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Cuando esa realidad se ignora u olvida, resulta fácil pedir que el Estado use aquellos recursos para financiar casi cualquier asunto que se le ocurra a “personajes y grupos muy creativos”, aun cuando no generen beneficio a la ciudadanía ni aporten al desarrollo del país. Tal es el caso de burocracia desbordante, sueldos excesivamente altos para funcionarios públicos, gastos suntuarios, obras, monumentos y eventos con notables sobrecostos y que no responden a claros criterios de prioridad y austeridad; exenciones tributarias injustificadas, subsidios y aportes mal direccionados. Inclusive obras de beneficio privado que deberían ser financiadas por sus beneficiarios directos y tantos “elefantes blancos” que se encuentran en casi todas las regiones. Incurrir en estos despropósitos es un mal que, de tiempo atrás venimos sufriendo y ha contribuido a concentrar la riqueza en unos pocos y agudizar la inequidad social y la pobreza de la mayoría.
De este modo, la corrupción campea en muchos ámbitos del sector público y privado del país y resulta más devastadora que el mismo coronavirus, no solo porque roba oportunidades de bienestar sino porque induce a que un comportamiento tan aberrante se naturalice como algo inevitable.
La ubicación de Colombia en los primeros puestos de la lista de países más corruptos, como lo señalan revistas internacionales, no solo ha de ser motivo de vergüenza sino también un acicate para que la ciudadanía exprese rechazo a los involucrados, especialmente a gobernantes, al sistema de justicia y a los organismos de control, por no hacer más para eliminarla. La corrupción aporta a la violencia, a la dramática desigualdad social existente, a la flagrante situación de pobreza en que viven muchas comunidades.
En agosto de 2018 tuvo lugar la gran Consulta Popular Anticorrupción y más de once millones y medio de colombianos la apoyamos con nuestro voto entusiasta. No obstante, con desolación observamos que poco o nada ha mejorado, inclusive se afirma que con ocasión de la liberación de requisitos para la contratación por causa del Covid-19 se ha agudizado de manera flagrante. Entonces, corresponde a la ciudadanía actuar como veedora, denunciar los hechos de corrupción y exigir que se combata con acciones contundentes, teniendo claro que es mucha la culpa que recae en los entes de Control y en el Sistema de Justicia que poco o nada hacen, o lo hacen con extrema tardanza y, peor aún, muchos de sus funcionarios hasta llegan a aliarse con los corruptos, sobre lo cual conocemos múltiples casos. Se requiere entonces, una ciudadanía alerta, activa y consciente de su responsabilidad de velar por sus derechos, en el marco de una sociedad que se dice democrática.
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