La semana pasada se oficializó la intención del gobierno nacional de presentar una reforma tributaria al Congreso de la República en donde se espera quitar beneficios disminuyendo las exenciones, eliminando descuentos en el impuesto de renta, y extendiendo el IVA a nuevos productos. Y aunque existe cierto consenso en la necesidad de conseguir nuevos recursos para financiar el endeudamiento causado por el aumento del gasto durante la pandemia, como también para asegurar las nuevas inversiones que se necesitan durante el periodo de reactivación económica, la aprobación debe consultar la progresividad de la reforma y las finanzas de los hogares durante los siguientes años de crisis económica.
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Ya el Fondo Monetario Internacional había recomendado que la reforma tributaria debería ser justa y progresiva, “con miras a generar una equidad de los impuestos, que aumente el recaudo por lo menos en tres puntos del PIB”. Las propuestas hechas por el FMI se centran en ampliar la base del impuesto a la renta de personas naturales y reducir las exenciones al IVA con mecanismos de compensación para proteger a los hogares más pobres, así como eliminar regímenes preferenciales para las empresas.
Muchos esperamos que esta reforma sea estructural, que realmente valga la pena, en donde se recojan, entre otras, las recomendaciones de la comisión de expertos del sistema tributario territorial.
Ya es hora que se le brinde a los municipios y departamentos herramientas que los fortalezca fiscal y financieramente, se necesita un sistema tributario eficiente y que ofrezca un mejor recaudo. Algunas de las recomendaciones hechas por la comisión fueron crear un impuesto municipal a la publicidad que incorpore los tributos de avisos, tableros y publicidad exterior visual y gravar en el largo plazo la publicidad digital, basado en la ubicación geográfica del consumidor de la información; asignar la sobretasa bomberil, que se impone sobre el impuesto predial unificado y el de industria y comercio, a una sobretasa de un solo impuesto; eliminar la contribución de obra pública, al ser un impuesto que genera sobrecostos al gasto público local; reorganizar el impuesto de industria y comercio; convertir el impuesto al consumo de ACPM en un ingreso tributario departamental; eliminar la proliferación de estampillas en las finanzas territoriales y de manera paulatina eliminarlas en el largo plazo, empezando por las que recaigan sobre la contratación y fusionando aquellas que tengan el mismo propósito; aumentar las tarifas a los impuestos al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado y gravar también los cigarrillos electrónicos; y frente al impuesto a cervezas, sifones, refajos y mezclas, aplicar una base gravable similar a la existente para el tributo a los licores, vinos, aperitivos y similares, que tiene en cuenta el precio de venta al público y grados de alcohol en presentación de 300 c.c.
Así las cosas, desde las regiones, o la provincia como les gusta llamarnos en Bogotá, esperamos que la reforma tributaria sea aprovechada para fortalecer las finanzas de las entidades territoriales.
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