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También sucede que entregan un anticipo mayor del razonable y luego deciden que el presupuesto ni el tiempo pactado eran suficientes, así que acuerdan adicionar el valor y ampliar los plazos una, dos, tres y más veces; como consecuencia son múltiples los OTROSÍ que suscriben. Para completar, los sobrecostos son exorbitantes, la calidad de los materiales no era la prevista, no se cumplió con el diseño o autorizaron cambios ignorando las graves implicaciones para la estabilidad o funcionalidad de la obra, pero la interventoría no vio nada.
Finalmente la obra queda a medias o mucho menos, pero la recibieron, así que poco después está derruida y su recuperación cuesta cinco y diez veces lo presupuestado inicialmente, y con frecuencia se recomienda demoler, solo que esa es una operación costosa y nadie tiene presupuesto para hacerlo. Además, su objeto ya no es válido, o fue construido en un terreno que no tenía las licencias ambientales requeridas, no respetaba el POT ni había resuelto los títulos de propiedad, pero los curadores no se dieron cuenta; entonces deben enfrentar múltiples demandas e indemnizar a los supuestos afectados. También hay proyectos que logran entregar y poco tiempo después se evidencian múltiples fallas y su deterioro es notable, pero no contaban con las pólizas pertinentes y nadie responde.
Sucede en otros casos que poco después de iniciados o concluidos, se conoce sobre las múltiples coimas implicadas, identifican a los responsables, pero dada la habilidad de sus abogados dilatan los procesos hasta que se declare el vencimiento de términos o la prescripción. Eventualmente detienen a un par de sujetos de bajo rango que para rebajar la pena delatan a las cabezas, pero a estos no les pasa nada, mientras los delatores se retractan por las amenazas que reciben o salen de la cárcel a perderse si es que no los asesinan. En todo caso, la platica se perdió y la impunidad ganó; así resulta el inmenso inventario de “elefantes blancos” que son verdaderos monumentos a la corrupción. Además de esos monumentos por obras de infraestructura también los hay por contratos de servicios, ejemplo la alimentación escolar, el suministro de mercados a población vulnerable y la lista es larga, aún en el contexto de la pandemia que ha exacerbado la pobreza e inequidad social. En esas condiciones, ¿cómo esperar que salgamos de este estado de subdesarrollo?
El panorama es devastador y podrían acusarme de pesimista, pero creo que no exagero, y qué bueno sería conocer sobre contratos suscritos con el sector público que hayan funcionado sin problema alguno. Debo entonces enfatizar que mucho de esto sucede porque no ejercemos una ciudadanía activa, vigilante y por sobre todo, una ciudadanía que se asegure de elegir a las personas correctas, gente cuya ética, honorabilidad e idoneidad hayan sido probadas, no individuos que buscan el poder solo para enriquecerse y financian sus campañas con aportes de negociantes inescrupulosos, que luego ganan los contratos en forma directa o por interpuesta persona, más aquellos que se entregan en ejercicio del nepotismo que sufrimos. En suma, es nuestra responsabilidad ineludible asimilar tantas experiencias fallidas, que deben llevarnos a la decisión de tomar máximo cuidado al depositar nuestro voto, que constituye el principal instrumento con que contamos para defender lo nuestro.
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