ejecutivo invierte los recursos del país.

La senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde lamentó que en el artículo aprobado no se hubiese incluido un parágrafo para definir los criterios de distribución que garantizaran la equidad en los territorios y el manejo transparentes de los recursos para evitar la corrupción.