Para Eduardo Bejarano, exgerente del Ibal, al documento técnico en el cual se expone la financiación del proyecto le faltan aspectos fundamentales, que según él, no permiten conocer a fondo sus implicaciones.

Lo calificó como “flojo, básico” y con una “metodología débil”, que no incluye elementos claves como el valor presente neto de la inversión del proyecto.

Y agregó que en los aspectos financieros presentados tampoco se calcula la tasa interna de retorno (TIR), ni el cálculo de depreciación de los activos, entre otros elementos que cualquier proyecto de su tipo debe especificar.

Asimismo, aseguró que en el estudio presentado por el ingeniero Alejandro Méndez Ramírez, no aparece un análisis del Opex, que corresponde a los costos permanentes para el funcionamiento del sistema, otro elemento para él indispensable.

Describió, además, que el proyecto de las fotomultas solo registra los gastos de nómina, que de acuerdo con el proponente ascienden a los mil 71 millones de pesos al año.

“Ahí se habla de nómina, pero por ejemplo ahí no se ha calculado el tema de seguros, de depreciaciones, entre otros aspectos que en cualquier modelación financiera deben incluirse”, indicó.

Y añadió que tampoco se presenta el Capex, que hace alusión a los costos de capital del proyecto, el cual, dijo, “no se sabe cómo se va apalancar, son recursos propios, si va a ver un empréstito, o si el privado va a endeudarse”.

Bejarano le lanzó varios ‘dardos’ a la Secretaría de Planeación municipal y dijo que el documento “es flojo no por quien lo elaboró”, sino por los términos que esa dependencia estableció.

Sumas y restas

Eduardo Bejarano fue más allá, y aparte de efectuar un ejercicio financiero basado en las cifras del documento, para él incompleto, señaló que el debate en torno al proyecto se ha centrado en donde no se debe.

Dijo que el debate no se debe basar en si la ciudad necesita o no el sistema de fotomultas, sino por el contrario, afirmó que debe recaer sobre el modelo financiero del proyecto que lo sustenta.

Con el estudio técnico en mano, entró de lleno en el análisis de las cifras que describe la viabilidad financiera del proyecto, que fue presentado al Concejo por la secretaría de Tránsito, Martha Pilonietta Rubio.

Cuando EL NUEVO DÍA le preguntó a la Secretaria acerca del por qué se concesionaría a 20 años la operación del sistema, la funcionaria respondió que las inversiones para poner en marcha la iniciativa “son bastantes grandes”.

Y agregó que “a medida que pase el tiempo la imposición de la multa tiende a disminuir porque se va creando cultura ciudadana”. En otras palabras, su argumento se basó en la recuperación de la inversión por parte del privado.

Pero, para Eduardo Bejarano eso no es tan claro. En la página 46 del estudio, presentado por el ingeniero Méndez Ramírez, se exhibe un cuadro con la inversión total que efectuaría el privado.

Restando impuestos, los recursos que se requieren para ejecutar el proyecto superan los cinco mil 644 millones de pesos, una inversión considerable, aunque muy rápida de recuperar destacó Bejarano.

Una exposición con claros y oscuros

De acuerdo con Bejarano, los rubros que fueron expuestos por la secretaria Pilonietta ante el Concejo no mostraron, en su totalidad, los ingresos que describe el estudio técnico.

Ante los cabildantes, la funcionaria dijo que durante el primer año de operación, el recaudo ascendería a los 12 mil 534 millones de pesos, siempre y cuando los infractores pagasen la totalidad de los comparendos.

Los cálculos del estudio parecen claros: se registrarán 792 comparendos al día y, si son pagados por todos los infractores, al año se recaudarían los 12 mil 534 millones de pesos.

Pero después vienen los descuentos. De ese rubro, el 10 por ciento se destinará al Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones (Simit), lo que equivaldría a mil 253 millones de pesos.

De los ingresos restantes, el 60 por ciento llegaría a las arcas del concesionario, unos seis mil 768 millones, mientras que al municipio (40 por ciento), le corresponderían cuatro mil 512 millones de pesos.

No obstante, si el infractor cancela dentro de los cinco primeros días y obtiene un descuento, se recaudarían seis mil millones de pesos al año, explicó en su momento Pilonietta.

De ese total, el 25 por ciento llegaría a manos de los Centros Integrales de Atención (Ciatran), el 10 por ciento para el Simit y lo que quede, el 60 por ciento para el contratista y el 40 por ciento restante para el Municipio.

