Cuando era adolescente solía ir a los billares del “Café Grano de Oro, o al “Lusitania” para ver a los jugadores expertos en tres bandas. Recuerdo que entre la oleada de vendedores que visitaban estos sitios había un hombre de unos sesenta años. Llevaba siempre una cartera repleta de papeles para ofrecer sus servicios. Nunca supe su nombre, pero si lo vi tomar tinto con clientes potenciales, a quienes les enseñaba unos sellos y unas hojas blancas con membretes de distintos colegios y universidades. Con el tiempo me vine a enterar que se trataba de un falsificador de títulos de estudio.
Si ese personaje aún existiera, creo que hubiera sido el responsable de muchos de los programas de gobierno que deben presentar los candidatos para su inscripción en la Registraduría, pero como no es así, varios de los actuales candidatos enredados en elucubraciones aritméticas y múltiples actividades proselitistas, no les quedó tiempo para elaborar ese molesto requisito de decir que van a hacer durante el periodo y optaron, como cualquier estudiante mediocre, por el corte y pegue de materiales bajados de internet. Algunos no tuvieron tiempo ni siquiera de revisarlos y se les fue el nombre de la ciudad o el partido político que lo había presentado en elecciones anteriores.
A lo mejor estos candidatos, dentro de su ignorancia supina, no saben que eso es un delito y que está consagrado en el Artículo 61 de la Constitución Nacional: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. Es posible que tampoco sepan que la propiedad intelectual, como la explica Yolanda Reyes en “Los oficios de la imaginación 2005), tiene que ver con “todas las creaciones que produce el ingenio humano”.
El listado de los candidatos que han caído en “plagio”, definido por la Real Academia Española como: “copiar en lo substancial obras ajenas, dándolas como propias”, han crecido exponencialmente. Tal vez esos aspirantes a regir los destinos de la colectividad regional y local tienen conciencia de que pueden ir a la cárcel y pagar elevadas multas. Entonces uno se pregunta: ¿por qué lo hacen?, y la respuesta parece obvia, puede más el afán de poder y las posibilidades de enriquecimiento ilícito, que el temor a nuestra justicia, porque para esta tienen muchas fórmulas de evasión.
Igualmente, es un delito la alteración de documentos públicos y privados. Otros candidatos para aparentar un alto nivel intelectual, llenan sus hojas de vida con certificados falsos y se vuelven doctores sin serlo. A todos ellos es bueno decirles que lo menos que pueden hacer, por respeto al pueblo, es renunciar a sus aspiraciones y, asumir que era para ellos la invitación que hizo una senadora despistada: “Estudien vagos”.
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