Tras meses de diálogo entre el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, se logró establecer acuerdos que abordan varios temas, entre ellos una revisión al Sistema General de Participaciones, SGP, y la creación de comisiones especiales, que tienen como fin revisar las condiciones estructurales y en bioseguridad que de las instituciones educativas.

El presidente del sindicato de maestros Sutet – Simatol, William Polo, explicó que se volvió a retomar la mesa de alto nivel para construir una propuesta de reforma constitucional del SGP, “es decir, reformar la fuente de ingresos para obtener recursos para educación, salud y saneamiento básico”.

La revisión se hace teniendo en cuenta que año tras año, son menos los recursos que se reciben, tanto así, que se estima un déficit mayor a $100 billones en el sector educativo, “por eso es que hay tanta deficiencia en planta física y dotación, por eso tenemos tantos problemas en planta docente, personal administrativo y para otros recursos, que deberían existir en las instituciones educativas. Creo que el principal punto es ese”.

El plazo para retomar la mesa y estructurar la propuesta de reforma constitucional para llevar al Congreso de la República, es de seis meses. En este trabajo participarán los ministerios de Hacienda, Educación, Salud, al igual que, representantes de sectores sociales y sindicales.

Otro de los temas abordados fue el retorno escolar, sobre ello se acordó crear comisiones entre el Gobierno nacional y Fecode, para revisar las condiciones de las sedes más críticas para “establecer un plan de acción, un plan de inversión y elaborar un cronograma, para que también entre tres y seis meses se esté ejecutando lo correspondiente”, precisó Polo.

En la conformación de las comisiones se espera la participación de representantes del Gobierno nacional, sindicatos de maestros, representantes de la comunidad educativa y de los gobiernos escolares, estos últimos, serán los encargados de certificar si se cumplió con los arreglos de las sedes.

Es decir que el retorno, que era una directriz casi que obligatoria, “queda condicionado a una verificación, un plan de acción, una inversión y se supere el problema, si no se supera, no va a poderse entrar, tan pronto como está planteando el Gobierno (nacional). Entre más se demoren en los recursos, más lejos va a estar el regreso a la presencialidad”.

Trabajo adelantado 

Es de recordar que desde Sutet – Simatol se instauró una tutela a nivel municipal y otra departamental, con el fin de solicitar garantías, para los docentes y los estudiantes,  en el regreso a las aulas de clase. 

En el caso de Ibagué se creó una comisión que recorrió 80 instituciones educativas, entre sedes principales y alternas, el resultado preliminar era que al menos 39 no estaban listas, estructuralmente,“se demoran por diversas razones entre 20 días y seis meses, para volverlas a visitar y verificar si se hizo lo pactado”.

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