En efecto, el juez Ariel Arias Núñez, del Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá, ordenó suspender la licitación teniendo en cuenta que el accionante, Nicolás Calderón Grisales, solicitó el amparo de su derecho fundamental a la libertad de culto y libre desarrollo de la personalidad, consagrado en la Constitución.

El fallo tiene fecha del 2 de agosto (el pasado lunes) y aclara que hay un término de hasta 48 horas –que se vencerían este miércoles– para suspender el trámite de adjudicación en la plataforma de compras públicas Secop II.

EL COLOMBIANO le consultó a la Policía si ya había sido notificada oficialmente de la decisión del juez, y aunque no hubo confirmación en torno a ese aspecto, desde la institución sí reconocieron que el proceso de adquisición se frenará y que se analizará a fondo la decisión judicial para determinar si se impugna o no el fallo.

El pasado 2 de junio, a través de un comunicado, la Policía confirmó que los 720 libros religiosos se destinarían a 64 capellanías y tendrían un valor total de $35.928.000.

En ese momento, la institución dijo que “en vigencias anteriores, se ha realizado la adquisición de biblias en cumplimiento de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Estatutaria 133 de 1994, declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-088 de 1994, que se refiere a la libertad religiosa y de cultos”.

Voz de los expertos en este contexto, desde la óptica de Sergio Fernández, docente investigador del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, el caso de las biblias “se configura como una violación al principio de laicidad, que ordena al Estado separarse de las organizaciones religiosas y comportarse de manera neutral en materia religiosa e ideológica”.

Así mismo, aseveró que no es función de la Policía evangelizar y sus compras deben orientarse a los instrumentos encaminados a garantizar la seguridad ciudadana. Con la decisión del Juzgado 15, a juicio del profesor, no se desconoce el derecho de los uniformados católicos a vivir su fe, toda vez que no es el Estado el que debe asumir la compra o entrega de material religioso para sus funcionarios.

Ante esta situación, Jean Carlo Mejía, docente, investigador y perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expuso que tradicionalmente en la Fuerza Pública se ha asumido que la fe católica impera entre los uniformados. A pesar de ello apuntó que esto ya ha ido cambiando desde hace algunos años y “lentamente se está entendiendo la diversidad de culto”.

“Históricamente –señaló Mejía– hay fuerzas más conservaduristas como la Policía y la Fuerza Área Colombiana (FAC), y otras un poco más liberales como la Armada y el Ejército, que son una amalgama de todo”.

Desde su perspectiva, la separación entre la institución y la religión se dará de manera progresiva con cada relevo generacional en el interior de la Fuerza Pública.

Respecto a la compra de las biblias, de no ser impugnada la decisión del Juzgado 15, pasará a revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.