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En dicha consecución adquiere especial relevancia la política social, por cuanto para alcanzar el modelo de desarrollo social se requiere de consensos y de recursos humanos (muy) capacitados para alcanzar el cumplimiento de los pilares de un Estado social de derecho como el nuestro. El requerimiento de acuerdos y de recursos se coincide como atributo de la política social.
La gobernabilidad se logra con una sólida política social; esto es, que existan firmes o consistentes consensos entre partidos (o movimientos) políticos y la sociedad civil. La intención es que estos garanticen la continuidad de las políticas sociales para obtener resultados que trasciendan la duración de un gobierno, así como el logro del desarrollo social. De esta manera, si no hay acuerdos no hay un modelo de desarrollo económico social. Así de sencillo.
Desafortunadamente, en la actualidad la gobernabilidad y la política social están siendo afectadas por la corrupción. Es (muy) evidente que en el país se ha establecido una gama de antivalores, una cultura perversa (mafiosa), una economía especulativa y rentista que beneficia precisamente a quienes usufructúan los espacios del poder económico y político, con un sistema parapetado (o cubierto) en lo público para el beneficio de individuos antitéticos. He de resaltar que la corrupción no es exclusiva del sector público, pues también es un asunto que se visibiliza en lo privado. De eso no hay discusión.
Por lo anterior, conviene realizar afianzados consensos para combatir la corrupción, pues esta dificulta en gran parte el cumplimiento adecuado de los fines esenciales del Estado. De ahí la necesidad de generar acuerdos ideados por la construcción de un modelo de desarrollo económico, cultural, social, político y ambiental, sin tolerancia a los actos de corrupción. Es eso lo que permitirá la edificación de escenarios colectivos y públicos para la definición de una ética ciudadana y de un buen gobierno, es decir, de la gobernabilidad.
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