En la diligencia, que completó las 12 horas, la Fiscalía presentó una serie de pruebas que lo responsabilizan por cometer presuntas irregularidades en el interior del Ministerio Público, de ahí que las investigaciones continúen, no obstante, el delegado del ente acusador expuso dos casos puntuales sobre la conducta de Garzón Rincón.

El primero de ellos tiene que ver con la exigencia por parte del procesado de 300 millones de pesos en 2019 al senador Richard Aguilar, para favorecerlo en un contrato de vigilancia privada suscrito en 2012, cuando este era gobernador de Santander. Este requerimiento se habría hecho durante una reunión en Bucaramanga en la que estuvieron Carlos Arturo Rojas y Raúl Eduardo Cardoso Navas.

El segundo lío judicial que enfrenta Garzón Rincón se debe a una supuesta injerencia que el exfuncionario tuvo en una acción de tutela instaurada por el mayor de la Policía Manuel Alejandro Rondón, para que se le reconociera el pago de un dinero que dejó de recibir por 55 meses. Es decir por el tiempo en que estuvo suspendido por cuenta de un proceso disciplinario y por el cual presuntamente habría exigido dinero a través de una de sus hermanas.

Además de las labores de investigación en contra de Garzón Rincón, el delegado del ente acusador expuso que adelantan indagaciones dentro del Ministerio Público sobre la manipulación de un proceso disciplinario en el caso del excombatiente de las Farc 'Jesús Santrich' y la destrucción de papeles en una máquina picadora, entre otras acciones.

Garzón Rincón se declaró inocente por el delito imputado y por lo tanto la Fiscalía procedió a exponer el porque es necesario que este hombre sea privado de su libertad ya sea en su casa o en un centro carcelario, bajo tres criterios: obstrucción a la justicia, peligro para la comunidad y peligro para las víctimas.

En primera medida argumentó que Jesús Alejandro Garzón Rincón puede obstruir a la justicia “porque su comportamiento ante el requerimiento de las autoridades está orientado a entorpecer la actividad judicial”, además, “que se infiere que al parecer ha inducido a los coimputados Carlos Arturo Rojas y Raúl Eduardo Cardoso Navas para que se comporten de manera desleal y reticente”.

También dijo que el poder de Garzón Rincón es grande por lo que puede interferir en los procedimientos de las autoridades que lo investigan y si continúa en libertad podría obstaculizar el proceso de los demás investigados.

Frente al peligro que este hombre representa, para la comunidad la Fiscalía dijo que se: “ponen en riesgo los usuarios del sistema disciplinario que emite las decisiones más importantes sobre alcaldes gobernadores y altos funcionarios”. Además de que si no se hace algo frente a este tema “ se estaría remitiendo a la ciudadanía un concepto erróneo sobre lo que es un servidor público que tiene el deber de velar por la correcta administración de justicia”.

Por último, argumentó que hay peligro en contra de las víctimas porque se podría atentar contra esta, su familia y sus bienes. Por estas razones solicitó a La juez 36 de Garantías de Bogotá la medida de aseguramiento.

Por su parte el abogado defensor pidió que no se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad porque no existen pruebas que sustenten las afirmaciones de la Fiscalía, ya que según él este proceso “se basa en un chisme de un congresista y en una comunicación con una sugerencia con un mayor de la Policía”.

Además según él, no existen elementos que justifiquen esta medida bajo los argumentos de la Fiscalía porque en este momento no hay como probarlo. También adujo la grave condición de salud en la que se encuentra su defendido producto del Covid-19.

Al finalizar la audiencia Garzón Rincón habló por unos minutos donde dijo que era inocente y que la orden de captura fue muy mediática porque fue capturado "antes los ojos de mi hija, el dolor que eso representa para mi jamás se borrará".