El presidente Lenín Moreno camina ‘en la cuerda floja’ en Ecuador.

Pese a que el mandatario ecuatoriano logró, el pasado lunes, conjurar la crisis y poner fin a las protestas que durante 12 días sacudieron el país, luego de alcanzar un acuerdo con el movimiento indígena, lo cierto es que pasó factura a su gobernabilidad y afectó la confianza en el contexto internacional.

Quedó debilitado en la medida en que se vio obligado a ceder y revertir una serie de medidas económicas claves para garantizar el futuro del país, entre ellas dar marcha atrás al decreto 883, de desmonte de subsidios a los combustibles, en últimas el detonante de las movilizaciones sociales.

Tampoco hay que descartar que la oposición, encabezada por el correísmo (afines al expresidente Rafael Correa) podría lograr capitalizar este impasse político para abonar el camino de una salida de Moreno del poder.

El gobierno de Moreno queda con una estabilidad comprometida, que deberá atender de manera estratégica con un enfoque de participación ciudadana amplia, es la lectura de David Peña, docente de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab.

Según él, el mandatario ecuatoriano tendrá que hacer concertaciones a fin de crear nuevamente confianza y credibilidad para efectos de buscar que los ingresos económicos del Estado verdaderamente les lleguen en respuesta a las necesidades que en derechos económicos sociales y culturales tienen en el pueblo ecuatoriano, con prelación a los más vulnerables.

“Es decir que el tema del subsidio de la gasolina, tiene que servirle al Gobierno y a los ecuatorianos para redireccionar la política financiera y social de Ecuador”, subraya Peña.

De hecho, resalta en esa línea, que Moreno debería servirse de establecer una confianza con los indígenas y los demás movimientos que puedan fortalecer las propuestas concertadas con ellos “y así probablemente debilitar los intereses políticos que al parecer aprovecha la oposición para conseguir la ingobernabilidad y deslegitimar” su mandato.

Para poner en contexto lo sucedido en Ecuador, Javier Garay, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Externado de Colombia, señala que se deben tener en cuenta dos elementos: el desempeño económico en los países y las expectativas que generan ciertos gobiernos.

Sobre este último punto, explica que el caso de Ecuador, el gobierno anterior, de Rafael Correa, generó un modelo intervencionista y un Estado paternalista.

Una de las expresiones de este modelo, reitera, el subsidio a los combustibles, que fue de buen recibo por la población. Sin embargo, advierte que cuando hay una decisión de eliminarlos, se genera este tipo de reacciones de fuerza en las calles.

Después de la crisis, el gobierno de Moreno si bien logró eliminar las manifestaciones y neutralizar las amenazas por ahora, solucionando el problema en el corto plazo, Garay considera que marca un derrotero, o “una señal en la que todo lo que vaya a hacer Moreno va a estar mediado por grupos indígenas”.

“Puntualmente quiere decir que va a tener que mantener la continuidad de las medidas, que había tomado de Correa”, durante la década que gobernó, alerta el docente de la Universidad Externado.

Es más, dice que lo más probable es que cualquier intento de reforma que vaya en contravía de los intereses percibidos por estas asociaciones, pues van a generar nuevas manifestaciones.

En ese escenario, Garay identifica un elemento muy importante: el agotamiento fiscal. Es decir, problemas que se van configurando, ya que el Estado ecuatoriano no tiene la posibilidad de seguir gastando como a finales de los años 2000 y esto condicionará mucho la agenda reformista de Moreno.

Frente a este tema, Andrés Castro, decano e investigador de la Universidad Piloto de Colombia, remarca que una de las razones por las cuales se plantea esta reforma por parte del gobierno ecuatoriano, es precisamente para aliviar el déficit fiscal que tiene en este momento el país, y del cual depende en gran parte los subsidios.

Es asunto muy sensible que no se venía tocando hace más de 40 años en Ecuador, recuerda el experto, quien agrega que para Moreno es un tema de mucha cautela, sobre todo frente a la conversación con el Fondo Monetario Internacional, FMI.

En febrero pasado, el gobierno de Moreno alcanzó un acuerdo con el FMI para recibir en tres años un total de $ 10.200 millones. A cambio, el FMI espera que Ecuador implemente varias reformas estructurales que reduzcan el déficit fiscal y la deuda externa.

El problema, ahora, advierte, es que una de las condiciones que esperaba esa confianza en el entorno internacional, era que se mantuviera firme en esa reforma económica que planteaba Moreno, porque de alguna manera le daría una mejor situación al país en términos de aliviar la deuda pública y de favorecer el crecimiento de una economía débil.

“Lo que más se está afectando es el tema de confianza frente al contexto internacional de lo que se esperaba con esta reforma económica para Ecuador”, enfatiza Castro.

Sumado a ello, el investigador de la Universidad Piloto reconoce que la situación es insostenible, y especialmente en lo que concierne al gasto público, que está por el orden de los 4.5 billones de dólares, que ya de hecho tiene un impacto negativo en la región.

El gobierno ‘quedó mal parado’

Isaac Bigio, politólogo, economista e historiador que enseñó gobierno y administración pública latinoamericana en la London School of Economics, supone que el gobierno de Lenín Moreno ahora buscará aplicar otras medidas de ajuste pero “graduales” y “consensuadas”, lo cual ha de implicar que intente un tipo de cooptación de dirigentes sociales a su plan, el cual requiere de una serie de recortes como condición para recibir los préstamos del FMI.

Aunque admite que por el momento el presidente “Moreno parece haber logrado desviar el huracán social, su gobierno ha quedado mal parado y muy debilitado”, al tiempo que no descarta que “él vuelva a tener la misma suerte de los numerosos gobernantes que antes tuvo Ecuador, los cuales acababan cayendo bajo la protesta popular”.