“Yo pienso que el Gobierno debe declararse en emergencia”. Esta frase, pronunciada por el presidente Gustavo Petro pasadas las 8 de la noche de este martes, dejó en el aire un tufillo de molestia con todo su equipo. Y es que ese sablazo velado a su gabinete, desenvainado desde Zarzal (Valle), terminó convirtiéndose pocos minutos después en el pedido de renuncia a los 18 encargados de los ministerios.

La orden presidencial de presentar la carta protocolaria de dimisión –de acuerdo con fuentes del alto Gobierno– la ejecutó Laura Sarabia, la jefa de gabinete, quien les notificó la instrucción de Petro a los ministros e informó que, por tarde, este miércoles en la mañana debe estar oficialmente radicada ante la Casa de Nariño. Y Petro, a través de sus redes sociales, confirmó la petición.

En un trino de las 10:45 de la noche advirtió: “La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. (...) La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy (martes) por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. Tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno”.

Pero los funcionarios ya estaban advertidos. En el consejo de ministros de comienzos de esta semana fue el propio Petro el que les dijo que en su equipo de trabajo no podían continuar quienes no estuvieran comprometidos a fondo con las reformas que quiere promover. Incluso, El Colombiano estableció que hizo un repaso de las metas pedidas a cada sector y, según los reportes recibidos y exhibidos esa tarde en Palacio, casi todo el gabinete estaba rajado.

Por un lado, la falta de apoyo concreto a la reforma a la salud –que este martes fue objeto de un accidentado debate en la Comisión Séptima de la Cámara– puso en la mira del mandatario a su incondicional Carolina Corcho y al santista aterrizado en campaña, Alfonso Prada. Ellos dos, incluso, están enfrentados porque el segundo acusa a la primera de ser la culpable de romper la coalición oficialista en el Congreso.

Eso sí, esta crisis ministerial llega a pocos días de una marcha convocada para el 28 de abril con el fin de conmemorar dos años del Paro Nacional y de la del 1 de mayo, dos salidas a las calles que él espera sean masivas en momentos en que, según su relato, la falta de apoyo político debe ser suplida por un respaldo popular.

Ahora bien, la Ministra de Salud es del corazón de Petro, al igual que las jefas de las carteras de Minas, Irene Vélez, y de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quienes lideran el bloque de los activistas del gabinete. Sin embargo, no estuvieron exentas de cumplir la orden de presentar la renuncia protocolaria, aunque hay dudas de si saldrán en este segundo revolcón en el autodenominado “Gobierno del Cambio”.

El primero fue el pasado 27 de febrero, cuando terminaron descabezados Alejandro Gaviria (Salud), María Isabel Urrutia (Deportes) y Patricia Ariza (Cultura).

Pese a este escenario, las reformas a la salud, la pensional y la laboral no avanzan en el Capitolio y Petro siente que se ha perdido tiempo valioso para sacarlas adelante. Incluso, el presidente del Congreso, Roy Barreras, les ha pedido públicamente a los ministros que aceleren las negociaciones para poder darles trámite en el Legislativo.

Y a esto hay que sumarle que Vélez, la de Minas, cada tanto se vuelve el foco de una polémica por su intención de suspender a cómo dé lugar la extracción petrolera en el país, algo en lo que encontró respaldo del nuevo director de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien este martes se pronunció en ese sentido y sacudió negativamente las acciones de la compañía.

Pero no son los únicos. Otras fuentes les indicaron a reporteros de este diario que con la ministra de Agricultura, Cecilia López, hay inconformidad por el lento avance en la adquisición de tierras para promover la mentada reforma agraria y porque, además, en la ponencia para los últimos debates del Plan Nacional de Desarrollo –que debe votarse antes del 7 de mayo– quedaron por fuera elementos claves para ese propósito.

Además, hace tan solo una semana –a instancias de un foro de El Colombiano – le reclamó a Irene Vélez por querer frenar al sector extractivo copiando un modelo de “países ricos” en uno que, evidentemente, tiene un nivel de pobreza alto: 29,8%. Y es que solo por el ítem de regalías de petróleo el país percibió 10,7 billones de pesos en 2022.

Otro de los que le están generando ruido al gabinete, y que poco están mostrando en materia de resultados tangibles para el cambio que quiere Petro, es el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

Bajo su administración no solo salieron de circulación dos aerolíneas (Viva y Ultra) –generando un caos aéreo y contra el turismo que duró cerca de tres semanas–, sino que terminó sacudido por un escándalo que se gestó por sus 7 viajes en el avión privado de un contratista del Invías que maneja procesos que ascienden a los 60.000 millones de pesos.

