Tras su oficialización, a la reforma política del presidente Gustavo Petro le han llovido sustanciales críticas. Sus ‘líneas gruesas’, tienen dividida la opinión entre quienes se presentan afines al paquete de reformas del Pacto Histórico, y entre quienes defienden el Código Sustantivo de Trabajo entre sus puntos más tradicionales. 

A través de un acto protocolario en la Casa de Nariño, fue radicada la reforma en presencia del Presidente, la Ministra de Trabajo y otros dignatarios del Pacto Histórico. 

En concreto, la reforma busca ‘reforzar’ tópicos relacionados con la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la protección de los derechos individuales y la protección del derecho colectivo con relación a las garantías sindicales. 

Sus 76 artículos, buscan establecer las bases de lo que será un cambio en el paradigma laboral, asunto que han cobijado diferentes centrales sindicales y gremios de producción, quienes a través de mesas tripartitas, participaron en la edificación del proyecto de ley como resultado directo de los diálogos regionales vinculantes. 

En el acto de oficialización en la Casa de Nariño, el presidente Petro habló de dignificación laboral, haciendo énfasis en que el proyecto de ley abrirá las posibilidades de discusión que quedaron pendientes desde “la ley 50 y demás leyes que se han creado en estos últimos años”.

“Terminamos en un sistema en donde el acoso sexual y laboral se volvió cuestión de todos los días, que al acabar la inestabilidad y al tener que firmarse para poder sobrevivir contratos cada dos meses, han condenado a la mujer a un acoso sexual de los empleadores”, afirmó el presidente Petro.

Y apuntaló: “Las ganancias cortas se dan cuando las sociedades y la economía tienen una baja productividad, las ganancias pueden aumentar cuando las sociedades son más productivas, y la productividad no es simplemente el que las empresas puedan competir, que en Colombia poco que compiten porque estamos plagados de oligopolios y monopolios”.

‘Manifiestos’ y distancias

Una vez dispuestas las cartas del Gobierno frente al proyecto de ley, diferentes estamentos políticos, entre actores y partidos políticos, empezaron a tomar postura frente al documento presentado desde la Presidencia de la República. 

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, se fue ‘lanza en ristre’ contra el articulado. “La reforma laboral pareciera un pliego de peticiones sindicales” indicó, luego de hacer una serie de precisiones frente al proyecto de ley. 

“Preocupa que la reforma laboral no tenga aval fiscal, es muy importante estudiar por parte del Ministerio de Hacienda el impacto fiscal porque de acuerdo con lo conversado el proyecto podría contraer la industria, podría originar pérdida de empleo, genera impacto en el IVA y con unos efectos contrarios de recesión económica”, apostilló la Procuradora.

Por su lado, el Partido de La U, en vocería de su líder natural a nivel nacional y precandidata a la Gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, destacó algunos puntos del articulado. “Considero que la iniciativa del Gobierno ofrece aspectos positivos para que los empleados tengan unas condiciones más justas de trabajo. Así también, vemos con buenos ojos que se haga una diferenciación del empleo estacionario, como el que se genera en el campo, pero es importante que se extienda a sectores como el de comercio y servicios”.

Sin embargo, Toro también expresó sus reparos: “Teniendo en cuenta que el país necesita más empleo y menos informalidad, nos preocupa algunos aspectos de esta iniciativa que pueden afectar, en especial, a las pequeñas y medianas empresas, que generan cerca del 90 % del empleo en el país”.

Una postura similar planteó el líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien desde su reaparición pública, ha empezado a ‘botar línea’ de opinión sobre la gobernanza de Petro, de cara a las regionales del 2023.

“Lejos de lo que uno se imaginaría de un gobierno que se dice progresista, esta reforma no está inspirada en la creación de más y mejores empleos sino, quién lo creyera, en la defensa de los intereses de menos del 5 % de los trabajadores, los trabajadores sindicalizados y, en especial, sus élites”, expresó Vargas Lleras en una columna de opinión. 

Tampoco podía faltar la posición del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, quien cuestionó la reforma y la calificó como “dañina” para el país. 

“Esta reforma laboral ilusiona a los trabajadores y después los frustrará. Sus normas apuntan a que no se genere empleo formal por exceso de costos y de regulaciones. Crea un aumento superior al 30 % en los costos laborales de la pequeña empresa que emplea al 78 % de los trabajadores colombianos”, señaló Uribe Vélez. 

