Mediante debate de control político a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, el concejal Jaime Tocora como citante, estableció un cuestionario en el que quedó en evidencia el peligro ambiental de la ciudad por la posible exploración de petróleo y extracción minera. 

Pues, frente a las respuestas escritas que dio Carmen sofia Bonilla como jefe de la cartera de Ambiente fueron “dilatorias” cuando el cabildante dijo que ya se conocía que el alcalde Andrés Hurtado tiene actas firmadas en coordinación y concurrencia con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH en el 2021 que son irregulares.

“Pasan por encima de las comunidades, de la sentencia SU 095, es la que plantea que existan mecanismos de participación ciudadana” afirmó Tocora.

En el tema también se han visto involucrados los alcaldes de Coello, Piedras, San Luis y Alvarado, además de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima quienes participaron en unos espacios de diálogo en el que se dio viabilidad al parecer de manera equivocada por parte del Gobierno Nacional donde los entes territoriales terminaron firmando las actas. 

Pero, de ejecutarse dicho proceso a favor de un bloque petrolero, el acuífero fluvio volcánico del departamento donde Ibagué tiene un porcentaje significativo estaría en riesgo.

Por lo que el cabildante Javier Mora le hizo un llamado al Gobierno local para que tome las acciones necesarias para garantizar la protección del afluente desde una defensa técnica y política del acuífero que tiene una extensión de 67.056 hectáreas de las cuales el 50 % están en Ibagué. 

Minería 

Otra preocupación, que se dio a conocer en el recinto por parte del cabildante Pedro Mora Quintero fue que aparentemente de manera equivocada el Gobierno pasado otorgó títulos mineros sobre el río Coello.

Este afluente, además de ser indispensable para la región donde algunos campesinos acostumbran a realizar actividades mineras de manera artesanal se vería afectado al punto de perder su vitalidad porque una empresa tiene la posibilidad de realizar las extracciones a gran escala.

“El tema del amparo minero es lo que está salvando eso” acotó el concejal que espera que con la ayuda de este Gobierno que tiene una línea ambientalista no se permita el inicio de esa actividad.

Frente a las palabras de intranquilidad que manifestaron varios cabildantes desde su curul Martha Ruíz, relató que se han hecho acuerdos para la protección ambiental pero los mismos han quedado en el olvido porque hay personas que no comparten lo que se establece.

Ante eso, el representante de la Colombia Humana que se vio en la necesidad de poner en su curul la bandera de Colombia con la frase No al Fracking, recordó que el Acuerdo 012 del 2017 que iba enmarcado en no atentar contra los mineros artesanales por las grandes multinacionales fue objetado por el Gobernador de ese momento.

“Ese que llaman que es un prohombre que ha defendido y alimentado y construye en la defensa del territorio, que no es cierto, ese señor que se llama Oscar Barreto, fue él que objeto en su momento del acuerdo ambiental que protegía a la ciudad en términos mineros (...)” sostuvo Tocora. 

Además, dejó entrever que la situación se había dado porque el gerente de la empresa minera Anglogold ha admitido ante los medios de comunicación que financiaron campañas en el Departamento, por lo que posiblemente quienes se encargaron de objetarlo  se estaban viendo beneficiados por la multinacional. 

En respuesta a lo planteado, la secretaria de Ambiente hizo claridad que su dependencia no es una autoridad ambiental por lo que no puede ir a cerrar una mina, sin embargo, iba a elevar la consulta respecto a los documentos para verificar que el Alcalde haya firmado dicha aprobación.

Histórico 

Esta redacción a mediados de este año dio a conocer las adjudicaciones que realizó la ANH donde quedó en evidencia que en julio de 2019, la firma canadiense Parex Resources Colombia Ltda tenia el contrato de exploración y explotación del bloque petrolero VSM 25, que está ubicado en la cuenca del Valle Superior del Magdalena y posee una extensión aproximada de 27.608 hectáreas, comprometiendo a Alvarado, Coello, Ibagué, Piedras y San Luis.

En ese mismo mes -julio de 2019-, Cortolima le expresó su preocupación a la Agencia argumentando que el bloque se traslapa en un 33.70 % al acuífero de Ibagué. 

Al ser consultada por este bloque, la ANH manifestó que actualmente se encuentra suspendido, por lo que no se han adelantado trabajos.

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