Gratuidad en la educación superior: una idea a mitad de camino

Su regla de oro fue invertir en educación. Pero esta política es efectiva si se cumplen tres condiciones: 1) que sea financiable en el largo plazo, 2) que asegure el acceso a la gran mayoría, 3) que reduzca el desempleo juvenil. 

Gratuidad en educación superior no significa que nadie pague, sino que la matrícula no la tiene que pagar el estudiante. Por lo tanto, los recursos provienen de otras fuentes. Se estima que la actual propuesta del gobierno tendrá un costo cercano a los dos billones de pesos por semestre (una quinta parte de la reforma tributaria). ¿Tendrá el país capacidad de maniobra para financiarla indefinidamente? Otros países han desarrollado esquemas alternos. En Australia ningún joven paga su matrícula mientras está estudiando. Recibe un crédito sin mayores requisitos que es contingente a su ingreso. Es decir, una vez graduado, destina un bajo porcentaje de su salario a saldar esta deuda; si no trabaja, no paga. De esta manera, después de una inversión inicial, el mecanismo de gratuidad es autosostenible. Además, los jóvenes beneficiados comprenden la importante de la solidaridad. En Colombia, la Ley 1911 de 2018 regula el crédito contingente al ingreso, solo se requiere voluntad política para reglamentarla.

El sistema de educación superior en Colombia tiene 2´400.000 estudiantes, una cobertura cercana al 50%, pero casi la mitad no logra graduarse. La mitad de estos estudiantes está en universidades privadas que son el 76% del total, un buen número de ellas son de excelente calidad (el 68% de las acreditadas institucionalmente) y, contrario al imaginario colectivo, una parte importante de su población es de estrato 1, 2 o 3 al no encontrar cupo en las universidades públicas. Por lo tanto, si la política del gobierno está dirigida únicamente a jóvenes de estos estratos en universidades públicas, se está dejando por fuera a casi la mitad de quienes necesitan de este apoyo. 

A propósito, los ingresos de las universidades privadas dependen en un 90% de las matrículas del pregrado. Si estos jóvenes no reciben apoyo es probable que varias desaparezcan debido a los estragos causados por la pandemia. ¿A dónde estudiarán estos jóvenes? Las universidades privadas han crecido porque no existe cupo en el sistema universitario público (la Universidad Nacional recibe al 10% de sus aspirantes). En el peor escenario, ¿qué pasaría con los cerca de 200.000 profesores(as) que trabajan en estas universidades y los miles de funcionarios que quedarían desempleados?

Finalmente, un desempleo juvenil superior al 30% (37% en el caso de Ibagué) es una bomba de tiempo que las actuales marchas están haciendo visible. Como lo ha repetido el director del Dane, un porcentaje importante de estos jóvenes son profesionales. Esto sugiere la necesidad de un plan decenal de educación superior que sea respetado por sucesivos gobiernos y que se articule con las estrategias de desarrollo productivo del país. La educación, por sí sola, no genera empleo ni desarrollo.