Mientras en otras partes, la discusión sobre los conceptos de democracia y elecciones pasa por los cedazos de la filosofía y la alta política, en Colombia tienen que ver, casi exclusivamente, con el Código Penal. Las actividades previas de la mayoría de los candidatos del próximo domingo, parecen blindadas contra las posturas ideológicas y nada quieren saber de la confrontación de ideas, porque lo fundamental para ellos es el poder, sin importar para nada: ¿quiénes son los aliados?, ¿cuál ha sido su pasado y sus intenciones presentes?, ¿qué capacidad intelectual y administrativa poseen? y de dónde salen los dineros con que financian sus campañas?.
La dialéctica, ahora se limita a la repartición de tamales y tejas de zinc; rifar electrodomésticos en las concentraciones, prometer empleos o amenazar con quitarlos y entregar los pagos por hacer una equis en el tarjetón. Con muy contadas excepciones, en las campañas no se habla de la necesidad de unir esfuerzos para cambiar el modelo económico; el de la salud, la reforma a la justicia y lograr frenar la andanada de los recortes a los menguados salarios de los trabajadores y empleados; como tampoco se plantean fórmulas para derrotar la monstruosa corrupción que se nutre de los impuestos que pagamos los de abajo, porque los de arriba están exentos.
El carnaval que se realizaba en el día de las elecciones, ahora no se hace, como tampoco se permite la presencia de activistas en los alrededores de los sitios de votación, empujando a votar, pero esto es, simplemente un cambio formal, porque gracias a Aida Merlano y su organización, ahora sabemos que hay manuales para los operadores de “cajeros móviles”, antes conocidos como vulgares compradores de votos.
El Código Penal colombiano contempla dieciséis delitos contra el sufragio, pero dado el comportamiento de los candidatos y electores, los legisladores deben agregar otros delitos, por ejemplo incorporar la inhabilidad automática de quienes hayan plagiado los programas de otros candidatos, sin perjuicio de las implicaciones fiscales y los derechos patrimoniales vulnerados. En el Tolima tenemos varios casos, sin que la fiscalía haya actuado.
Aunque muchos parezcamos ilusos, creemos que, con la ayuda de miles de personas pensantes, sobre todo jóvenes, se comenzará a derrotar las maquinarias de candidatos deshonestos, que repiten el mismo truco que lleva siglos de práctica. Ahora no es el espejito con que los conquistadores engañaron a los indígenas, sino la compra de la “conciencia” de numerosas personas que, al vender su voto, se convierten metafóricamente en cómplices de delincuentes o de mitómanos consumados.
Algunos partidos hicieron de los avales verdaderas ferias, ellos también merecen una sanción, porque son alcahuetes de quienes consideran que los avales son patentes de corsos para engañar al pueblo.
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