Todas las cuentas parecen claras, sin embargo, en las páginas 49 y 50 del estudio se muestra un cuadro que tiene siete columnas, mientras que el que presentó Pilionetta ante el Concejo, tenía cinco.

Una de las columnas que faltó y que no fue expuesta es fundamental, explicó Bejarano, porque muestra que durante el primer año los ingresos totales del proyecto alcanzarían los 39 mil 170 millones de pesos.

Así las cosas, al adelantar las restas correspondientes a los descuentos del Simit y el Ciatran, resultan otras cifras que no habrían conocido los concejales en la exposición efectuada por la Secretaria.

Se trata de un cuadro ubicado en la página 50 que expone que los ingresos del privado, durante el primer año, serían de 21 mil 622 millones de pesos y no de seis mil 768 millones de pesos.

Es decir que de acuerdo con el análisis adelantado por Bejarano, los ingresos del operador serían 3.8 por ciento superiores a la inversión efectuada en el proyecto (cinco mil 644 millones de pesos).

A propósito, EL NUEVO DÍA revisó la presentación que exhibió la Secretaria ante el Concejo, y en las diapositivas correspondientes al recaudo no aparecen esos rubros, que juntos, suman los 39 mil millones de pesos.

Con respecto a la inversión, Bejarano añadió: “usted invierte cinco mil 644 millones de pesos y en el primer año de utilidad, recibe 21 mil millones de pesos, explíqueme eso”.

Y agregó que así se descuente el valor de la nómina (más de mil millones de pesos por año) y otros gastos fijos del operador, “con esas cifras, en seis meses, recupera su inversión”, afirmó.

Y calificó como “una vergüenza” la aprobación del proyecto, debido a que, afirmó, el operador contará con “19 años y medio libres y eso no tiene ninguna discusión”.

Seguidilla de cuestionamientos

El proyecto de fotomultas, que será socializado mañana en el edificio de la Cámara de Comercio de Ibagué y que fue avalado por 14 de 19 cabildantes el pasado 12 de julio, ha recibido una seguidilla de críticas, y ha dejado a su vez, una serie de interrogantes. Entre ellos, cuáles serán los impactos de la medida en las cifras de accidentalidad, los ingresos reales que dejaría al Municipio, la obsolescencia en el tiempo de la tecnología empleada y hasta la cláusula del informe técnico que advierte que el Municipio deberá crear una reserva presupuestal para sufragar los gastos que el operador no alcance a asumir por concepto de recaudo.

Ha sido tal la polémica, que incluso representantes de gremios nacionales como Guillermo Botero, presidente de Fenalco, de visita esta semana en Ibagué, pidió al alcalde Luis H. “que haya transparencia sobre el proceso” y opinó que es un despropósito haber entregado en concesión por 20 años el contrato, situación que según él, podría afectar a los sucesores de Luis H. Rodríguez. Ni “los estudios han sido los más adecuados; segundo, parece que no hubiera transparencia en lo que realmente costaron, tampoco con lo que se espera generar con el proyecto y el término de la concesión, amén, que también genera dudas”, dijo Botero a EL NUEVO DÍA.

Nómina Vs utilidades

En cuanto al tiempo de la concesión, Eduardo Bejarano señaló que tal como está planteado el negocio, es “una monstruosidad” para el Municipio.

Porque “un inversionista va a poner cinco mil 600 millones y, en menos de seis meses, el primer año de operación va a recuperar la inversión (...)”, explicó.

Y dejó en claro que considerando el valor de la nómina, y sumándole otros que no se especifican como amortizaciones, depreciaciones, impuestos, entre otros, la utilidad del privado resulta “exagerada”.

Frente a la proporción de 40 por ciento para el Municipio y 60 por ciento para el privado, Bejarano dijo que le parece “descarada e infame con Ibagué”, porque los comparendos son recursos públicos.

Y opinó que la inversión para ejecutar el proyecto la puede aportar el Municipio, así como se han destinado otros recursos para el Panóptico o el patrocinio de fiestas.

Por último, dijo no entender porque Ibagué no sigue el ejemplo de otras ciudades, en donde se han contratado bancas de inversión para contratar proyectos como el de las fotomultas.

“(...) Porque aquí se está haciendo un negocio de cerca de un billón de pesos a 20 años, con un contratico de 15 millones”, puntualizó.

En abril, la Comisión de Presupuesto había hundido el proyecto para concesionar la implementación del sistema de fotomultas, pero en menos de dos meses, en primer debate fue aprobado ¿qué sucedió?