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En el país existen 281 instituciones de educación superior y 214 (el 76%) son privadas. La calidad de los servicios que prestan está regulada por el sistema nacional de acreditación, cuyo órgano máximo es el Consejo Nacional de Acreditación. Del total de universidades en el país, tan solo el 27% (es decir, 77) se encuentran acreditadas institucionalmente y el 68% de estas (es decir, 52) son privadas. En el Tolima solo están acreditadas la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué.
Estas cifras permiten analizar algunas de las medidas que el gobierno nacional ha tomado durante la pandemia para apoyar al sector educativo. Un total de $97.500 millones de pesos fueron destinados con este propósito en el segundo semestre del año pasado, pero dirigidos exclusivamente a universidades públicas. Esta distinción entre universidades públicas y universidades privadas no solo es innecesaria, puesto que como ya se dijo la educación es un servicio público que puede ser ofrecido por ambos tipos de instituciones, sino que, además, es fuente de discriminación entre los estudiantes de bajos recursos económicos. Veamos.
La matrícula cero es una estrategia que ha sido utilizada para que los estudiantes de universidades públicas puedan continuar con sus estudios, como respuesta al efecto negativo que la pandemia ha tenido sobre las finanzas de la población más pobre. Sin embargo, un porcentaje importante de los jóvenes que asisten a universidades privadas en el país pertenecen a los estratos sociales bajos.
La Universidad de Ibagué, por ejemplo, cuenta con 5000 estudiantes, de los cuales el 85% pertenecen a los estratos 1, 2 o 3, es decir, los mismos estratos de sus coterráneos que asisten a la Universidad del Tolima y quienes, por efecto de la política de matrícula cero, no deben pagar por sus estudios. Por lo tanto, esta política que están utilizando varias gobernaciones del país, deja de lado a jóvenes que necesitan de apoyo económico para sufragar su matrícula, solo por el hecho de haber tomado la decisión de estudiar en una universidad privada. Vale la pena aclarar que cerca del 90% del total de ingresos de la gran mayoría de universidades privadas del país proviene de las matrículas que pagan sus estudiantes de pregrado.
Una manera de reducir esta inequidad en el acceso a la educación superior en el Tolima consiste en constituir un fondo público de becas, que también cobije a jóvenes de bajos recursos económicos que estudien programas acreditados de alta calidad en universidades privadas. Estos jóvenes, en contraprestación, podrían dedicar 20 horas a la semana para apoyar programas sociales que tanto se necesitan en nuestra región y que no cuentan con suficiente recurso humano para desarrollarlos.
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