Y argumentó: “Esta reforma nos pone en la situación de Argentina, donde no hay generación de empleo formal y crece la pobreza. Nos pone en la situación de Venezuela, donde las normas laborales se convirtieron en incumplibles y los trabajadores se ofrecen por la comida. Solamente el 34 % tiene una ocupación, porcentaje que sería más grave de no ser por 6 millones de venezolanos que han salido del país”.

Los diálogos regionales vinculantes fueron insumo para la construcción del articulado.

Posición de bancada tolimense

Conforme se radican y debaten las reformas del presidente Gustavo Petro, la bancada de congresistas tolimenses han ido tomando postura frente a las mismas. Y la reforma laboral, ‘álgida’ en varios de sus puntos, tampoco estuvo exenta de deliberación en la región.

En concreto, el Partido Conservador, direccionados fuertemente por las disposiciones del senador Óscar Barreto, se adhirieron a la postura del directorio nacional. El representante Gerardo Yepes Caro, dejó en claro que no respalda la reforma laboral tras la reunión sostenida por toda la bancada del partido. 

“Es una reforma ideológica y poco estructural que eleva los costos para las empresas, que desaparecerían las MyPimes, afectaría el comercio y elevaría la inflación de los colombianos”, mencionó Yepes Caro en su intervención en la reunión de bancada.

El representante del Centro Democrático, Carlos Edward Osorio Aguiar, considera que no se puede desconocer el panorama económico del país: “El desempleo fue de    11,3 % para todo 2022 mientras que la variación anual de la  inflación se ubicó en 13,12 %. Sumado a esto se tiene el aumento del salario mínimo en un 16 % y la reforma tributaria.

“La reforma apunta a que no se genere empleo formal por exceso de costos y de regulaciones. Crea un aumento superior al 30 % en los costos laborales de la pequeña empresa que emplea al 78 % de los trabajadores colombianos. Para el sector formal se hace más costosa la producción y operación, porque los precios de los insumos y los salarios han aumentado y hay una mayor tributación para ciertos sectores. Por ello, es poco probable que las empresas tengan menor capacidad de contratar nueva mano de obra, dado que los trabajadores son más caros, aumentaría el desempleo”.

Además, Osorio Aguiar opinó que la reforma, al igual que la tributaria, obstaculizan la posibilidad de cobrar una cotización adicional en salud para mejorar las condiciones laborales del sector, y en pensiones para garantizar más equidad en la jubilación de los colombianos de ingresos medios. “El país debería pensar en la alternativa de un acuerdo quincenal de aumento salarial y de productividad”. 

A su vez, planteó que este año empieza a aplicarse gradualmente la ley que baja la jornada de trabajo de 48 a 42 horas semanales, lo que exige un costo para las empresas e implica un esfuerzo conjunto con los trabajadores para mejorar la productividad.

“El inicio del horario nocturno a partir de las    6 pm supone un costo más elevado para los empleadores que tengan operación después de esa hora. Los recargos por festivos y dominicales aumentarían y sería más costosa la indemnización por despido sin una aparente justa causa, lo que puede desestimular esta modalidad de contratación. En los trabajos por plataformas digitales se habla de domicilios, pero no contempla a quienes trabajan en las aplicaciones de transporte”, apuntó.

Y concluyó: “La propuesta de aplicarles una legislación laboral inflexible lo único que hará será desmotivar esta dinámica fuente de empleo. El reajuste salarial de acuerdo al IPC podría desincentivar la contratación formal pues guiarse por un porcentaje general complejo no resulta acertado ya que este escenario generaría una permanente inflación al tener que ajustar tarifas de bienes y servicios al IPC para cubrir los costos laborales; es importante tener en cuenta que los departamentos del país tienen sus propias dinámicas y los indicadores macroeconómicos como el desempleo o la inflación varían de una región a otra”.

Por su lado, la representante Martha Alfonso (Alianza Verde - Pacto Histórico), calificó la reforma como progresiva y que intenta recuperar derechos laborales que se han ido perdiendo con la flexibilización laboral, bajo la promesa de que la misma genere empleo. “El empleo no ha crecido, ni la industrialización y, al contrario, se han precarizado varios derechos de los trabajadores”, puntualizó. 

