Según el documento “una vez efectuada la revisión del pliego de condiciones definitivo, se evidenciaron errores involuntarios en la confección del mismo, que podrían llegar a inducir a errores a los futuros proponentes en la estructuración de sus propuestas”, dice el documento.

Peña argumentó que las empresas que presentaron objeciones al pliego fueron Vigías de Colombia SRL, Alpha Seguridad Privada Ltda y Seguridad Trébol Ltda. La decisión se tomó con base en irregularidades en el factor técnico para la evaluación de las propuestas y en el equipo técnico de comunicación.

De acuerdo con el funcionario se espera volver a abrir el proceso en un tiempo no superior a ocho días.

Sin embargo, en una búsqueda a través de la web de El Nuevo Día se pudo establecer que Vigías de Colombia SRL, representada por Jorge Eliécer Muriel Botero ha prestado el servicio a entidades como el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Servicios Públicos, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Cafesalud, Coldeportes, Contraloría General de Bogotá, entre otras.

No obstante, la empresa fue vinculada a una investigación por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por un hecho ocurrido en febrero de 2015 y que involucró a un vigilante de la firma con un asesinato en la localidad de Teusaquillo.

El caso fue registrado por el diario El Tiempo que refirió que Jhon Alexánder Ulloa Anturi prestaba sus servicios a la Filarmónica de Bogotá donde Vigías de Colombia tenía contratado el servicio.

Dos días después del macabro hecho, Ulloa Anturi renunció a la entidad pero, según una fuente cercana a la investigación del caso, la empresa Vigías de Colombia lo habría despedido por “problemas disciplinarios”, refirió El Tiempo.

La Supervigilancia aseguró en su momento no haber encontrado fallas en la contratación de Ulloa.

Por otra parte, llamaría la atención la relación que podría existir entre Jorge Eliécer Muriel Botero con Raúl Hernán Muriel Botero, representante legal de Cosinte Limitada, empresa de vigilancia privada que fue vinculada en 2009 a un escándalo por posibles ‘chuzadas ilegales’.

Al parecer, Consinte Limitada, “habría adquirido un Oscor 5000, que según la Supervigilancia, podía escuchar a terceros”. Además “no tenía autorización para usarlo y además los papeles de importación o compra era ilegales” como le refrió El Tiempo y La W Radio.

Pero es de destacar que Cosinte Ltda, después de habérsele suspendido la licencia por cuatro meses por estos hechos y luego revocada por la misma Supervigilancia, fue contratada en el periodo del exalcalde Gustavo Petro para prestar el servicio de seguridad privada a la Secretaría de Educación del Distrito. Como reposa en el Secop, la última adición al contrato se efectuó en junio de 2014.

Por otra parte, y con relación a Alpha Seguridad Privada Ltda, que tiene presencia en más de seis ciudades del país, se estableció que presta el servicio de vigilancia a colegios del Ejército en Bogotá.

Por último, en cuanto a Seguridad Trébol Ltda, empresa registrada en el Municipio con sede en Neiva, registra contratos con la Fiscalía - seccional Ibagué y la Gobernación del Tolima.