¿Avanzamos en equidad de género?

Carmen Inés Cruz Betancourt

Según proyecciones del Dane para 2020, la población de Colombia llega a 50.3 millones de habitantes, de los cuales 51.17% son mujeres. A su vez, el potencial electoral asciende a 36.602.752 personas y de éste el 51.57% son mujeres; esto, en teoría, podría significar un peso importante de las mujeres en la decisión de elegir congresistas y gobernantes, mujeres y hombres, genuinamente comprometidos con la equidad de género y en general con la democracia y la justicia social. Observamos, sin embargo, que en 2018 las mujeres elegidas al Congreso conforman solo el 19.7%; así, actualmente del total de 278 parlamentarios solo 55 son mujeres (32 Representantes y 23 Senadoras). A su vez, del total de 32 gobernadores solo dos son mujeres (6.1%) y entre los 1099 alcaldes elegidos solo 132 (12%) son mujeres.
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Lo anterior refleja la magnitud de la llamada “brecha de género” o inequidad de oportunidades entre hombres y mujeres en demérito de éstas, en un escenario crucial como es aquel donde se toman las decisiones de mayor impacto en la vida de las comunidades, y aún en aspectos de la vida íntima de las mujeres. Esto es, el campo de la política que define quiénes gobiernan y legislan en los niveles, nacional, regional y local. 

Si observamos la situación en el Tolima, encontramos que a la fecha ninguna mujer ha llegado al cargo de gobernadora, ni entre los 10 elegidos (desde 1992) ni entre los 80 designados entre 1886 y 1991. Entre tanto, en la Alcaldía de Ibagué solo ha habido una (1) mujer elegida (quien esto escribe -período 1998/2000). A su vez, actualmente de los 47 municipios que integran el Departamento solo cinco eligieron alcaldesas. Y entre los 15 Diputados a la Asamblea, solo hay una mujer y cabe precisar que entró por el Estatuto de Oposición, si no hubiese sido así, serían 15 hombres. A su vez, en el Concejo Municipal de Ibagué, conformado por un total de 19 Concejales, solo hay dos son mujeres. 

En otros ámbitos también hay indicadores que reflejan la profundidad que alcanza la “brecha de género”, pero por razones de espacio solo señalo dos más. Por ejemplo, en el sector privado observemos que el Comité de Gremios del Tolima, conformado por 19 organizaciones, solo siete (7) de ellas están dirigidas por mujeres, su Presidente es un hombre y cabe precisar que de las últimas ocho personas que lo han presidido (con período de un año) solo una mujer ha ocupado esa posición. 

En cuanto a la situación de empleo, reportes del Dane señalan que, en noviembre de 2020 a nivel nacional, las mujeres enfrentaron un desempleo de 22.5% y los hombres del 18.1%, y que por igual trabajo, en promedio las mujeres recibían 12.1%  menos salario que los hombres. Entre tanto, el desempleo juvenil (de 14 a 28 años) que a noviembre de 2020 registró a nivel nacional el 28%, en Ibagué llegó al 38% y para las mujeres al 41.7%. Se sabe, además, que la pandemia ha golpeado más fuertemente a la mujer en materia de desempleo como consecuencia de que laboran predominantemente en aquellos sectores de la economía más intensamente golpeados. 

Otros fenómenos que reflejan la difícil situación que enfrenta la mujer en Colombia se relacionan con: la violencia intrafamiliar, el feminicidio, el abuso sexual, el acoso laboral, la creciente feminización de la pobreza y el gran número de mujeres cabeza de familia que solas deben responder por su hogar; todos ellos lastiman a la mujer e impactan su salud mental. Sobre ellos hay reportes frecuentes y cifras que, a pesar del subregistro, revelan que vienen creciendo y en el marco de la pandemia se han creado condiciones que tienden a exacerbarlos.

Ahora bien, posiblemente Colombia es uno de los países que cuenta con mayor legislación favorable a la mujer, hasta el punto de que muchas de esas normas sirven como referente a otros países. La mayoría de ellas han sido logros del arduo y persistente trabajo de la bancada de parlamentarias con el soporte de numerosos movimientos de mujeres. Algunas han salido adelante porque se trata de un tema taquillero, especialmente en época electoral, cuando los aspirantes a una curul o a un cargo de elección popular buscan ganar votos entre las mujeres demostrando interés por su bienestar. Y es loable que contemos con amplia legislación que protege a la mujer pero es lamentable que buena parte de esas leyes no se cumplen porque la vigilancia sobre su cumplimiento no se da o es muy laxa.

Como ejemplo veamos la llamada “Ley de cuotas” (Ley 581 de 2000) que determina que en los cargos de nivel decisorio de las entidades del Estado, debe haber un mínimo del 30% de participación femenina, y de su cumplimiento cada año debe reportar al Congreso la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que así lo hace, pero los datos enfrentan el problema de la alta movilidad en esos cargos y que las entidades responsables no informan oportunamente, pero por sobre todo, porque a pesar de las sanciones que prevé la Ley no pasa nada a quienes incumplen. Es así como, el Presidente Duque que inició su mandato expresando con mucho orgullo que la mitad de su gabinete estaba conformado por mujeres, poco a poco fue cambiando las ministras por hombres y hoy en día no está cumpliendo. 

No obstante, también hay datos que sustentan que algo se ha avanzado, y uno muy importante es el hecho de que el ingreso de la mujer en los diversos niveles de la Educación Superior ha crecido, inclusive es mayor que el de los hombres. Veamos: según reporte del Ministerio de Educación en 2014, las mujeres matriculadas en la Educación Superior sumaron 749.242 en tanto que el número de hombres llegó a 687.484. A su vez, 2015 el número de mujeres admitidas llegó a 279.932 y el de hombres a 266.581. Es un hecho de gran significación por cuanto es la educación el factor que mayor peso podría tener en la ruta que nos lleve al logro de una mayor equidad para las mujeres, contando con que se trate de educación de calidad que además aporte a la formación de valores éticos y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos.

Sin embargo, es un hecho que la inequidad de oportunidades entre hombres y mujeres se mantiene y aún algunos logros alcanzados a veces hasta retroceden. Y, de nuevo, no es por falta de leyes, sino principalmente porque se mantiene esa cultura patriarcal y machista que no logramos superar. 

Para dejar una voz de aliento, digamos que con el soporte de la abundante legislación existente es imperativo que profundicemos y fortalezcamos la conciencia sobre el derecho a la equidad, el conocimiento de dichas leyes, la confianza en sí mismas, la capacidad de reclamo, el liderazgo, la creatividad y la disposición de la mujer a participar, con la certeza de que los derechos que se reclaman para la mujer deben entenderse como Derechos Humanos y no como un capricho. Además, que lograr esa equidad significa bienestar no solo para ellas sino para la sociedad en su conjunto. Por supuesto, es imperativo hacer uso inteligente del voto, ese formidable instrumento que tenemos a la mano y con el cual, sin acudir a la violencia, bien podríamos transformar muchas cosas en este país.  Es un reto que nos debe convocar a todas y todos.

CARMEN INÉS CRUZ

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