| El Nuevo Día

Dom, 31/05/2020 - 21:11

El Consejo Superior de la Judicatura fue creado por la Constitución de 1991 con dos funciones, la disciplinaria (a través de la sala jurisdiccional disciplinaria), que consiste en sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial y de los abogados en el ejercicio de su profesión; y la función administrativa (a través de la sala administrativa), que cumple a través de la dirección general de la rama judicial desde el punto de vista administrativo (de gestión), con tareas como administrar la carrera judicial, manejar el presupuesto y adoptar las medidas necesarias para el eficiente (o eficaz) funcionamiento de la administración de justicia del país.

Esta corporación es un organismo fuerte desde el punto de vista financiero, pues sus gastos representan el 27,12 % del total del presupuesto general de la justicia (tomado del informe al Congreso 2018-2019). Algunos reconocidos juristas han propuesto que esta Corporación sea suprimida por ser un organismo costoso, burocratizado e ineficiente. A este respecto es preciso señalar dos consideraciones: en primer lugar, es irracional e injustificable la existencia de la sala administrativa con seis magistrados para realizar funciones típicamente administrativas, cuando en verdad estas labores las pueden ejercer funcionarios gerenciales, cuyos salarios no serán equivalentes a los de los magistrados. Se propone entonces eliminar esta sala y con ello dar paso a una gerencia general de la rama judicial que se encargue de las funciones administrativas que corresponden hoy a esta corporación.

En segundo lugar, es conveniente también suprimir la sala disciplinaria (que está integrada por siete magistrados) y en su lugar crear una Unidad Administrativa Especial de orden nacional, con personería jurídica y autonomía financiera, que actúe como Tribunal Disciplinario para garantizar el correcto ejercicio del Derecho y la ética profesional, tal como ocurre con la Junta Central de Contadores, JCC, que es un Tribunal Disciplinario para garantizar el adecuado ejercicio contable, así como la ética profesional. Los salarios de los funcionarios de esta Unidad tampoco serán equivalentes a los de los magistrados.

Si el Consejo Superior de la Judicatura es eliminado por completo y se crean dos autoridades: una de gerencia general para asuntos administrativos y otra para investigar y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial y los abogados en el ejercicio de su profesión, se contribuye a reducir en buena parte (no en todo) el déficit fiscal. Se coincide entonces con quienes afirman que en la reforma a la justicia incluya la propuesta de suprimir el Consejo de Superior de la Judicatura y con ello dar paso a la creación de otras autoridades con menos costos para el Estado.

CARLOS F. FORERO HERNÁNDEZ