El abogado y periodista Iván Ramírez Suárez denunció esta semana que más de 10 concejales del periodo 2012 - 2015 habrían recibido entre 50 y 200 millones de pesos de la Administración del ex-alcalde Luis H. Rodríguez para aprobar el cambio de destinación de los dineros previstos para mantenimiento vial a la contratación de los estudios y diseños de Typsa.

Según Ramírez, hubo actuaciones coadministrativas del Concejo, que avaló el traslado presupuestal y permitió que exfuncionarios de la Alcaldía y el Imdri se apoderaran de dineros de la Nación y el Municipio.

Además, resaltó que la Fiscalía ya tiene conocimiento de los cabildantes que habrían recibido dichos dineros pero sin que hasta el momento exista un pronunciamiento de la seccional.

El exsecretario de Hacienda Oswaldo Mestre sería un testigo clave para denunciar quiénes son los cabildantes que recibieron recursos para aprobar el proyecto de acuerdo. Sin embargo, el preacuerdo que suscribiría con el órgano de control se frustró y la ciudad continúa sin conocer la verdad sobre los hechos.

En concepto del abogado, tanto la Fiscalía Seccional como el Municipio se han equivocado al no perseguir los fines de la administración de justicia, que son la verdad, la justicia y la reparación.

“Hay más de 10 concejales que recibieron entre 50 y 200 millones de pesos y que ya la Fiscalía tiene conocimiento, pero no ha habido actuar, luego esto es mucha la gente implicada y por encima del señor Orlando Arciniegas, Navarrete y Uribe hay personas a quienes han denominado el ‘cartel del Tolima’, que infortunadamente como no les ha llegado la aplicación de justicia, como no les ha llegado la sanción, siguen haciendo sus fechorías en detrimento del Departamento”, agregó Ramírez en diálogo con Ecos del Combeima.

También lobby

En la lectura y audiencia de imputación de cargos contra Mestre, se conoció que Arciniegas había narrado a la Fiscalía cómo el exsecretario de Hacienda tenía la función de hacer lobby ante los concejales para la aprobación de los proyectos.

“Una vez se supo el valor, Mestre hizo el proyecto de acuerdo, que incluye los traslados presupuestales respectivos, se encargó de hacer el lobby con los respectivos concejales, que consistía en que los concejales aprobaban los proyectos y a cambio se les prometía contratos a través de terceros”, contó el condenado abogado.

El entonces secretario de Transparencia de la República, Camilo Enciso, indicó a final del año que radicaría una denuncia penal en averiguación para que la Fiscalía identificara con precisión cuáles serían los concejales involucrados y que habrían recibido prebendas para aprobar los traslados presupuestales.

Pero como lo ha reiterado el abogado Iván Ramírez, la Fiscalía Seccional no se ha pronunciado con respecto a los avances en la materia.

¿Aludido?

El concejal Camilo Delgado, quien fue el ponente del proyecto de acuerdo con que se avaló el traslado de los 10 mil millones de pesos a Typsa, a través de su cuenta en redes sociales pidió al abogado Iván Ramírez que de manera inmediata presentara la denuncia contra esos 10 concejales e hiciera públicos los nombres y el partido político al que pertenecen.

Según lo expuesto por el cabildante, perteneció como miembro del Concejo en el periodo anterior y amenazó con demandar a Ramírez si no se retractaba de sus aseveraciones.

“Pertenecí y actualmente pertenezco al Concejo de Ibagué. De no aceptar el abogado Iván Ramírez la presente solicitud, le exijo de manera inmediata se retracte públicamente de tales acusaciones, exponga o demuestre las pruebas en que sustenta su dicho. De lo contrario, me veré en la obligación de denunciarlo penalmente por los delitos de injuria y calumnia”, aseguró.

Delgado, de manera pública el pasado miércoles mediante oficio radicado a la Fiscalía Seccional, solicitó informar si actualmente en su contra se adelanta investigación de carácter penal por haber participado como autor, coautor, agente determinador o cómplice de los delitos de peculado, prevaricato, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, utilización indebida de información privilegiada o cualquier otro delito contra la administración pública de los establecidos por el Código Penal y en especial por los delitos y actos de corrupción cometidos con ocasión del desfalco de los XX Juegos Deportivos Nacionales.

Para Delgado, las declaraciones de Ramírez son “aseveraciones y afirmaciones falsas” y “en honor a la verdad y el derecho a la honra y buen nombre”, en tanto ofició al órgano de control para que aclare su situación legal.