Licitación en el Ibal desata polémica

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El gerente del Ibal, José Alberto Girón, dice que Eduardo Bejarano está desinformado y responde uno a uno los cuestionamientos: “Que sigan ladrando, nosotros seguimos avanzando”.

EL NUEVO DÍA:  Dicen que la licitación del primer tramo de la segunda fase del Acueducto Complementario  es calcado a lo que sucedió con los diseños de Typsa...

JOSÉ ALBERTO GIRÓN: Es una afirmación completamente falsa. En los Juegos Nacionales se hizo un diseño y después la contratación. En la misma administración se trazó esa línea conductual, aquí no hay eso. 

Y eso es lo primero que hay que aclarar a la ciudadanía y está soportado en documentos. El contrato del acueducto complementario, en lo que concierne a diseños, se contrató a través del contrato 072 de 2012, por lo tanto, el diseño no fue contratado por esta administración. Además, está inscrito en el Ministerio de Vivienda desde 2013.

Nosotros recibimos un diseño. Los planes maestros de acueducto se diseñan en un tiempo y no se pueden ir modificando, sí se pueden ir actualizando, en los presupuestos o si hay normas nuevas que hagan que usted lo tenga que revisar.

La Administración anterior, desde 2012 hasta 2015, inscribió 16 proyectos fraccionados del acueducto complementario, por eso es importante saber qué es el acueducto complementario, porque cuando uno va a hablar de algo debe tener conocimiento.

¿Qué ha pasado en la opinión pública?, que se sale a opinar sin saber. Yo no opino sobre cosas que no sé.
 
E.N.D.: Entonces el primer desinformado es el doctor Eduardo Bejarano, según lo que está usted diciendo.

J.A.G.:  Eso es responsabilidad de él, yo no menciono aquí a nadie, yo respondo por lo que está sucediendo aquí. El proyecto del acueducto complementario es un proyecto de ciudad, que no es de propiedad del señor Guillermo Alfonso Jaramillo ni José Alberto Girón.

Nosotros lo venimos impulsando desde el Plan de Desarrollo, porque el eje fundamental para este alcalde es el agua, entonces, hay un proyecto que viene desde 1995 y se ha venido actualizando, pero todo lo demás sigue siendo en la misma concepción: traer agua desde Cocora hasta la planta de La Pola. Este proyecto tiene un atraso de 25 años, se diseñó en 1995 con periodo de diseño que se cumple hasta el 2022 y sale de panorama el primer diseño. La empresa que en 2012 actualizó el proyecto a través del contrato 072 fue la firma IEH Grucón Profinvest.

E.N.D.: Esa es de una de las dudas que asaltan al señor Bejarano, que los diseños no se hayan actualizado. 

J.G.R.: No, señor, ahí es donde uno entiende que las afirmaciones que está dando son completamente contrarias a las realidad, porque infortunadamente no conocen el proyecto.

En el Secop, usted encuentra todas las memorias de cálculo del proyecto y del contrato 072 y el título dice: Actualización del proyecto del acueducto complementario y sale con los logos de la administración anterior. Un plan maestro de acueducto y uno de alcantarillado tienen una vigencia de 25 años, si esta es la última actualización, esta empresa y el gerente que venga tiene que respetar ese diseño, porque es un plan maestro de acueducto. Lo que estoy haciendo es respetar la norma, coger ese proyecto y hacerlo realidad. 

E.N.D.: Bejarano afirma que como el Ibal es el que pone los recursos de la fase II, no necesita el aval del Minvivienda aunque él sí lo ve necesario...

J.A.G.: No, nosotros siempre lo hemos visto como necesario, nosotros lo radicamos el 2 de septiembre, después volvimos a hacer ajustes en noviembre. El Ministerio volvió y lo revisó y lo ajustamos el 28 de marzo de 2017. El Minvivienda vuelve y lo revisa y en junio volvemos y ajustamos el proyecto. 

El proyecto ha venido siendo ajustado, no en la concepción hidráulica ni en la concepción de cómo es el proyecto; no, viene siendo ajustado por una serie de condiciones que exige el Ministerio a través de resoluciones nuevas. Le pongo un ejemplo, el Ministerio establece: ajusten los precios a 2018 y nosotros los presentamos a 2017, nos lo devuelven y nosotros lo ajustamos. Son cosas de forma, mas no de fondo.

E.N.D.: Si ustedes lo ven como necesario, pero el Minvivienda no ha dado el visto bueno, ¿por qué se saca a licitación sin la aprobación del ente nacional?  

