Un nuevo capítulo, en torno al Bosque de Galilea, declarado en 2019 como Parque Natural Regional, se registró hoy, esta vez ciudadanos provenientes del oriente del departamento alzaron su voz para exigir frente a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, que no se apruebe el Plan de Manejo Ambiental, PMA, que se formuló para las más de 26 mil hectáreas de tierra ubicadas entre las poblaciones de Villarrica y Dolores.

De acuerdo con Leidy Arévalo, habitantes y veedurías solicitan reformular el documento que, una vez reciba ‘luz verde’, servirá como ‘norte’ en términos de protección. Asimismo, requirió la realización de un estudio, en su concepto, serio, y el reconocimiento de los derechos territoriales, económicos y sociales de los campesinos que allí habitan y quienes fueron vulnerados por el conflicto armado.

“La amenaza a corto plazo es que familias que subsisten ahí o tienen algún tipo de actividad agrícola van a ser expulsados porque sus actividades históricas, de lo que necesita la sociedad, que es producir comida, se vuelven incompatibles con los usos del suelo, el campesino pasa a ser enemigo de la conservación. Deben haber transiciones justas y eso es que se reconozca que (los campesinos) históricamente conservaron esos bosques”, explicó Arévalo.

Y advirtió que “la decisión sobre el PMA lo que va a permitir es legitimar un negocio entre privados que excluye de las oportunidades y beneficios a los verdaderos cuidadores y protectores del bosque”.

Aunado a ello, María Isabel Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Galilea e integrante de la Red de Vigías Defensores del Bosque de Galilea y Territorio, señaló que si bien han participado de los espacios para la construcción del Plan de Manejo Ambiental, a su juicio, las solicitudes de la comunidad no se ven reflejadas en el mismo.

De hecho, contó que “ayer estuvimos con ellos (Cortolima) presentando argumentación desde la comunidad del Bosque de Galilea, diciéndoles algunas de nuestras observaciones y que con anterioridad habíamos emitido en tema técnico frente a ese documento que formularon”.

Y añadió: “Vemos que la necesidad es una reformulación de base y sustancial, porque vulneran nuestro derecho, primero a una participación incidente y real y segundo, porque allí no nos vemos representados en nuestros derechos territoriales, políticos, económicos, culturales, vemos que están allí fragmentados, que no nos ‘recogen’”.

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