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La cumbre, que se hace aproximadamente cada tres años, es la única reunión que convoca a todos los jefes de Estado y de Gobierno elegidos democráticamente de los países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, según la información oficial. La IX cumbre se vio afectada al no ser invitados los países de Cuba, Nicaragua, y Venezuela. La Cumbre y sus foros de partes interesadas promueven la cooperación hacia el crecimiento económico y la prosperidad inclusivos en toda la región, basados en respeto compartido por la democracia, las libertades fundamentales, la dignidad del trabajo y la libre empresa. España asiste como invitado observador.
Aunque los jefes de estado son quienes están bajo el foco de atención de la opinión pública y medios de comunicación en el encuentro, la agenda de la cumbre también involucra a jefes de múltiples organizaciones multilaterales internacionales que van desde la OEA hasta la Organización Internacional del Trabajo. Además, participan organismos que trabajan en temas como economía, salud y desarrollo.
El lema para 2022 involucró repensar el futuro desde la sostenibilidad, la resiliencia y la equidad, fundamentalmente por lo relevante de estos temas después de la pandemia del Covid-19 y las desigualdades y problemas identificados a nivel social y económico, la crisis climática, las amenazas a la democracia y la falta de un acceso equitativo a las oportunidades.
Durante el noveno Foro de la Sociedad Civil, el sexto Foro de Jóvenes de las Américas, y la cuarta Cumbre de CEO de las Américas se dio un mayor diálogo entre los jefes de Gobierno y los pueblos y empresas de las Américas para abordar los retos y oportunidades hemisféricos, como la inclusión social, la recuperación económica, el cambio climático, la democracia y la transformación digital. Al final de la cumbre se firmó la “Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección” en donde se plantea que ninguna nación debe asumir sola la responsabilidad de enfrentar la migración. Existe la preocupación del aumento de la migración irregular que se dirige a Estados Unidos, a Colombia en donde han llegado millones de venezolanos y a Costa Rica. Los 20 países firmantes se comprometieron a expandir las oportunidades de migrar legalmente y detener las formas peligrosas e ilegales en las que está migrando la gente. Estados Unidos prometió ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los procedentes de Haití, así como a seguir aceptando trabajadores temporales no agrícolas procedentes de Centroamérica y a prevenir abusos en su contratación.
Finalmente se hicieron compromisos políticos sobre gobernanza democrática, salud, cambio climático y sostenibilidad ambiental, transición a la energía limpia y transformación digital.
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