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Fui testigo de dos eventos encaminados a evitar el olvido. El primero, organizado por el profesor Hernando Parra, rector del Externado, fue una sobria pero solemne ceremonia en la plazoleta de la universidad. Allí se inauguró el “Jardín de los Ausentes” para rendir homenaje a los docentes asesinados ese seis y siete de noviembre, y las otras víctimas por su posición enhiesta contra el narcotráfico que quería arrodillar al Estado tumbando la extradición.
Ahí quedaron los nombres de Alfonso Reyes Echandía, Carlos Medellín Forero, Fabio Calderón Botero, Manuel Gaona Cruz, José Gnecco Correa, Darío Velásquez Gaviria, Rodrigo Lara Bonilla, Hernando Baquero Borda y Emiro Sandoval Huertas.
El otro acto fue organizado por el magistrado Carlos Orlando Velásquez, presidente del Tribunal de Ibagué. Se celebró en Chaparral, tierra natal de Reyes Echandía, y se ocupó de analizar el alcance de expresiones pronunciadas ese día fatal de 1985: “que cese el fuego” o “defendiendo la democracia maestro”, por ejemplo.
El foro fue presidido por el magistrado Luis Hernández Barbosa, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y contó con la participación de magistrados, jueces, fiscales y juristas de la región. Fueron dos horas de evocación y análisis. Se volvió a insistir en el aún no aclarado tema del extraño retiro, a pesar de las amenazas, de la vigilancia del Palacio.
Ivanov Arteaga, magistrado del Tribunal de Ibagué, leyó una proposición aprobada por esa corporación judicial el 3 de octubre de 1985, un mes antes de la tragedia. Transcribo apartes: “al rechazar enérgicamente los procedimientos puestos en conocimiento de la opinión pública por nuestro más alto tribunal de justicia, solicitamos encarecidamente al señor presidente de la República, a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás organismos de seguridad del Estado, presten todo su contingente, para que esas amenazas no se concreten jamás…”
Ya se sabe que en un debate el ministro Vega Uribe llevó una prueba falsa para atribuirle al presidente Reyes Echandía la orden del criminal retiro de la vigilancia del Palacio que facilitó la toma guerrillera. Ojalá en la JEP los miembros sobrevivientes del M-19 cuenten la verdad sobre este episodio.
Sobre el hecho de que no se permitiera una negociación para liberar a los rehenes, se dijo en el foro que el establecimiento, salvo en esa ocasión, siempre ha negociado con terroristas. En 1969, Carlos Lleras Restrepo, con autorización del consejo de ministros, le dio la orden al Ejército de que se retirara de una zona del departamento de Caldas para que los familiares del exministro Fernando Londoño y Londoño pudieran negociar su liberación con unos delincuentes comunes.
En gesto que lo enaltece ante la historia, y frente a un hecho similar, también con el grupo terrorista M-19, el presidente Turbay, para salvar la vida de los rehenes, negoció pacientemente sin ceder a sus obligaciones constitucionales.
Después del Palacio el establecimiento volvió a negociar con los mismos guerrilleros para liberar al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, cuyo secuestro fue uno de los antecedentes de la Constitución del 91.
A mi mente vinieron algunos recuerdos sobre lo que eran las cortes. Para empezar, no había tantas “altas cortes” y en su integración no intervenía el Presidente ni el Congreso. Los magistrados solo tenían un magistrado auxiliar. No andaban en caravanas de carros blindados. Redactaban sentencias cortas que solo eran conocidas cuando estaban firmadas. No tenían funciones electorales. No había tantos costeros -y/o costosos- “encuentros de la jurisdicción”.
Los magistrados de entonces no cedieron a la presión de los narcos para tumbar la extradición como sí lo hicieron, en decisión dividida, los que los sucedieron en 1986 y los constituyentes -con trece valientes excepciones- en 1991.
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