El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo radicó ayer ante el Concejo el texto de la pregunta: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agrícola y turística del Municipio con motivo de proyectos mineros?

Este será el texto que deberán discutir y aprobar los 19 cabildante para que el Alcalde pueda convocar la consulta popular minera y que sea la ciudadanía quien decida en las urnas si avala o no el desarrollo de proyecto de megaminería en la capital.

“Esta es la pregunta que se ha estudiado por parte de muchas personas, que se consideran son idóneas para impedir que la megaminería, el abuso de la locomotora minera pueda destruir nuestras fuentes de agua y el elemento vital del cual nosotros vivimos y del cual estamos constituidos, recordemos que el cuerpo humano está constituido de agua, en los neonatos del 90 por ciento y en los adultos del 80 por ciento”, dijo Jaramillo en su discurso.

Jaramillo reconoció que la iniciativa está apoyada por el Comité Ambiental que socializó la pregunta el pasado mes de junio, pero que el exalcalde Luis H. Rodríguez se negó a dar trámite ante el cabildo.

Panorama difícil

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo reconoció que las licencias ambientales y el futuro de los megaproyectos mineros son decisión del Gobierno nacional.

“Recordemos que hoy las licencias para temas tan vitales como la minería las van a otorgar a nivel nacional, pasando por encima de alcaldías y de corporaciones regionales como en este caso Cortolima, es decir, como vulgarmente se dice quedamos viendo un chispero y no somos tenidos en cuenta en decisiones que tienen que ver no solamente con la supervivencia de nuestro territorio, sino con salvaguardar a las generaciones futuras. Acá no estamos haciendo y trabajando para las próximas elecciones, aquí estamos trabajando y luchado para las nuevas generaciones”, dijo Jaramillo.

Renzo Alexánder García, vocero del Comité Ambiental afirmó que aunque la consulta popular minera es una salida democrática y constitucional es un mecanismo de llamado al Gobierno nacional para que se le dé la posibilidad a las regiones de decidir si desean o no el desarrollo de macroproyectos mineros.

“La consulta popular minera son salidas democráticas y constitucionales y lo que le estamos pidiendo al Gobierno nacional es que respete la voluntad popular y se nos dé la posibilidad de decidir si estamos o no de acuerdo con esos emprendimientos”, indicó García.

Algunas personas vieron el acto de Jaramillo como una “alharaca política” que no tiene asidero en el orden nacional. Al respecto, García increpó “política no hay de ninguna clase porque las personas que están dando esta pelea a ninguna de ellas les da un solo peso. A diferencia de todas las personas que defienden el proyecto minero La Colosa. No conozco por ejemplo una persona al día de hoy que no se beneficie directa e indirectamente del proyecto. Acá hay unos intereses bien diferenciados, por un lado aquellos que se benefician casi que por la imposición dictatorial del proyecto y por otro lado una inmensa mayoría de ciudadanos que han entendido que el agua es un elemento fundamental para el bienestar de los tolimenses y los colombianos”, puntualizó.

Cortolima y la sobretasa ambiental 

Jaramillo recordó la difícil situación de escasez de líquido y bajo caudal de las fuentes hídricas en Ibagué. No obstante, criticó los resultados de Cortolima en la protección del recurso.

“Nosotros sufriendo por El Niño, sin agua en la ciudad, con los acueductos comunitarios acabados por la deforestación. Voy a luchar por defender el Cañón del Combeima, las cuencas de Coello y Totare que nos circundan, necesariamente hay que protegerlas.

Y para eso tenemos que tener una política muy clara y recursos, y obligar a Cortolima que invierta los recursos que correspondan para un municipio que está aportando cerca de 10 mil millones de pesos anualmente y que no vemos retribuidos en acciones concretas y claras por parte de la corporación”.

El mandatario reafirmó su propósito de presentar al Concejo en la reestructuración administrativa la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y que no sea un apéndice de la Secretaría de Desarrollo Rural.