Bajo fuego

¿En año y medio de gobierno, los medios de comunicación, los partidos políticos opositores o los gremios económicos le han reconocido una al Presidente? ¿Alguno ha destacado el buen desempeño económico y los resultados favorables en materia social? 

Digamos que no se puede esperar otra cosa de todas esas fuerzas que quieren que nada cambie. Claramente un gobierno que llegó a cambiar el statu quo no gozará nunca de la consideración de las élites políticas y económicas que se han beneficiado de las políticas, leyes y prácticas que se han instituido en Colombia durante toda su historia republicana.

Pero lo preocupante y que ya empieza a ser tenebroso es otra cosa: con cada paso que da el Gobierno, el desespero crece y se alinean más y mejor todos los que buscan el fracaso de Petro y por ende del país. 

Los medios de comunicación masiva, bajo el control de los poderosos conglomerados económicos del país, han jugado desde el inicio su papel de incendiar el imaginario colectivo y negar cualquier logro alcanzado: se tratar de minar el respaldo popular que siempre ha tenido el primer mandatario. Esos medios han sido los encargados de amplificar y potenciar el discurso de la oposición política en el Congreso, con el fin de validar sus argumentos. También de tejer teorías sobre la salud del presidente, el rol de la primera dama, y cualquier otro asunto fútil que en otro contexto no tendría ninguna importancia.

La Fiscalía y la Procuraduría, de manera arbitraria y peligrosa, han desplegado todo su poder para tratar de golpear al Gobierno, no solo en lo moral sino en lo material. El Fiscal General, sin el más mínimo respeto, pronuncia discursos provocadores y deja en el aire acusaciones en contra del Presidente, su familia y su gabinete. La Procuradora persigue altos funcionarios y ya llegó al punto suspender el Canciller. La Corte Suprema de Justicia dilata, sin ninguna consecuencia, la elección de la nueva Fiscal General. Y la Corte Constitucional tumba los decretos de emergencia, como el de la Guajira, con el que el Gobierno buscaba remediar rápidamente la grave crisis humanitaria que viven los niños y comunidades indígenas de esa región.

No quieren dejar gobernar, que nada cambie, que pasen los cuatro años sin mayores transformaciones para que, además de mantener todo como siempre, sea posible sepultar por siempre el proyecto reformista que lidera este Gobierno.

La denuncia del Presidente sobre la “ruptura institucional” hay que tomársela muy en serio. No se trata solo de defender la democracia, sino de proteger los cambios que puedan ocurrir durante un breve periodo de la historia de Colombia en el que las mayorías decidieron elegir a alguien que representaba todo lo contrario a quienes siempre han gobernado. Que pueda avanzar y cumplir lo prometido, es lo mínimo que debería pasar.