“Un poco lo que ha sucedido es que esta reforma propone varios elementos, -por ejemplo-, volver a las 8 horas de trabajo formal. Hoy las horas extras se pagan después de las 10 de la noche. En la reforma, se propone que vuelva nuevamente la jornada laboral hasta las seis de la tarde”, agregó Alfonso Jurado.

A su vez, precisó que el proyecto de ley pone ‘en cintura’ a un sector que ha generado una informalidad en Colombia como lo son las plataformas digitales, “que emplean a las personas bajo condiciones de destajo, sin formalidad laboral, por porcentajes de ventas. Y me refiero a las plataformas domiciliarias, web de ventas, servicios sexuales, entre otras”.

También dejó en claro que ninguna reforma que llega al Congreso sale como entró, por lo que dijo que seguramente el Gobierno comenzará un proceso de concertación y negociación con partidos políticos, gremios económicos y sindicatos. 

“Eso va a generar en el país un escenario de mucho debate. Espero que sea democrático, y que los empresarios y los grandes capitalistas también cedan un poco y reconozcan que su riqueza se ha generado bajo la base de una explotación laboral tremenda en el país”, acotó. 

Así pues, Martha Alfonso mencionó que desde la Comisión Séptima, se presentarán los espacios necesarios para la discusión y el debate al respecto. 

“Vamos a hacer una audiencia pública con la reforma laboral en el Tolima. Tan pronto se defina el equipo de ponentes, se empezará a trabajar para que sea un debate amplio y democrático”, añadió.

Y apostilló: “En materia de formalización laboral en las empresas del Estado hay una gran ventaja. El Gobierno ha dicho enfáticamente que financiará un proceso de formalización, lo que disminuirá las órdenes de prestación de servicios (OPS).

“Y creo que lo anterior también es una reforma política, porque garantizará una mayor transparencia en el manejo de contratación para el Estado porque muchos hospitales o alcaldías se manejan bajo una lógica politiquera, contratando gente a través de OPS por dos meses mientras entregan votos para beneficiar un sector político” 

 El ‘barretismo’, en concordancia con el directorio nacional del Partido Conservador y al igual que la reforma a la salud, tomó distancias del proyecto de ley. 

La bancada tolimense tiene posturas diferentes. No obstante, se esperan audiencias públicas desde la Comisión Séptima, en donde pertenecen los congresistas Martha Alfonso y Gerardo Yepes.

Consideraciones desde los gremios
 

Desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Cristian Gutiérrez, director de la seccional Tolima, resaltó que se han acogido las disposiciones del orden nacional, además de que se ha estado trabajando en lo que podría ser la reforma y su articulado.

“El 22 de marzo, estuvimos reunidos con parte de la bancada del Tolima, la dirección nacional de Fenalco y el vicepresidente de relaciones porque nos interesa qué va a suceder. No es una reforma, pareciera un pliego de solicitud de un grupo específico. Lo importante de ella es cuántos empleos va a generar y cómo se va a disminuir la informalidad. Pero también nos preocupa que la misma afecta directamente al comercio por la ampliación de las horas extra”, acotó. 

A su vez, refirió que las horas extras tienen un dinamismo especial, en el caso de Ibagué, durante las horas nocturnas, “¿qué pasará con los negocios que tienen ampliación o que tienen un horario de cobertura nocturna cuando pierdan competitividad por la subida de los precios? Posiblemente se pueda estar aumentando el desempleo”.

“También nos preocupa los negocios de fines de semana porque las horas extra van a tener un diferencial. Pareciera que la reforma no está pensada para las microempresas. No nos podemos olvidar que el 97.9 % de las empresas de la ciudad y departamento hacen parte de esta categoría”, precisó el líder gremial.

Y resaltó: “Nos preocupa la forma de contratación, ¿cómo van a ser las formas de contratación cuando se habla de un contrato a término indefinido cuando existen las estacionalidad en algunas empresas que requieren de mayor intensidad en un momento que en otro? Hay que permitir que los empresarios puedan cumplir con los requisitos, pero de acuerdo a las características de sus negocios”.

 La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, criticó fuertemente el articulado de la reforma laboral.

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