J.A.G.: Porque no se requiere de la aprobación del Ministerio, porque no aporta recursos, sin embargo nosotros lo hemos solicitado.  Hemos hecho seis mesas con el Ministerio y el proyecto ya está más que revisado y en borrador aprobado, nosotros esperábamos que pasara al comité de aprobaciones para poder acceder a recursos, pero faltan los dineros en el Ministerio.

E.N.D.: ¿Y de dónde van a salir los recursos, si el Gobierno Nacional no cuenta con los dineros? Bejarano dice que eso va a afectar el bolsillo de los ciudadanos. 

J.A.G.: Del esfuerzo propio de la empresa y eso es el absoluto y total desconocimiento de cómo funciona una empresa de servicios públicos. Una empresa de este tipo funciona con una estructura tarifaria normada por el Gobierno nacional. 

Esta empresa tiene la resolución CRA 688 de 2014, que fija la estructura tarifaria para todas las empresas de servicios públicos del país. En esa estructura tarifaria aparece el costo medio de inversión y a partir de este costo se establece en qué se va a invertir la plata en los próximos 10 años y que empezaron a regir el 1 de julio de 2016 y que está vigente hasta el 1 de julio de 2026. El Ibal recogería, a valor presente, $210 mil millones para inversión.

E.N.D.: Es decir que no es un cobro adicional que se vaya a hacer... 

J.A.G.: No, es la responsabilidad que tiene esta empresa de invertir esa plata. Qué hacen las empresas de servicios públicos cuando se les aprueba la estructura tarifaria: endeudarse para poder pagar esas obras que se necesitan hoy, pero su estructura tarifiaria permite que se paguen en el tiempo. Nosotros no vamos a ser tan desjuiciados en el Ibal de hacer obras que superen los $210 mil millones, la estructura tarifaria no nos permite pasarnos de allí.

El año pasado dimos $13 mil 480 millones de utilidad operacional, y este año vamos a superar los $20 mil millones. 

E.N.D.: Otra preocupación es con el tema de la doble calzada. ¿Qué se va a hacer con tal de que el proyecto no se dañe o haya un detrimento?

J.A.G.: Esto está publicado en la página web, nosotros tenemos los permisos de la ANI: uno del 25 noviembre de 2015, y no lo saqué yo, por lo tanto no hay improvisación ni es un diseño actual que está acomodándose a un contratista, eso es falso. Yo no vengo a inventarme cosas. Los permisos de la ANI existen y estos no fenecen.   

E.N.D.: ¿Pero habrá alguna modificación al diseño de la línea de conducción? 

J.A.G.: No, señor, tiene prevalencia la tubería y en obras públicas siempre prevalece el suministro de agua potable sobre una vía. Sin embargo, nosotros tenemos los permisos de afectación sobre la paralela que sale por Coello. Tengo el permiso de ocupación de espacio público, de intervención del túnel de Boquerón.

Cuando se dice de manera errada que este proyecto no tiene licencia, esta fue expedida desde marzo de 1997 y las licencias no fenecen. El numeral segundo lo precisa: “Dentro de la presente licencia ambiental se incluyen la construcción de las obras complementarias como túneles, cruces de ríos y quebradas de tipo subfluvial y/o pasado elevados, vías de acceso, así como la zona de influencia indirecta en el tramo correspondiente entre la captación  y la planta de tratamiento de Boquerón”. 

¿Qué requiero para iniciar las obras?, la aprobación del Plan de Manejo Ambiental que se presentó actualizado el martes de esta semana, porque no lo puedo presentar antes porque nos van a decir que está desactualizado. El lunes, se cerrará la licitación y Cortolima se demora un mes en aprobar el Plan de Manejo Ambiental, pero ya la licencia existe. 

E.N.D.: ¿Es decir, no se requiere de licencia ambiental, sino de permisos?

J.A.G.: El decreto 1076 de 2014 dice que las obras de acueducto no requieren de licencia, requieren de permisos pero si se lee el numeral segundo de licencia, dice: ‘Usted tiene permiso para hacer todo lo que dice ahí’, pero como soy respetuoso de la ley, ahí está el problema, como aquí hay gente que no ha sido respetuoso de la ley dicen cosas que no son ciertas.

Este proyecto se ha demorado 23 meses en poder a salir a licitación para cumplir con todos los requisitos.

E.N.D.: Hace unos días, en algunos medios, se publicó que el Ibal estaba escondiendo algunos documentos y justamente después de los cuestionamientos, la empresa publica la licencia ambiental, ¿qué pudo ocurrir allí? 

