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El tema viene al caso especialmente ahora, cuando la Contraloría General de la República ha detectado graves irregularidades en la entrega de alimentos contratados por el Icbf para atender niños que enfrentan extrema pobreza. El reporte señala que tales irregularidades pueden ascender a la enorme suma de $2.250 millones y que incluyen cerca de 28 mil raciones de alimentos entregadas a 15 mil beneficiarios fallecidos y otras anomalías como el caso de una mujer que recibió alimentación para 172 hijos. En el Icbf anotan que puede haber errores de digitación, pero todo ello deberá investigarse a fondo. Se trata de un delito aberrante en el que los agraviados en materia grave son los más vulnerables, los niños y los más pobres. Además, no es un hecho nuevo, son numerosas las ocasiones en que, con algunas variantes, se conocen denuncias de orden similar. A lo anterior se suman numerosos casos denunciados de robo y sobrecosto en la alimentación contratada para niños de escasos recursos de escuelas y colegios, igual que en los mercados destinados a población que padece pobreza severa y la desviación de subsidios dirigidos a ellos. Y tal parece que en estos tiempos de pandemia esos robos se han multiplicado. Habrá que reiterar entonces que robar a los pobres para enriquecer a los ricos es monstruoso, es perfidia, es perversidad extrema, y no podemos menos que expresar enorme indignación. Lamentablemente parece que la notable frecuencia y magnitud de la corrupción a través de las contrataciones con recursos públicos, de servicios y obras dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, hoy hace parte del paisaje y la justicia llega tarde, si llega. Allí están los miles de elefantes blancos que comenzaron con la idea de ser el gran hospital, un puesto de salud, colegio, escuela, programa de vivienda, acueducto, alcantarillado, puentes, vías, distritos de riego, programas de alimentación y transporte escolar, etc, etc. Todos recibieron importantes sumas de dinero y se anunciaron con bombos y platillos por los gobernantes, políticos y contratistas de turno, pero jamás se materializaron o quedaron a medias. Hoy muchos son escombros que deben demoler asumiendo costos elevados, porque el deterioro de los materiales o de las incipientes infraestructuras es muy grande, o porque fueron mal diseñadas, localizadas en zonas de alto riesgo o en terrenos que no contaban con la debida viabilidad. Entre tanto, las necesidades de las comunidades crecen y los problemas se agudizan en forma alarmante. Es evidente que a estos negociantes, tanto del sector público como privado, no les importa que literalmente están robando a los más pobres, lo hacen sin remordimiento alguno, sin piedad. Y como lo han señalado otros columnistas estamos ante la versión inversa de Robin Hood, roban a los pobres para llenar las arcas de los ricos. Lo sucedido con el robo de alimentos para los niños supuestamente protegidos por el Icbf, resulta en extremo indignante y el hecho de que haya ocurrido en forma reiterada debería implicar que se cuenta con mayores elementos para prevenirlo, pero no es así. Entonces, el clamor ante los organismos de control es grande, pero como es un fenómeno tan generalizado, no alcanzan a revisar todo cuanto deberían y en otros casos pasan por alto tan desmesurada corrupción porque optan por cohonestar con ella. Por supuesto la expectativa es que además de detectar las irregularidades, lo hagan con suma diligencia y se produzcan las sanciones pertinentes con máxima prontitud.
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