Empleo y corrupción

Primero, de acuerdo a lo planteado en la columna de la semana anterior, seguimos con el problema de aplicación y ejecución de las normas. Partamos de un principio básico y es la racionalidad de quienes realizan actos de corrupción porque valoran los costos y beneficios y, así, eligen y toman decisiones; ¿qué decisiones? Aquellas que le representen más beneficios, si es la transgresión a la ley, tomarán ese camino, si es el respeto a la misma, será por este último y ¿qué factores determinan el camino a seguir? Básicamente los siguientes, por un lado, la sanción o la pena –dependiendo del caso- a imponer y, por el otro, las instituciones, en concreto, la encargada de aplicar la ley.

Para Robert Cooter y Thomas Ulen, “El castigo de los delincuentes es probabilístico. Es posible que el delincuente no sea descubierto o aprehendido, o que sea aprehendido pero no condenado. Una persona que toma decisiones racionales toma en cuenta la probabilidad del castigo cuando considera cometer cualquier delito, incluido el abuso de confianza. Podemos decir que el abusador racional calcula un valor esperado del delito descontando la cantidad que espera ganar por la incertidumbre del castigo”. Dicho de otra manera, podemos tener leyes llenas de buenas intenciones, que pasarán a ser irrelevantes si quién está encargado de su aplicación no lo hace de acuerdo a los fines de su creación. En conclusión, la justicia es la piedra angular en la corrección del problema.

Segundo, la generación de empleo requiere una necesaria interacción entre el sector público y el privado, basada en la confianza, confianza para invertir, confianza para participar en procesos contractuales, confianza para emprender y un sinnúmero de etcéteras que derivan en incentivos para competir como herramienta para generar riqueza en el país. No es suficiente el diseño de una política macroeconómica o de solo incentivos o subsidios direccionados al sector productivo en la generación de empleo, es imprescindible acompañarla de una acción robusta y decidida contra la  corrupción.

  Estas características, sumadas a muchas otras, nos ha llevado, según el último Índice de Percepción de la Corrupción -2020- elaborado por Transparencia Internacional, a ocupar el puesto 92 entre 180 países, con una calificación de 39 puntos sobre 100 –donde, entre más cerca al 0 esté ubicado, hay más corrupción- y, si revisamos la quinta encuesta sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas del año 2017, realizada por la misma Transparencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia, el ¡96%! de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios en el país, algo que mina la confianza, tanto de ciudadanos como del sector productivo del país y genera desincentivos para invertir y crear oportunidades.