J.A.G.: Ahí, sí fue un error y está en investigación porque cuando yo reviso esto, la licencia es de 1997 y les pregunto ¿por qué no subieron la licencia?, y me dicen ‘ay, doctor, es que fue un error’. 

E.N.D.: Ingeniero, otra de las sensaciones que deja el señor Eduardo Bejarano es que este es un proyecto faraónico el que se está construyendo, pero que el caudal del Cocora ha disminuido y la inversión podría generar un detrimento...

J.A.G.: La concesión está vigente, es una concesión por 20 años, se volvió a actualizar en 2007 por lo tanto la concesión está vigente hasta 2027. ¿Cuál es la ventaja de tener la bocatoma Cocora?, que tiene un caudal estable, firme, superior al río Combeima. El río Cocora en promedio tiene 3200 litros/seg, y en la peor época ha disminuido como a mil 200 l/s. Nosotros tenemos una concesión de mil nueve, pero ahora tan solo vamos a utilizar 800 litros, puedo utilizar si quiero 600 l/seg, porque los acueductos se diseñan para el tope máximo de 25 años.

La ciudad, para este proyecto, solo necesita 800 litros, los tiene la quebrada sin ningún problema. ¿Qué es lo que no se entiende?, y respeto las posiciones de las personas, siempre que sean con argumentos. Acá hay unas enormes falacias que se dicen por desconocimiento. El caudal es firme, es constante y se da a través de una resolución. Si Cortolima hubiera informado que el río disminuyó, ya había expedido una resolución.

E.N.D.: ¿El Ibal debe hacer la solicitud o a motu propio la CAR lo debe hacer?

J.A.G.:  Cortolima, en sus competencias, todos los años revisa el caudal de las quebradas. El Ibal tan solo tiene una concesión. Nosotros no tenemos problema, porque no vamos a necesitar los mil 200 l/seg., de una vez, su periodo de diseño es a 25 años y los puede transportar la tubería.

¿Contrato chaleco?

E.N.D.: En la licitación, otro de los señalamientos es que se estaría restringiendo la pluralidad de oferentes. Y la pregunta es si en el Tolima no existen personas con la capacidad para ejecutar este proyecto.

J.A.G.: La empresa ha licitado más de 100 procesos y si usted revisa los pliegos, todos son iguales. Cuando yo llegué a este cargo, el señor Alcalde me dijo: ‘Abra las licitaciones’ y eso fue lo que hice. Antes, la experiencia específica y general que se pedía era haber construido en los últimos cinco años tal cosa y si usted no había tenido contratos en los últimos cinco años, pues no podía participar.

Si mira los todos los procesos que hemos abierto, abrimos los pliegos y en casi todas las invitaciones se nos presentan 16, 18 o 26 oferentes en proyectos pequeños y grandes. 

E.N.D.: Pero algunas personas afirman que pedir contratos ejecutados por igual o superior al valor de la obra estaría direccionando el proceso, o si solo se pide experiencia en instalación de tubería para acueducto...

J.A.G.: Cuando usted exige que se tenga experiencia específica en este tipo de proyectos, es para garantizar que el proyecto se termine, es decir, que no vaya a haber un ‘Chatarrero’. No vamos a tener personas que no tienen la experiencia y que por presentarse cualquiera, cuando vayamos en el primer tercio de la obra, nos toque liquidar porque el contratista no tenía ni la capacidad, la experiencia y la condición financiera y técnica para desarrollar el proyecto. Qué hemos hecho, abrir el proceso conforme a las observaciones que han hecho los oferentes.

Ahora, se exige en lugar de una retroexcavadora cuatro, pero es porque voy a tener cuatro frentes de trabajo para poder terminar el proyecto en un año. No se exige un residente, sino cuatro, porque voy a tener cuatro frentes de obra. Se exige que se tenga experiencia en contratos de $27 mil millones, es porque eso vale el proyecto. Se exige que tenga experiencia e instalación de tubería de 36’’, porque es la tubería que se va a instalar. Si usted va a construir un puente, no va a exigir como experiencia  la construcción de edificios. 

E.N.D.: Se ha dado a entender que la salida de algunos funcionarios fue porque serían un obstáculo para adjudicar el proceso transparentemente. ¿Cuál fue el motivo?

J.A.G.: Lo primero que hay que aclarar es que aquí nadie se va porque haga estorbo, no estamos haciendo cosas irregulares, es potestativo de cada funcionario presentar su renuncia.

