Fue hundido ayer en el Concejo el proyecto de acuerdo que contemplaba ampliar hasta julio el plazo para el pago del impuesto de Industria y Comercio a los profesionales independientes. Así mismo, que exoneraba a quienes devengaran menos de 70 salarios mínimos legales vigentes anuales para 2017.

Sorpresivamente quienes impidieron que la iniciativa pasara a sanción del Ejecutivo fueron las mayorías, las cuales han respaldado casi todos los proyecto del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.

Los concejales de la oposición Carlos Andrés Portela, Jorge Bolívar y Humberto Quintero avalaron el proyecto de acuerdo.

“Si se hunde el proyecto de ‘ipso facto’ estamos sometiendo a los ibaguereños que tenían que cancelar ese tributo a hacerse acreedores a una sanción. Yo he estado en contra de la administración en muchas posiciones, pero veo que la Administración quería sacar adelante este proyecto y que lograba quitar la sanción a esos contribuyentes, que lograba exonerarlos de intereses por la mora y exoneraba a gran número de personas que ganaban menos de 70 smmlv. Si se hunde este proyecto se está afectando a los ibaguereños”, dijo el concejal Bolívar, al argumentar su voto positivo a la iniciativa.

El concejal Carlos Andrés Portela apeló que no se trataba de calificar quien hacía o no oposición al Gobierno, sino de “tomar decisiones en beneficio de los ciudadanos”

¿Por qué se hundió?

La concejal Linda Esperanza Perdomo, ponente del proyecto, votó negativo. De acuerdo con los argumentos expuestos, el Municipio debe modificar el estatuto tributario para entregar a los contribuyentes una exoneración, ampliar plazos y fijar las condiciones para el pago del tributo. Hacerlo de la manera como fue presentada por la Administración hubiera sido “ilegal”.

Así mismo, Perdomo argumentó que la ley 1819 otorgaba a los municipios, a partir de entrada en vigencia de la norma, un año para verificar sus estatutos tributarios y en tal sentido establecer las tarifas y efectuar las modificaciones correspondientes para aplicar lo dispuesto en esta.

“Aquí reitero mi posición que ni siquiera este proyecto debió habérsele dado trámite, porque es un proyecto que no tiene asidero jurídico y una génesis que le permita existir, porque lo primero que hay que hacer es modificar el estatuto tributario para poder ajustarnos a lo que dispone la ley 1819 y ese no es problema de nosotros, porque usted, Secretario de Hacienda, tenía un año, un año le daba la ley, hasta septiembre de 2017, para que presentara la modificación del estatuto tributario e incluyera las nuevas disposiciones que la ley establece”, expuso la concejal Perdomo.

Otro aspecto que llevó a otros concejales como Juan Ávila, perteneciente al partido Mais, y por el cual fue electo el alcalde Jaramillo, a no avalar el proyecto, fue que la ponencia no fue firmada por el Secretario de Hacienda, es decir, no había concertación con el Concejo.

Según Ávila, lo anterior hacía que la iniciativa presentara un vicio de legalidad, puesto que el proyecto original que contemplaba la exoneración a las personas naturales que devengaran menor a 60 smmlv anuales, fue modificado a 70 salarios mínimos, lo que conllevó a que la Administración no avalara la proposición.

¿Hay que pagar?

De acuerdo con la tesis de la concejal Linda Perdomo y que fue respaldada por 11 cabildantes en el recinto, el impuesto de 2017 no podría ser cobrado, puesto que el Municipio no modificó el estatuto tributario y se ha mantenido así desde 2004.

“Decir que si los concejales no aprobamos este acuerdo, la gente va a entrar en mora es falso, porque usted no puede entrar en mora de algo que no se puede cobrar.

“Y usted no puede cobrar ese impuesto, porque para que como Municipio lo pueda hacer tiene que modificar el estatuto tributario. Y eso hay que dejárselo claro a la gente”, insistió la cabildante.

También, reiteró que de todas maneras si el proyecto hubiera sido aprobado, las personas ya estarían en mora, porque el acuerdo no tiene una disposición legal de retroactividad y el plazo para declarar venció el pasado 28 de marzo.

“Todos están obligados a declarar y a pagar”

El secretario de Hacienda, Juan Espinosa, recalcó que para efectos de la Administración municipal y de la Dirección de Rentas, todos están obligados a declarar y pagar el tributo con la sanción por extemporaneidad al no ser aprobado el proyecto.

“Los plazos eran para la declaración, la declaración se venció el 28 de marzo, queríamos ampliarlo hasta el último día de julio, pero como no se aprobó, pues todos los que tenían que declarar en marzo y no declararon, en este momento ya están incurriendo en una extemporaneidad. ¿Cuál es el efecto de esto?, lo dice el estatuto tributario municipal: las personas por sanción de extemporaneidad no pueden pagar más del 100% del tributo. Es decir, si una persona tiene que pagar 100 mil pesos de Ica y se demora más de 20 meses en declarar, a partir del mes 20 la sanción es la misma que son los mismos 100 mil pesos que tenía que pagar de impuesto, pagaría 100 mil pesos por extemporaneidad y 100 mil pesos de impuesto”, recalcó.

Al cuestionarlo por qué no presentó la modificación del estatuto en 2017 para exonerar a los contribuyentes como se contemplaba en el proyecto, Espinosa alegó: “porque es que nosotros estamos en la posición de que a partir del 1 de 2017 todos estaban gravados y estábamos conformes de que todos estuvieran gravados, por eso cuando solicitaron la exoneración del 100% decimos que no, porque estos profesionales, técnicos, tecnólogos que devengan ingresos de actividades que desarrollan en el municipio deben aportar”.

¿La ruptura de la Unidad?

Los concejales Luis Alberto Lozano, Carlos Andrés Castro y Oswaldo Rubio, se apartaron de la mayorías y votaron a favor del proyecto.

“Es la primera vez que voto positivo algo tan negativo y que viene siendo peor si no se vota. Imagínese, sería peor para los contribuyentes”, dijo el concejal Castro.

Rubio alegó que no había unidad de criterio y bajo el mismo argumento que el concejal Portela, expresó que lo que se quería era el bien para los ciudadanos.

Entre tanto, Lozano quien dijo que había faltado más diálogo entre la Administración y la corporación, no halló causal de ilegalidad en la ponencia.

No obstante Linda Perdomo, ironizó con la forma de votar de los opositores a la administración a sabiendas que “esto es ilegal”.

“Gracioso ver hoy cómo manipulan al público y ahora los malos somos los concejales que nos atrevemos a advertir que vamos a cometer una ilegalidad. No, no puede ser, ahora los que eran enemigos son amigos, qué curioso”, comentó.