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Este fin de semestre el curso se orientó en la especialización de derecho administrativo integrado por abogados que trabajan mayoritariamente en el Tolima en diferentes entidades del sector público, otros litigan o son contratistas, también participan algunos estudiantes de otros departamentos. Como ejercicio colaborativo se realiza una encuesta sobre diferentes temas para conocer sus percepciones, existe discusión sobre los resultados y se plantean recomendaciones. El ejercicio incluyó el contexto del inicio de los próximos gobiernos de los alcaldes electos. Comparto los resultados especialmente como un aporte a los nuevos gobernantes, y un paso en la ruta de construir una agenda de trabajo regional.
La brecha en educación, salud, y de acceso a servicios esenciales fue el problema más crítico del desarrollo regional que ellos identificaron, seguido de la falta de trabajo y la incertidumbre del mercado laboral. Las causas reconocidas fueron la falta de articulación entre el gobierno local y los sectores productivos, la falta de un tejido productivo más diversificado y fuerte, y la captura del estado por parte de grupos clientelares y corruptos.
Para los especialistas en derecho administrativo, los desafíos económicos regionales más importantes para el 2024 son promover un crecimiento económico constante y disminuir el desempleo, y para los sectores productivos apoyar y fortalecer la producción agrícola y el sector turístico.
Los desafíos sociales regionales identificados como los más relevantes fueron reducir la desigualdad y las violencias, y mejorar la seguridad ciudadana. Con relación a los desafíos ambientales sobre los que esperan que los próximos gobiernos locales trabajen son proteger las fuentes hídricas y combatir la minería ilegal.
Con respecto a la agenda 2030, los mayores desafíos para los próximos gobernantes son lograr que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, y promover una industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
Con respecto a la gobernación, el Objetivo de Desarrollo Sostenible que prioritariamente debe articular el próximo gobierno departamental con la agenda 2030 es garantizar modelos de consumo y producción sostenibles y promover sociedades pacíficas e inclusivas.
Finalmente, recuperar y generar confianza, y disminuir la polarización aparecen como los desafíos políticos de mayor prioridad para el 2024. Este tema merece un análisis más detallado en una próxima columna. Como preámbulo vale la pena resaltar la positiva iniciativa presentada por la gobernadora electa Adriana Magaly Matiz y la alcaldesa electa de Ibagué Johana Aranda de trabajar colaborativamente con los sectores productivos, gremiales, y académicos.
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