Si ustedes revisan el estudio de necesidad,  lo firma el funcionario que se retiró voluntariamente el viernes de la semana pasada. Y el Secretario General se retiró antes del inicio de la Ley de Garantías, porque había presentado su carta de renuncia un mes atrás. Ninguno de los dos se fue porque fueran estorbos dentro del proceso, es falso: se da por la condición de todos los cambios que hay en una administración y hay que mirar que antes de la Ley de Garantías, también hubo muchos cambios en la Alcaldía.

Digamos que son meras coincidencias, porque la empresa también ha hecho movimientos en función de su reestructuración y eso coincidió, que coincidió con la licitación  es una circunstancia simplemente aleatoria del proceso.   
 
E.N.D.: La Procuraduría ha hecho eco de esas inquietudes y ha oficiado al Ibal. ¿Puede estar tranquila?

J.A.G.: Claro y algo que me ha caracterizado con la doctora Ligia Aguilar es que siempre la he atendido y le ha dado respuesta a lo que me ha solicitado. La Procuraduría ha solicitado que demos respuesta a todas las observaciones, así sean extemporáneas y lo hemos hecho, si hay una observación extemporánea que amerite cambio al pliego, lo hemos hecho.  Y también nos envió otro oficio en función a los permisos que consideraba que no estaban a raíz de esta información errada. En este momento la licencia ambiental nos permite ejecutar el proyecto, más todos los permisos que hemos venido tramitando en Cortolima.
   
E.N.D.: ¿Cuántos permisos están tramitando?

J.A.G: Los permisos que establece la ley 1076. Si usted va a pasar por un cuerpo de agua, se establece que hay que sacar un permiso adicional aunque la licencia me ampara. Desde 2014 la entidad ha venido gestionando los permisos, a mí me correspondieron otros permisos. Por ejemplo, en fase I hay un paso subfluvial que iba a pasar por debajo del río. Resulta que Findeter, con el que contratamos el año pasado, nos dijo que revisáramos el proyecto y se concluyó que para no afectar el río Cocora, no se hará por debajo, sino a través de un viaducto y sobre el mismo, un puente para operar la bocatoma. Entonces, está la licencia pero requerimos de un nuevo permiso.

E.N.D.: Se ha cuestionando el cambio de diseños del contratista en la fase I...

J.A.G.: Ese fue el primer requisito del Ministerio de Vivienda y de Findeter, como el contrato estaba siniestrado no sabíamos qué habían dejado. Entonces lo primero que pidió Findeter fue revisar el proyecto metro a metro. El proyecto en su concepción no cambia, cambian esos pasos que menciono para mejorar el proyecto, pero el trazado nuevo y el trazado antiguo son los mismos. Lo que pasa es que si llego al río, ya no voy a pasar por debajo, sino por encima.

E.N.D.: Pero suben los costo de la obra...

J.A.G.: Claro, suben los  costos que estaban previstos inicialmente en el proyecto nuestro. Todos los proyectos pueden ser susceptibles a que valgan más. 

E.N.D.: ¿Y de cuánto sería ese incremento?

J.A.G.: Más o menos de un 30% en ese paso subfluvial, y eso está contemplado dentro del contrato de los $11 mil 800 millones. Pero hay que ser claros, no me gusta decir mentiras, el proyecto puede valer más. Sí, puede valer menos, sí, regularmente todos los proyectos cuestan más, por eso la ley permite adiciones de hasta el 50% y es legal.

¿Qué es lo que hacemos?: optimizar el recurso, hemos buscado que el proyecto se optimice para que no nos cueste más de lo previsto, pero cuando uno recorre la vía no está fallando la tubería, sino la banca. Hay cuatro puntos donde la vía se va a ir y se le van a pasar a la Secretaría de Infraestructura para que haga las obras. ¿Qué hicimos responsablemente con Findeter?: revisar toda la banca, no va dentro del proyecto, pero dentro de la consultoría se hizo la revisión.  

E.N.D.: ¿Pero Findeter ya tiene estimado cuánto va a ser el incremento? 

J.A.G.: Sí, pero eso lo socializamos el martes, porque ellos incluyeron siete puntos de arreglo de la vía, eso no tiene nada que ver con el acueducto, es como un plus que entrega Findeter al Municipio y le dice: ‘aquí quedan todos los diseños y ustedes pueden ejecutarlos cuando tengan los recursos’.

