Esto, a pesar de que el problema es muy grave y se trata de grandes conglomerados habitacionales.
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En general son edificios de vivienda VIS y VIP (tipo colmena) que construyen sin contar con disponibilidad cierta de agua apta para consumo humano y tampoco de alcantarillado, vías, transporte, escenarios adecuados para asegurar no solo un techo sino vivienda digna.
Como respuesta, reciben visitas de técnicos que anuncian soluciones: conexión con otros acueductos; construcción de tanques alternos sin certeza de que sean opciones viables en corto tiempo; pozos profundos con riesgo de que reciban agua contaminada y con alto contenido de hierro que generan problemas de salud especialmente para los niños; suministro de agua a través de carrotanques que van de vez en cuando y que implican, por ejemplo, que un residente del piso 5º. ó 16, tenga que bajar con un par de vasijas a recoger agua del carrotanque.
En forma reiterada se ha dicho que el suministro de agua es deficiente en toda la ciudad y el problema se agudiza por la presión de inversionistas y constructores que encuentran en la vivienda VIS y VIP una excelente oportunidad de negocio porque cuentan con subsidios ofrecidos por el Estado a familias de bajos ingresos para responder al gran déficit habitacional que hay en el país. El cual, según el DANE (ECV-2021) del total de hogares colombianos el 31.0% (5.240.000) presenta déficit habitacional (7.5% déficit cuantitativo y 23,5% déficit cualitativo). Y, por supuesto, es crucial reducir ese déficit, pero con viviendas que dispongan de servicios básicos esenciales.
De otro lado, la construcción de vivienda es bienvenida por los gobiernos porque genera empleo en escenarios donde el desempleo es muy alto. Infortunadamente, parece que para facilitar estos desarrollos, algunos entes competentes actúan con permisividad y por ello es recurrente la pregunta: ¿Cómo obtienen los constructores una disponibilidad hidráulica, donde no hay agua? Y ¿qué papel juegan el IBAL, la Secretaría de Planeación, los responsables de vigilar el cumplimiento del POT, los alcaldes, las CAR, los curadores urbanos, y demás actores intervinientes? Es un interrogante que muchos responden especulando sobre la incompetencia, negligencia y otros vicios que se atribuyen a la administración pública. Lo cierto es que avanzan nuevas construcciones de ese tipo sin que se garantice el suministro del agua y otros servicios a las anteriores, y menos de las nuevas, y sin que los entes de control cumplan su función de actuar ante tales falencias.
Como el problema es grave y repetitivo en todo el país, corresponde a Minvivienda, que tiene la doble responsabilidad de la política y financiación de vivienda y de agua y saneamiento básico, aplicar mayor exigencia para el otorgamiento de subsidios a proyectos de vivienda VIS y VIP, para asegurar que garanticen servicios complementarios tan importantes como los señalados. Podrían replicar que esa vigilancia corresponde a las respectivas administraciones municipales y entes competentes regionales y locales, pero no están cumpliendo; urge, entonces, mayor rigor para evitar que se sigan burlando de familias que con gran esfuerzo e ilusión invierten sus precarios recursos en una vivienda, que resulta invivible y se desvaloriza rápidamente.
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