El lío es que el Invías está adscrito al Ministerio de Transporte, por lo que hacer uso de los recursos privados de uno de sus contratistas le genera, por lo menos, suspicacias de favoritismos contractuales. Ya el tema se está indagando.

El fantasma de las mociones

A todo este panorama hay que sumarle que en estos 262 días de Petro en la Casa de Nariño –que se cumplen este miércoles–, su gabinete ha surtido cuatro mociones de censura: dos a Vélez, una más al canciller Álvaro Leyva y la que tiene prevista para este miércoles el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Ninguna ha prosperado, ni en este ni en otros gobiernos, pero en la Casa de Nariño se maneja la tesis de que las usan para bloquear la gestión y que, por lo mismo, se podrían mirar ajustes en esas carteras con dos opciones: radicalizar más esos ministerios para forzar el cumplimiento del programa o intentar acercarse otra vez a los partidos para coquetearles con burocracia. La primera opción es la que más fuerza tiene en el círculo íntimo del mandatario, en el que la Primera Dama, Verónica Alcocer, juega un papel burocráticamente fundamental.

Y aunque no han estado tan cerca de polémicas como sus otros compañeros, en la noche de este martes también se comenzó a hablar de ajustes en las carteras de TIC, liderada por Sandra Urrutia, y de Vivienda, comandada por Catalina Velasco. Además, está por verse si los pocos avances en la ley de desmantelamiento de narcobandas y de humanización penitenciaria que impulsa el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le terminan costando el puesto. Él es percibido como una de las personas que más conoce de derecho en Colombia, pero que tiene poca influencia en sectores políticos.

Y en los casos concretos de Leyva, quien hace poco disfrutó de las mieles de la cita entre Petro y el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, pero que vio cómo este martes le fracasó la cita prodemocracia en Venezuela realizada en Bogotá, y de Velásquez –que tiene cifras malas en el tema de lucha contra el narcotráfico–, son del corazón del Jefe de Estado, pero poco de los partidos.

Además, está cantada la salida de Mauricio Lizcano del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), quien será reemplazado por Carlos González, un exM-19 ‘dueño’ de Alianza Verde; y se habla de un movimiento en la Unidad Nacional de Protección (UNP), que lidera Augusto Rodríguez.

En todo caso, y eso lo advirtieron las fuentes consultadas por El Colombiano, no es un hecho que todos los 18 ministros se vayan del gabinete, incluso se habla de algunos enroques, pero sí saldrán varios de ellos para que Petro pueda materializar, si es que al final encuentra la gasolina para hacerlo, el pacto social del que lleva hablando más de dos décadas. Su obsesión es lograrlo antes del 7 de agosto del 2026, pero las apuestas están en su contra.

Falta de quorum frenó el intento de pupitrazo de la reforma a la salud

Con una fuerte dosis de polémica y una nueva lluvia de cuestionamientos se zanjó este martes la primera parte de un controvertido debate sobre la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Y es que durante la sesión que se realizó en la Comisión Séptima de la Cámara pasó de todo.

Se frenó abruptamente la discusión del proyecto en plena votación del articulado; el Gobierno echó mano de cuestionadas prácticas para impulsar la ponencia; se advirtió de más vicios de trámite; hubo congresistas que desafiaron a sus partidos; e incluso, para ponerle picante a una jornada de más de 5 horas, el propio Jefe de Estado amenazó con acudir a instancias internacionales para dar vida a la polémica iniciativa.

La controversia se desató con el expresidente César Gaviria, mandamás del Partido Liberal, quien les lanzó una dura advertencia con tintes de amenaza a sus congresistas: desconocer las decisiones de la bancada para apoyar la reforma –así como recibirle dádivas al Gobierno para torcer su voto–, es una falta disciplinaria con visos de delito penal que será denunciada como cohecho.

El mensaje contrastó con la aprobación –10 votos a favor, 8 en contra y 3 ausentes– de la ponencia de la reforma, a la que concurrió la plana mayor del Gobierno en cabeza de los ministros Carolina Corcho (Salud), Alfonso Prada (Interior) y Gloria Ramírez (Trabajo). Lo anterior le dio aire al proyecto y permite que siga su estudio, pero en medio de una fuerte discusión por vicios de trámite y constitucionales.