Estos siete puntos podrían tener un costo entre 15 o 20 mil millones más, pero no son del alcance de este proyecto. Este es un proyecto que requiere de la estabilización de taludes, pero insisto, no tiene nada que ver con el acueducto complementario. Es el arreglo de la vía y de la infraestructura vial, no solo hasta la bocatoma, sino para tener comunicación con Laureles y Dantas.

E.N.D.: Se ha llegado a comparar la fase I con el contrato de Acualterno, se habla de adiciones y eso  mismo pidió en su momento el contratista...

J.A.G.: La semejanza hay que saberla hacer. El costo de los $18 mil millones incluía, por ejemplo, un túnel embovedado que en el presupuesto de Aculaterno, vale el doble que el que vamos a hacer ahora. Lo que hemos hecho es revisar que los costos correspondan a la realidad. Los proyectos que ellos habían presentado tenían tres puntos álgidos, pero nosotros vamos a hacer nueve, por muchísimo menos dinero. Entonces cuando usted compara lo que iban a hacer ellos, vamos a hacer mucho más y por menos dinero. Los dos pasos subfluviales a nosotros nos van a costar más plata, pero con menor afectación ambiental y si usted suma la totalidad del proyecto, es cinco mil millones de pesos más barato que lo que ellos iban a hacer.  

E.N.D.:  Para la fase II se cuentan con recursos ante una adición...

J.A.G.: Claro que sí, pero no sé de cuánto porque la valoración inicia después de la adjudicación. Vamos a hacer un localización y replanteo con el ganador, que es lo que me establece la norma junto con la topografía del Ibal; pero el proyecto está muy ajustado a la realidad. 

¿Cuál es el problema?, que tenemos unas servidumbres, pero sobre esas pueden aparecer mejoras. Habrá modificaciones, esperamos que sean muy leves y tendremos que dejar previsto dentro de nuestro presupuesto, que si hay alguna obra nueva, tenemos que atenderla.

E.N.D.: ¿La Fase II está en regla en cuanto a las servidumbres?

J.A.G.: El Alcalde anterior, a través de la resolución 0519, delegó al señor Gerente del Ibal para imponer la utilidad de interés pública de los proyectos. Este proyecto tiene esa declaratoria, por lo tanto se hace o se hace, es decir, todo lo que aparezca en el camino está inmerso en la resolución de utilidad pública. El proyecto está blindado por todos los lados. 

Línea de conducción 

E.N.D.: Se ha cuestionado que cuando salieron el Secretario General y el Director de Planeación del Ibal, usted llamó a María Victoria Bobadilla y la puso frente al tema, máxime cuando fue ella quien adelantó el proceso de la polémica compra de la tubería en su anterior gerencia...

J.A.G.:  Aquí hay un enorme problema y es que en Ibagué la gente no es propositiva, yo creo se debe empezar a pasar la página. Ni la doctora Bobadilla ni yo, hemos sidos investigados ni sancionados por eso. Todo se queda en conjeturas.

¿Que por qué esa persona esta allá?, está acá, porque es una persona honorable. Además, jamás he sido sancionado por la compra de esa tubería que se dio en diciembre de2009. Al proceso asistió la Procuraduría General y se hizo por subasta pública. La empresa se ahorró $2 mil 100 millones, yo me pregunto ¿dónde está el detrimento o la mala elaboración del proceso?

E.N.D.: Otro asunto que preocupa es el cierre de American Pipe y  los accesorios de la línea de conducción. ¿Los costos están incluidos dentro de los contratos de fase I y II? 

J.A.G.: Claro, dentro de las fases I y II están incluidos los accesorios y mire que hoy la historia me da la razón y no a quienes criticaron el proyecto en esa época. Si nosotros hubiéramos comprado los accesorios, se hubieran perdido y sería un detrimento para la institución.  

Nosotros ya hicimos un inventario de la tubería y de los accesorios. Los accesorios están incluidos dentro de los proyectos y se van a fabricar a menor costo. Y quiero resaltar que la gente sataniza que se compraron los tubos, pero no se preguntan ¿por qué el proyecto no continuó? Yo he sido muy juicioso en los cargos públicos y proyecto que me ponen lo saco adelante. El proyecto no siguió porque a mí me suspendieron, me echaron del cargo, me declararon insubsistente y me botaron. El que me sucedió debió continuarlo. Hay que preguntarse ¿por qué, los que me sucedieron a mí, no continuaron el proyecto, por qué fueron ineficientes e incompetentes y no desarrollaron el proyecto?

Credito
EL NUEVO DÍA

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