Un nuevo embate contra la precaria economía de los trabajadores y del pueblo en general avanza a pasos agigantados orquestado por el actual gobierno, patrocinado por los gremios de la producción: la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif; la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco y demás representantes y mandaderos de esa clase insaciable dueña del país, la misma que no se contenta con obtener exageradas ganancias, sino que siempre está buscando la forma de saquear el bolsillo de las personas que ganan sueldos de miseria, ya sea con impuestos o con subterfugios y falacias que carecen de una mirada realista de las condiciones socio económicas de millones de colombianos.
El argumento central que esgrimen es la necesidad de crear fuentes de trabajo para bajar las alarmantes cifras que hablan de un 10.8% de desempleados y eso sin contar con los trabajadores informales lanzados a la terrible odisea de conseguir el sustento de cada día. Vienen ahora los defensores de la flexibilidad laboral a decirnos otra vez que las empresas no son competitivas por las cargas laborales y que, con un alivio a los empresarios se puede mejorar la economía, pero la de ellos, porque la de los asalariados va camino a la pauperización.
Muchos no hemos olvidado el raponazo que nos hicieron con la Ley 789 del 27 de diciembre, un día antes de los inocentes del año 2002, cuyo propósito era “apoyar el empleo (…) y modificar algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo”. Esto último fue lo único que se cumplió, porque se extendió la jornada laboral hasta las diez de la noche para no pagar recargos nocturnos, como también se eliminó el dominical triple, lo que rebajó ostensiblemente las entradas de los trabajadores. Las empresas que recibieron esta descarga económica, según varias investigaciones, le hicieron conejo a la ley, no crearon empleos, y ahora están tratando de justificar la flexibilidad con el mismo cuento.
Las intenciones son negras y atacan por distintos frentes. Un objetivo es el de minar el salario mínimo eliminando la norma que protege a los trabajadores para que no exista contratación por debajo de este monto, mediante dos estrategias claras: la autorización de contratar por horas, lo que reduce el salario y propicia la inestabilidad laboral, porque ahora las empresas evitarán la vinculación a tiempo indefinido. La otra estrategia es vincular jóvenes entre 24 y 28 años con el 75% del salario mínimo. Así se aumenta más la brecha de la inequidad y se condena a una generación a iniciar su vida laboral en condiciones de miseria.
Definitivamente la ceguera de la clase empresarial y de sus áulicos, los políticos, nos están llevando a los límites de nuestra resistencia, sin medir las consecuencias que pueden ser fatales.
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