Quienes no prefirieron tomar partido y se ausentaron de la votación fueron los congresistas que se hicieron tristemente célebres antes de Semana Santa, cuando apoyaron con su firma la radicación de la ponencia en marzo pasado. Se trata de los representantes Gerardo Yepes (Partido Conservador) y Camilo Ávila (Partido de la U). Y a ellos se sumó Jorge Alexander Quevedo, también del Conservador.

Ante la votación, hubo voces que llamaron la atención por una aparente irregularidad que viciaría de fondo el trámite: la ponencia no fue aprobada por mayoría absoluta (11 de los 21 votos), sino por mayoría simple. “Hay que ver si 10-8 implica una mayoría absoluta a favor de la ponencia. Aquí hay algunos artículos que tienen rango de norma orgánica, que demandan mayoría absoluta”, denunció el representante Andrés Forero (Centro Democrático).

Inclusive, hubo voces que alertaron que el presidente de la Comisión Séptima, Agmeth Escaf (Pacto Histórico), incurrió en una aparente irregularidad al dar vía libre a la ponencia, por lo que fue denunciado disciplinariamente.

Y por si le faltaba algo a la accidentada discusión, pasadas las 7:00 de la noche, cuando ya se había aprobado la ponencia, la Comisión Séptima empezó a votar el texto de la reforma, pero intempestivamente Escaf –previo consejo al oído de Prada y Corcho– suspendió ese proceso.

La advertencia del delito

Antes de la votación de la ponencia, el expresidente Gaviria expidió un comunicado en el que les alertó a los liberales que “se aplicarán sanciones a quienes se aparten de las decisiones que se consideran de bancada. Esto supone a aquellos que reciban nombramientos u otro tipo de prebendas o compromisos de recursos. También se sancionará a quienes anuncien o promuevan el desconocimiento de tales decisiones. Asimismo, aquellos que reciban recursos del Estado y cuyo propósito sea vulnerar las decisiones”.

Semejante exhortación fue replicada por los partidos de La U y Conservador, que hicieron un llamado a los congresistas a votar negativa la reforma so pena de sanciones de no acogerse a las directivas de estas colectividades. Estas decisiones llevaron al presidente Petro a comprar pelea: “Gaviria se va en contra de su propio partido. Lamentable que un liberal vote obligado por los nostálgicos del poder. Sancionar por ejercer la libertad”.

E incluso fue más allá cuando amenazó con que “(si Gaviria) insiste en vulnerar derechos políticos, no queda más recurso que acudir a las instancias que vigilan la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Detrás del mensaje de Gaviria están las supuestas movidas que estaría haciendo el Gobierno a cambio de lograr el voto de los representantes de la Comisión Séptima. Lo anterior, luego de que fracasó la estrategia de Palacio de dialogar con los jefes de los partidos y apostó por transar uno a uno con los congresistas para que pasara la reforma.

Eso quedó en evidencia previo a Semana Santa, cuando se logró radicar la ponencia de la reforma con la firma de congresistas de los partidos Conservador y de la U, pese a que los directores de esas colectividades habían retirado su apoyo al proyecto. Es decir, se los pasaron por la faja y terminaron dándole visto bueno.

De hecho, el representante Forero denunció este martes que, en medio de la discusión de la ponencia positiva del proyecto en la Comisión Séptima, la ministra Corcho se reunió en la cafetería de la Cámara con el senador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador: “Eso lo tiene que saber el país”.

Inclusive, en la misma bancada de gobierno, la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) rechazó los fantasmas de burocracia y mermelada: “El cambio que se le vendió a la ciudadanía por parte de este Gobierno no incluía hacer transacciones burocráticas. No es aceptable ver cómo se le está pidiendo la renuncia a viceministros presuntamente para presionar la votación de esta reforma”.

Los ruidos de algunos ministros que están en la cuerda floja

Alfonso Prada - Ministro del Interior

Protagoniza una disputa con su par de Salud, Carolina Corcho, por la reforma. Los puntos que él ha negociado con los partidos sobre el articulado han sido desautorizados por Corcho y el presidente anda de pelea con quien fue su jefe, Juan Manuel Santos.

Cecilia López - Ministro de Agricultura

Estuvo a punto de salir en el primer remezón ministerial. Hace una semana durante un foro de El Colombiano cuestionó a su par de la cartera de Minas, Irene Vélez, y dijo que, si se ponía a pelear, la “botaban” del Gobierno.

Guillermo Reyes - Ministro de Transporte

Se destapó que el funcionario viajó siete veces en un avión de un contratista del Invías que tiene contratos por 60.000 millones con el Gobierno. La vía que él inauguró para la emergencia de Rosas, Cauca, presentó fallas.