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Como siempre, esta reforma tiene una “sólida justificación”, fortalecer el recaudo para superar los problemas económicos causados por la pandemia de la Covid-19, conseguir los recursos para responder al endeudamiento y financiar programas de apoyo económico para millones de familias en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema. Se estima que el nuevo recaudo será de 25 billones de pesos, que deberán conseguirse de los hogares y empresas sin que aún se haya superado la crisis económica causada por la Covid-19, 10 billones de pesos para financiar programas para el apoyo de hogares en vulnerabilidad y pobreza extrema, y 15 billones para pagar la deuda.
Y claro, aunque se espera algún tipo de debate, es muy probable que el Congreso lo haga muy rápido para no entrar en un desgaste político cerca a las elecciones, dejando al final el debate en los ámbitos técnicos de académicos y expertos, en donde los argumentos serán flor de un día para los medios de comunicación.
Y es que sin conocer con seguridad el contenido del proyecto de ley, ya se puede afirmar que esta reforma será un retazo más en una colcha de confusas normas tributarias que llevan no solamente a la evasión, sino que además complican el sistema tributario, creando dificultades en el recaudo y la capacidad de control del Estado. Como es obvio, los respaldos gubernamentales ya se escuchan, como el hecho recientemente por el Banco de la República.
En el debate previo han surgido un par de temas que son adyacentes, pero de los cuales no se legisla durante este tipo de proyectos, la corrupción y el sobre gasto del gobierno. De qué sirve aumentar los ingresos por recaudos si un buen porcentaje de estos se pierden en la ineficiencia del gobierno y en los sobrecostos en contratos.
De lo que se conoce a la fecha es claro que la ampliación de la base del IVA aumentará el gasto de los hogares, que surgirá un nuevo impuesto denominado impuesto solidario, además de los impuestos verdes, un gravamen para los vehículos automotores, que se encarecerán los productos e insumos para la construcción producidos por cementeras e industria siderúrgica. Y con relación a la renta que pagan las empresas, el impuesto de industria y comercio pagado a los municipios podrá ser tomado como descuento en un 50 %.
Los impuestos a través de los cuales se buscará un mayor recaudo son el IVA, 16,8 billones de pesos, y el de renta, particularmente de personas naturales, 10,5 billones. A estas fuentes se sumarían 3 billones de pesos de tributos a empresas.
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