Decenas de familias tolimenses están a la espera de justicia porque sus parientes fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. El tema revive porque la JEP recibió el informe “Más que estadísticas” sobre ejecuciones extrajudiciales en el Tolima, que documenta estos crímenes entre 2000 y 2015. El estudio, que analiza 60 casos en los que hubo 86 víctimas, fue elaborado por el Observatorio Surcolombiano de derechos humanos, paz y territorio, la Universidad del Tolima y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
De acuerdo con el informe “se identificaron patrones que llevan a demostrar la existencia de un aparato criminal dentro de la Quinta División del Ejército Nacional, la Sexta Brigada y varias de sus unidades, así como el traslado de esta misma práctica a otras divisiones; lo que permite concluir que la sistematicidad y generalidad de este accionar criminal obedeció a una política dirigida desde el alto mando militar, como también se ha ido documentando en otros informes presentados por las organizaciones de derechos humanos a la JEP”.
Muchas de las víctimas fueron seleccionadas entre personas de condición socioeconómica vulnerable, y residentes en zonas alejadas. Además, en los casos en que se presentaron como bajas en combate, las escenas fueron alteradas para simular que hubo enfrentamientos, y a los cuerpos les pusieron armas y material de guerra.
La publicación del informe coincide con la extradición desde España de un oscuro personaje conocido como “El Zarco”, quien ejerció como reclutador de víctimas y está involucrado en los asesinatos de 14 personas en el Tolima (seis en Ibagué, dos en Guamo y seis en Coyaima), cometidos por integrantes del batallón Jaime Rooke en 2008.
Este individuo había sido dejado en libertad el 30 de diciembre del año pasado en España (después de permanecer tres años detenido), porque Colombia no había tramitado a tiempo los documentos para su extradición y canceló en tres ocasiones las audiencias de imputación de cargos, por “problemas de conectividad a Internet". Ahora, “El Zarco” se encuentra a disposición de un juez de Ibagué, y seguramente su testimonio será esclarecedor para establecer cómo operaba ese sistema criminal.
Gran parte de esos homicidios continúan en la impunidad; algunas madres ni siquiera saben dónde se encuentran los cuerpos de sus hijos, porque fueron sepultados como NN. Para superar este nefando episodio de nuestra historia, es preciso que exista justicia para las víctimas, que se reconozca que eran civiles inermes, que sus familias sean reparadas y que exista garantía de no repetición.
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