PUBLICIDAD
El primero ocurrió en el sur de Bogotá a finales de mayo y la víctima fue el señor Néstor Novoa, un adulto mayor que junto con su madre de 90 años sobreviven con la venta callejera de dulces y cigarrillos. Y fue por esta razón que salió a la calle desacatando el confinamiento ordenado para los mayores de 70 años; por ello fue capturado por unos jóvenes policías que lo esposaron y maltrataron hasta hacerlo sangrar, una imagen que circuló en los medios y causó gran indignación. Para documentar el hecho asistió un funcionario que participa en una Mesa de Trabajo que estudia casos de abuso policial, y afirmó que tienen 19 en estudio.
El segundo hecho también ocurrió en mayo, en Puerto Tejada-Cauca. La víctima fue Anderson Arboleda un joven afro de 21 años, quien falleció como consecuencia de los bolillazos que recibió en la cabeza, de policías que lo amonestaban por contravenir el confinamiento ordenado por las autoridades.
El tercero ocurrió el pasado 17 de junio en zona rural de Puerres, Sur de Nariño. Este fue un acto de extrema crueldad con animales, protagonizado por un soldado que aparentemente para divertirse, desde una altura considerable lanzó un pequeño perro que murió aplastado contra el piso.
El cuarto, aún más pavoroso, sucedió el 22 de junio en el corregimiento de Santa Cecilia, Municipio de Pueblo Rico, Risaralda, cuando siete soldados abusaron sexualmente de una niña indígena de 12 años.
Son actos brutales en sí mismos y mucho más repudiables cuando son perpetrados por agentes de instituciones que están llamadas a protegernos. Merecen entonces que sean investigados con máxima prontitud y sin dilación los responsables reciban las drásticas sanciones que corresponden.
Los ciudadanos valoramos en alto grado el trabajo de la Policía y del Ejército, a los que corresponde proteger nuestros derechos y procurar nuestro bienestar, y ello con frecuencia les implica poner en riesgo su vida misma, por lo cual merecen nuestra gratitud y solidaridad, pero actos como estos y otros que no logran tanto despliegue, atentan en materia grave contra la imagen de tan importantes instituciones.
En este contexto es pertinente recordar el hecho reciente de un brutal atropello policial ocurrido en Minnesota, Estados Unidos, contra George Boyle un afroamericano que murió asfixiado bajo la rodilla de un policía, a la vista de sus compañeros y de numerosos transeúntes que filmaron y divulgaron ampliamente tan escalofriante escena. Un caso que generó estallidos de violencia, multitudinarias marchas, algunas acompañadas de vandalismo, todo ello con consecuencias devastadoras y un alto costo para la imagen de la Policía y, en muy diversas dimensiones, también para los gobernantes y para el país en su conjunto.
Retomando los casos señalados en Colombia, con certeza son reacciones individuales que no responden a una postura institucional, pero los hechos demuestran que no son casos excepcionales, y nos convertimos en cómplices si permitimos que ellos se asuman como parte del paisaje. Es imperativo que se tome conciencia de que en Colombia, los ciudadanos mantienen una gran reserva de agresividad que parece estar a flor de piel, y atropellos como los señalados pudieran rebozar la copa y también provocar graves estallidos de violencia.
En consecuencia, es necesario hacer explícito el rechazo de la ciudadanía ante semejantes atropellos y requerir que las citadas instituciones hagan más, muchísimo más, para asegurar que la formación que reciben sus miembros en todos los niveles se refleja en su actuar, no sólo en cuanto a su calidad técnica sobresaliente sino, de modo especial en sus arraigados principios éticos y respeto a la Ley y a los Derechos Humanos. Así mismo, que las Instituciones garanticen mecanismos adecuados de control y seguimiento, recordando siempre que les corresponde dar ejemplo para ganar el respeto, confianza y solidaridad que requieren de la ciudadanía.
Comentarios