La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué recientemente aperturó vigilancia preventiva y de control de gestión en los municipios de su jurisdicción, es decir,  Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Piedras, Roncesvalles, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan y Venadillo, respecto a las actividades con concentración de equinos y cabalgatas programadas en el marco de las festividades.

Teniendo en cuenta las fiestas de San Juan, San Pedro y otras que se celebran en diferentes poblaciones del departamento, y el caso registrado recientemente en Espinal, donde una yegua se desplomó en medio de una cabalgata, y que conforme con comunicado de la Administración municipal continúa bajo vigilancia médica veterinaria, “fuera de peligro y estable”, el ente emitió una serie de solicitudes.

En primer lugar, requirió informen duración, recorrido, responsables del evento, número de participantes e inversiones, en caso que durante los meses de junio y julio de 2023 se tengan programadas actividades de concentración de equinos y/o cabalgatas.

Asimismo, pidió aportar copia íntegra y digitalizada de los documentos contentivos del trámite para la autorización del evento y de la autorización emitida por parte de la respectiva administración municipal.

A esto se suma el hecho de certificar si cada evento cuenta con licencias zoosanitarias y/o permisos ICA; instalaciones (corrales, bebederos, comederos, embarcaderos”; disponibilidad permanente de agua potable para suministro a los animales; sistema adecuado de limpieza de estiércol; protocolo de verificación del transporte, cargue y descargue de los animales en condiciones óptimas de seguridad; cerramiento de las vías donde se realizará el recorrido.

De la misma manera, la disponibilidad de cuerpo médico, ambulancias, equipos e insumos para la adecuada asistencia y atención de jinetes y lesionados; puestos de control para la verificación de la regulación sobre el consumo de bebidas alcohólicas y participación de menores, y controles de emisiones de ruido.

Aunado a ello, a través de un oficio emitido el pasado lunes, que señala que la anterior información debe ser remitida en un término no mayor a dos días, el ente requirió indicar si el municipio cuenta actualmente con una reglamentación integral, clara, precisa y previamente socializada para el desarrollo de este tipo de eventos.

Por último, la Procuraduría reiteró que las “actuaciones preventivas y de control de gestión se llevan a cabo con total respeto de la autonomía de gestión y administración que les compete a las autoridades territoriales destinatarias del presente oficio, siendo estas las responsables del ejercicio de sus respectivas funciones públicas, así como de los efectos que puedan generarse por su acción u omisión conforme con La Ley disciplinaria”.

Es visto con ‘buenos ojos’

Por su parte, Yurani Vanegas, quien es activista, señaló que es de resaltar lo que trajo a colación la Procuradora Provincial de Instrucción de Ibagué y pidió que los alcaldes “lo tomen como algo que puede solucionarse en este momento y que puede ayudarlos para que eviten el maltrato animal en los diferentes municipios”.

En ese sentido, destacó que se busca “garantizar que no se vulneren los derechos de las personas, hablando del detrimento, y en este caso pues que se brinden todas las garantías de protección para los animales”.

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