Todo el tire y afloje que ha habido detrás de la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no es simplemente una cuestión de formas diplomáticas.

El Gobierno, inicialmente reacio a la visita (la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo en un primer momento que había que dejar actuar a las autoridades colombianas primero), finalmente la terminó aceptando, aunque con la condición de que se escuchara a los funcionarios de los organismos de control y a los colombianos afectados por los bloqueos y las marchas.

Informe definitivo

El pasado jueves, un grupo de miembros del Centro Democrático estuvo en Washington tratando de llevar a la Comisión la voz de lo que ellos consideran son los otros afectados del paro nacional, mientras que los miembros del Comité de Paro tienen ya listo un documento con el que pretenden demostrarle al organismo que el Gobierno, con su negativa a acordar unas condiciones de seguridad para los manifestantes, está violando también los derechos humanos.

¿Por qué esta visita, que se llevará a cabo a partir del próximo martes, despierta tantas expectativas? Si bien las decisiones de ese organismo no son obligatorias ni la visita en sí misma puede llevar a una condena para Colombia, no por eso su significado a nivel diplomático es menos importante.

Según Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, la visita de la Comisión va a terminar en un pronunciamiento que así no sea favorable para el Gobierno, debe acatarlo.

“Ese informe es vital en la legitimidad del Estado colombiano frente a la comunidad internacional. Colombia ha sido un Estado muy respetuoso del sistema interamericano. Salvo en los ocho años de Uribe, ha tenido muy buenas relaciones con las oficinas de Derechos Humanos. Lo que diga el grupo de trabajo va a ser vital en esa relación que ha estado muy maltratada”, afirma.

Jorge Iván Cuervo, profesor del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia, añade que bien aprovechada, la visita de la Comisión podría contribuir al diálogo entre las partes.

“La CIDH tiene unos protocolos de recolección de información sobre lo que ha pasado. En este momento hay mucha discusión sobre las cifras de los muertos y desaparecidos, allí la Comisión puede dictar el protocolo para considerar a una persona desaparecida. Además puede dejar recomendaciones muy puntuales para el protocolo del uso de la fuerza, ellos tienen varios documentos en donde explican cómo se debe proceder en esos casos  y arrancarle compromisos al Estado en ese sentido”, afirma.

Y en eso coincide, Jaramillo: el informe de la Comisión “crea transparencia en hechos donde no los hay, en Colombia el Estado dice que ha habido casos aislados en el uso de la fuerza, no hay sistematicidad y lo que ha dicho la oposición es que sí hay. Eso la comisión lo puede determinar”.